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VICE World News

Tensión en Guatemala por el inminente cierre de una mina de oro explotada por EEUU

Dan Kappes es el presidente de una controvertida compañía minera que explota oro en Guatemala. Según él, el pacífico grupo de resistencia a su proyecto, llamado La Puya, es 'indeseable' y está 'manipulado' por rebeldes.
Imagen por Giles Clarke

Una corporación minera transnacional se resiste a obedecer la orden judicial de cerrar una mina de oro en Guatemala. La compañía, de origen estadounidense, asegura que su controvertido proyecto ya está completado y operativo.

Las comunidades rurales guatemaltecas, de naturaleza proverbialmente tranquila, y cuyos dominios se extienden a una hora de las ajetreadas calles de Ciudad de Guatemala, obtuvieron una histórica victoria el mes pasado contra la compañía estadounidense. Desde 2012, un movimiento pacífico de resistencia conocido como La Puya ha protestado la llegada de la mina de oro promovida por la firma estadounidense Kappes, Cassiday y Asociados (KCA), y de su sucursal local, EXMINGUA.

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Un juez de una sala de apelación guatemalteca ordenó el día 15 de julio la suspensión de toda construcción en la excavación del gigante empresarial, a la que se conoce alternativamente como Progreso VII o El Tambor. A ambas compañías se les concedió hasta el 30 de julio para acatar la sentencia y dejar la zona. Sin embargo, las compañías recurrieron la decisión el día después, el 16 de julio.

Y el pasado viernes, el último día que tenían para abandonar las instalaciones, la empresa estadounidense continuó trabajando sobre el terreno.

"La compañía rechaza acatar la decisión del tribunal y las órdenes municipales que la instan a que abandone la construcción", declaró a VICE News Antonio Reyes, uno de los miembros de La Puya.

Las tensiones entre la firma y la comunidad vienen de lejos. Esta semana, se recrudecieron con la llegada de más material de construcción hasta el lugar de la obra. A primera hora del lunes las unidades anti disturbios de la policía nacional guatemalteca fueron destinadas a la zona para proteger los materiales para la construcción.

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'Comunidad en resistencia', se lee en la pancarta del asentamiento de La Puya. (Foto vía Giles Clarke)

Sin embargo, en una entrevista con VICE News, Dan Kappes, presidente de Kappes, Cassiday y Asociados dijo que la orden judicial era irrelevante porque la infraestructura levantada en la mina ya ha sido completada y que la mina ya está operativa.

"El permiso de construcción es un tema conflictivo", declaró Kappes a VICE News. "La construcción terminó en 2014".

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Kappes confirmó que la mina ya funciona extrayendo oro, pero que sigue haciéndolo de una manera limitada por culpa del bloquea permanente al que ha sometido La Puya a la entrada de la mina. Kappes no dijo cuanto oro había sido extraído hasta la fecha.

"Hemos tenido problemas en la entrada principal. Los manifestantes han impedido el suministro de materiales", dijo Kappes a VICE News. "Me imagino que los manifestantes se creen que si son suficientemente testarudos, la mina desaparecerá".

'Imagino que los manifestantes se creen que si son suficientemente testarudos, la mina desaparecerá'.

Kappes también reiteró el argumento del abogado de KCA, según el cual la obra habría sido consultada y aprobada por las comunidades. "Fuimos a visitar a las comunidades y les mostramos el modelo de mina que íbamos a construir", declaró Kappes a VICE News.

Sin embargo, en la sentencia judicial, el juez considera que tal no puede ser considerada una consulta "de buena fe"

La Puya, sublevada

La mina de El Tambor fue el epicentro de la lucha campesina desde 2012, momento en que las comunidades se organizaron alrededor de La Puya, empujadas por lo que los vecinos aseguraban que era una amenaza para su medio ambiente.

La decisión del juez se produjo después de que se descubrieran evidencias de que la operación era ilegal, puesto que la empresa estadounidense no recibió en ningún momento ni los permisos ni la autorización del consejo municipal de San Pedro de Ayampuc.

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La firma minera no ha mostrado la menor intención de acatar ninguna de las órdenes judiciales guatemaltecas. La empresa no ha dejado de intentar entrar a la fuerza a la mina, para introducir más maquinaria y continuar con el proyecto. Y en cada intento ha habido tensos enfrentamientos con La Puya.

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El movimiento ha desatado varios enfrentamientos con la policía de Guatemala. (Foto de Jeff Abbott).

El grupo La Puya se mantiene pertrechado en la entrada de la mina 24 horas al día.

El acampamiento arrancó poco después de que Yolanda Oqueli, vecina del municipio de San José del Golfo, descubrió el envío de material de construcción a la mina en marzo de 2012. Oqueli decidió entonces bloquear la entrada con su coche.

