Enterrados vivos: 41 bis, el régimen carcelario más duro de Italia

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Sufría de diabetes, insuficiencia renal, problemas cardíacos, le habían detectado un cáncer de pulmón que ya medía 7 centímetros de masa y una metástasis hepática.

Feliciano Mallardo, condenado en primera instancia a 24 años de prisión por extorsión agravada y asociación con la Camorra, murió en mayo de 2015 sometido a las duras condiciones que establece el artículo 41-bis — un severo régimen carcelario instaurado para forzar la confesión de exmafiosos detenidos y evitar su comunicación con los grupos criminales —, en la celda de la prisión del hospital San Salvatore en l'Aquila, enclavada en el centro geográfico de Italia.

Su esposa e hijos lo habían visto por última vez veinte días antes, a través de un vidrio, sin posibilidad de contacto físico. Habían pedido una última entrevista extraordinaria, sin barreras; solicitud que fue considerada razonable por la corte de Nápoles, dada la salud del preso y su más que predecible "muerte repentina". Pero la autorización necesaria del Departamento de Administración Penitenciaria nunca llegó.

Un mes antes, otro detenido llamado Palmerino Gargiulo se suicidó en Cuneo, Piamonte. El hombre, de 55 años de edad — que tenía antecedentes por haberse autolesionado — fue encontrado ahorcado en su celda por los guardias de la prisión. Usó los cordones y las sábanas para fabricar su horca.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Permanente de Muertes en Cárceles, la tasa de suicidio entre los presos bajo el régimen del artículo 41-bis es 3,5 veces más alta que el resto de la población penal.

Para ser claros, en Italia un preso puede morir a causa del 41-bis, aislado en un régimen penitenciario especial que, entre otras restricciones, consiste en un aislamiento de 22 horas al día; la sola posibilidad de entrevistarse una vez al mes con un miembro de su familia durante un tiempo máximo de una hora y a través de un vidrio divisor; la prohibición de recibir libros y "cualquier otro tipo de documentos" del exterior; y una estricta limitación de las relaciones con otros internos.

De acuerdo con varias asociaciones que defienden los derechos de los detenidos, estas restricciones no siempre reflejan la necesidad de evitar el contacto entre los presos y los grupos criminales, sino que, muchas veces, están en el umbral del acoso y el hostigamiento deliberado.

Los orígenes

Este régimen especial nació en la espiral de violencia causada por las matanzas de la mafia italiana en 1992. Solamente rememorando ese sangriento período se puede entender por qué — tras 24 años — este artículo no sólo sigue vigente, sino que regula la vida de 729 reclusos. Más de una cuarta parte de ellos en prisión preventiva, 161 reclusos con una condena de entre 10 y 20 años de cárcel, y 29, varios octogenarios, con penas mayores a 20 años.

El 19 de de julio de 1992, una bomba explotó en Via D'Amelio en Palermo, matando al juez Paolo Borsellino y cinco guardaespaldas. Tan solo un día después de la matanza, el entonces ministro de Justicia Claudio Martelli decidió firmar las primeras medidas del 41-bis.

El estado quería demostrar mano dura contra la mafia; así, en plena noche noche, 55 detenidos — y 532 más adheridos al régimen especial en los días siguientes — fueron trasladados de la cárcel dell'Ucciardone en Palermo a la isla de Pianosa.

La decisión del Ministro Martelli se apoyaba en un texto ya vigente heredero de otro sangriento atentado bomba ocurrido el 23 de mayo de 1992, que acabó con la vida del juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca, y tres escoltas.

La norma — impulsada por Falcone y que no se había aplicado a causa de su extrema rigidez — fue "desbloqueada" tras la matanza de Via D'Amelio.

Desde entonces, el Ministro de Justicia en funciones puede suspender, en caso de "graves razones de seguridad pública," las salvaguardias normales de los detenidos. El objetivo formal es impedir la circulación de órdenes u otro tipo de comunicaciones o mensajes entre los criminales en prisión y las organizaciones a las que pertenecen o reportan en su territorio.

El funcionamiento del régimen especial

Inspirado en la detención especial antiterrorista abolida en 1986, y lanzado como una medida temporal, el 41-bis se fue prorrogando hasta 2002, cuando la ley 279 le dio carácter permanente en el sistema penitenciario.

De acuerdo con las últimas modificaciones del 2009, el Ministro de Justicia — después de consultar a los tribunales antimafia — puede disponer esta pena de prisión para cualquier detenido acusado de delitos relacionados con el crimen organizado mediante un primer decreto durante un período de cuatro años, renovable — de forma indefinida — cada dos años.