Desde entonces la resistencia se ha enfrentado a las amenazas y la intimidación de la compañía minera y a la represión policial.

Las tensiones alcanzaron un punto culminante en mayo de 2014, cuando los miembros del movimiento fueron violentamente desalojados de su campamento por efectivos de la policía nacional de Guatemala. Estos habían sido destinados por el ministerio del Interior con el objetivo de asegurar que el equipamiento para la construcción pudiera entrar en la mina.

'Esta lucha no ha terminado'.

Las comunidades presentaron primero una queja contra la firma estadounidense en octubre de 2014. En ella acusaban al consejo municipal del gobierno de San Pedro Ayampuc de fracasar a la hora de detener la construcción y de fracasar en la defensa de los intereses de la comunidad.

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"Esto es una confirmación de que la gente tiene derecho a protestar pacíficamente", declaró Reyes a VICE News en los días posteriores al fallo del tribunal del mes pasado. "Esto también nos confirma que hay buena gente en el sistema judicial de Guatemala. […] Sin embargo, esta lucha no ha terminado".

Kappes y su firma, KCA, han esgrimido que están facilitando el "desarrollo" de la comunidad. Y han asegurado que los que protestan lo hacen manipulados por influencias externas, como las de los abogados del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y por el grupo de activistas Madre Selva. Para ellos, el criticismo de la mina no proviene de la opinión de los vecinos.

"La resistencia no procede de los habitantes", declaró Kappes a VICE News. "Los hay que se han sumado a la resistencia, pero lo hacen porque están siendo manipulados por influencias externas".

Lo que sí es cierto es que el crecimiento de La Puya es el producto de la preocupación de las comunidades locales para con la mina. El movimiento empezó en los años previos al acampamiento en la entrada de 2012. Muchos se han sumado al movimiento por su fe católica y por sus preocupaciones sobre el impacto ambiental que esta forma de desarrollo tiene en su tierras.

"Dicen que van a traer el desarrollo a nuestras comunidades", declaró a VICE News Cristóbal Díaz, un campesino de la comunidad vecina de San José del Golfo. "Pero esos proyectos solo benefician a un pequeño grupo de personas, los inversores. No representa desarrollo para nosotros. Ahora nuestra agua está polucionada y nos quieren arrebatar nuestra tierras y nuestra comunidad está dividida".

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Los niños juegan a una piñata que pretende reproducir el proyecto de El Tambor (Imagen por Jeff Abbott).

Los claroscuros que hay detrás de la operación de la compañía minera se suman a una serie de escándalos de corrupción declarados en Guatemala desde el mes de abril. Demasiado a menudo sucede que las multinacionales contribuyen a la cultura de la corrupción ya sea ignorando las leyes o acudiendo al tráfico de influencias, que les conecta enseguida con la cúpula del gobierno.

Varios funcionarios del gobierno fueron obligados a renunciar después de que un escándalo de corrupción nacional se hiciera público. Uno de las afectados fue Erick Archila, antiguo ministro de Energía y Minería. Su viceministro le relevó en el cargo. Sin embargo, no tardó en ser arrestado por cargos de conspiración, tráfico de influencias y lavado de dinero.

'Producirá agua contaminada'.

Las comunidades que resisten en La Puya han denunciado la corrupción en la concesión de los permisos de explotación para la construcción de la mina de El Tambor, desde el principio. Se refieren a un informe sobre el impacto medioambiental que se pronuncia de manera favorable a la mina. Claro que el experto en minas Rob Moran se refirió al mismo como "lo peor" que ha visto en 42 años analizando informes de impacto medioambiental para minas.

"El informe de impacto medioambiental era insultante a nivel intelectual. Y lo era tanto para los legisladores como para el público", señaló a VICE News Moran, hidrólogo y geoquímico estadounidense, que tiene más de 40 años de experiencia en el sector minero.

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Si quieres demostrar que no va a existir un impacto en el agua [de las empresas mineras] tienes que perforar algo, ensayar y obtener muestras para probarlo. No he visto nada significativo a ese nivel en este informe" comentó. "Además se puede deducir muy claramente de los datos sobre el tipo de piedra que publicaron, que van a producir ácido; y que la mina producirá, también, agua contaminada".

Kappes defendió el informe: "Moran siempre dice lo mismo de cada proyecto minero del que habla", señaló.

Para Moran, la lucha por El Tambor es un síntoma de un cambio global que se está produciendo en la extracción de recursos en países en desarrollo, que consiste en hacer preguntas a posteriori.

"La regulación climática es cada vez más frágil por todo el mundo, en especial ahora que se impulsa la globalización", señaló Moran a VICE News. "Todo el mundo está compitiendo con el mínimo común denominador cuando se trata de regulación".

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Sigue a Jeff Abbott en Twitter: @palabrasdeabajo