Con el tiempo, el número de detenidos bajo el 41-bis aumentó — de 543 en 1993 a 729, incluyendo siete mujeres, en diciembre de 2015 —. Estos presos están ubicados en 13 centros penitenciarios del centro y el norte de Italia y en la isla de Cerdeña. Se trata principalmente de personas acusadas o condenadas por asociación criminal, pero también los hay condenados por actos de terrorismo de tinte político — alrededor del 20 por ciento del total.

La posible apelación de un preso contra el régimen 41-bis está sujeta a un examen exclusivo del Tribunal Testamentario de Roma, que, sin embargo, muy raramente da trámite a estas reclamaciones. Según algunos observadores, este tribunal constituye el mecanismo más duro y el que recibe más críticas por no contradecir los decretos de extensión dictados por el Ministerio de Justicia.

De hecho, según establece el Tribunal Constitucional, para renovar la permanencia del detenido en este régimen de reclusión deben aportarse razones "vigentes" que lo justifiquen.

Sin embargo, asegura a VICE News Carlo Fiorio, abogado y profesor de Procedimiento Penal de la Universidad de Perugia, "en la práctica, las razones [que se aportan para extender este régimen son las mismas] son estereotipadas, casi un copiar y pegar del decreto anterior. A menudo, ni siquiera toman en cuenta hechos que demuestran que la relación entre el prisionero y el grupo criminal ya no existe o, ni siquiera, es posible".

El caso Provenzano

Para muchos, un ejemplo en este sentido es el de Bernardo Provenzano, encarcelado bajo el 41-bis desde que fue detenido en 2006, después de 43 años de carrera. Hoy, este jefe tiene 83 años y lleva más de dos internado en una habitación del Hospital de Máxima Seguridad San Paolo en Milán.

En septiembre de 2015, el jefe del departamento describió así el estado de salud del detenido: "Totalmente dependiente para cada acto de la vida diaria, portador de múltiples patologías crónicas, portador de una sonda en la vesícula permanente, la alimentación espontánea es imposible excepto a través de la nutrición enteral [tubo nasoyeyunal]".

Un diagnóstico recientemente ampliado: "Grave deterioro cognitivo, síndrome extrapiramidal, resultado de una hemorragia cerebral. El habla espontánea, cuando está presente, es de tipo confabulante y absolutamente incomprensible".

A pesar de la opinión de estos expertos — y la de la propia fiscalía de Caltanissetta y Florencia — contraria a la renovación del 41-bis en el caso de Provenzano, en marzo de este año, el ministro Andrea Orlando extendió el plazo de prisión para el excapo, considerado todavía capaz de "mantener contactos con miembros libres de la organización" a la que pertenece.

En este caso, muchos juristas se oponen al draconiano régimen de cárcel, y han criticado que se aplique el artículo 41-bis a una persona en un estado de semiconsciencia — razón por la que, sin embargo, la situación jurídica de Provenzano fue suspendida en varios procesos en los que se encuentra imputado.

Por otra parte, dado su carácter de emergencia, la facultad de aplicar el 41-bis pertenece al Ministro de Justicia, es decir, al Ejecutivo. En otras palabras, un político, cuyas elecciones están, por definición, sujetas al juicio y consentimiento de los electores.

Alguien podría preguntarse ¿qué personaje o grupo político podría asumir ahora la responsabilidad de estar asociado con la revocación de reclusión de un jefe de la Cosa Nostra, aunque esté enfermo?. "En este sentido", responde Fiorio, "sería deseable que la decisión de someter a un detenido a la prisión esté en las manos del poder judicial y no de la política. Además, así no se contaminaría el principio democrático de la separación de poderes".

Las negociaciones

Para comprender, al menos en parte, la intransigencia que puede suponer el 41-bis resulta esclarecedor repasar los acontecimientos relacionados con este régimen desde 1992.

Desde el inicio de su aplicación y hasta octubre de 1993, los ataques de la Cosa Nostra se recrudecieron. Por primera vez, la mafia siciliana atacó al Estado y afectó a los ciudadanos indefensos con detonaciones de bombas en Milán, Florencia y Roma, causando diez muertos y casi 100 heridos.

En medio de aquel clima, en febrero de 1993, las familias de los presos del régimen especial escribieron al presidente Scalfaro una carta, con un tono más bien agresivo en contra de las condiciones de encarcelamiento del 41-bis. En noviembre de 1993, el ministro de Justicia, Giovanni Conso, quien había sucedido a Martelli, decidió no renovar este régimen especial a 334 reclusos.

Estos acontecimientos — junto con una misteriosa "misiva" que la Cosa Nostra dirigió a diversas instituciones — alimentó las sospechas sobre un presunto acuerdo entre el Estado y la organización mafiosa.

En una Comisión Parlamentaria Antimafia reunida en 2010, Conso negó haber llegado a ningún acuerdo con la Cosa Nostra y afirmó que decidió "en soledad" no extender el tiempo de detención de aquellos presos para "detener la amenaza de otras matanzas". El exministro murió en agosto pasado a los 93 años.

¿Es concebible que la naturaleza del 41-bis — que nació para responder a la emergencia causada por el terrorismo de la mafia — se utilice ahora [en un escenario totalmente diferente] inflexiblemente y, a menudo, de forma inhumana? "Creo que sí", responde el profesor Fiorio. "Está claro que algunos detenidos no deben entrar en contacto con el mundo exterior, pero, a menudo, esta pena de prisión se convierte en un icono, una suerte de un símbolo. Como ha sucedido en el caso de Provenzano".

Hoy, los opositores a que Provenzano continúe recluido bajo este régimen sigue siendo muy tenaces. Continúan militando por la causa, hacen huelgas de hambre, incluso los que también están en la cárcel.

El 2 de julio de 2002, durante una audiencia en Trapani, Leoluca Bagarella — hermano de Totò Riina, uno de los miembros de la mafia siciliana más famosos, leyó públicamente un escrito de protesta contra del 41-bis que algunos percibieron como una amenaza oculta hacia las instituciones.

En diciembre del mismo año, aficionados del club de fútbol Palermo mostraron una pancarta en el estadio de La Favorita durante el partido que enfrentó a su equipo con el Ascoli: "Unidos contra el 41-bis. Berlusconi olvida a Sicilia".

Pero ni las palabras de Bagarella, ni la pancarta sirvieron de nada.

Voces críticas contra el 41-bis

Desde su introducción, el artículo 41-bis ha sido objeto de críticas por parte de influyentes instituciones. En sus primeros meses y años de vida, los detenidos afectados fueron sometidos al régimen en las cárceles de Pianosa y Asinara, prisiones especiales que fueron cerradas definitivamente en 1998.

Fue entonces cuando las voces que clamaban contra la violencia que presuntamente se infringía a los detenidos — algunos de los cuales luego resultaron ser inocentes — se multiplicaron y algunas denuncias acabaron con una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que el gobierno italiano no había investigado adecuadamente los abusos.

Entre 2003 y 2013, como resultado de sus visitas periódicas a las cárceles italianas, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) definió el 41-bis como "altamente perjudicial para los derechos fundamentales de los detenidos" y con efectos "sobre el estado de las condiciones somáticas y mentales de algunos prisioneros".

En uno de sus informes, el CPT también criticó la "militarización" de las secciones especiales, la policía a la que se le confía la seguridad penitenciaria, llamada Grupo Operativo Móvil; la misma que estuvo a cargo, durante la cumbre del G8 en Génova en 2001, del cuartel-prisión de Bolzaneto donde se produjeron los episodios de represión ilegal contra manifestantes detenidos.

De acuerdo con el CPT también se ha utilizado el 41-bis como un instrumento para estimular el arrepentimiento vulnerando los convenios internacionales firmados por Italia y recogidos en la propia Constitución de la república. De hecho, en 2007, el juez estadounidense D.D. Sitgraves negó la extradición a Italia de Rosario Gambino, presunto jefe de la Cosa Nostra, detenido en California, después de que un agente del FBI le informara del uso de la reclusión para "obtener información".

El 41-bis también está relacionado con a una serie de prohibiciones relacionadas con la vida cotidiana, las cuales pueden variar dependiendo de la institución penitenciaria que las aplique. Entre ellas, la prohibición, de tener en la celda obras de artesanía, cuadros o carteles en las paredes o la limitación del número de libros y revistas que pueden tener los detenidos.

Todas estas restricciones fueron recogidas y publicadas en abril pasado en un informe de la Comisión de Derechos Humanos extraordinaria del Senado, que pretende suavizar este régimen carcelario.

"Cualquier discusión sobre el 41-bis debe partir de su objetivo de detener los lazos del detenido con la organización criminal", dice a VICE News Luigi Manconi, senador por el Partido Democrático y presidente de la Comisión de derechos humanos. "Todo lo que está más allá de este propósito es ilegal, y muchos detenidos del 41-bis están en condiciones de ilegalidad".

¿Tendrán estas denuncias consecuencias en el ámbito político? "Hoy en día, dado el clima de populismo penal, me temo que no", opina el senador Manconi. "Espero, sin embargo, que el ministro de Justicia puede iniciar una reflexión, al menos, de los abusos y excesos más evidentes".

Sigue a Gregorio Romeo en Twitter: @gregorioromeo

Sigue a VICE News En Español en Twitter:_ _@VICENewsEs

Imagen de cabecera por jmiller291 vía Flickr. Creative Commons — Imagen de redes sociales de la Policía de Estado, via Wikipedia