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49 horas de exterminio: Los Zetas arrasaron a un pueblo al buscar ‘traidores’ de la DEA

El cártel mexicano habría desaparecido a 300 personas en Allende, Coahuila, en marzo de 2011, porque tres de sus integrantes colaboraban con agentes antidrogas de Estados Unidos. Pero las investigaciones aún no revelan la magnitud de la masacre.
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Foto di Gabriel Nuncio/VICE.com

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Cerca de 60 sicarios de uno de los grupos más sanguinarios y temidos del país se dirigen a un rancho en un estado del norte del México. Son un comando de Los Zetas con armas largas a bordo de camionetas. Es viernes 18 de marzo de 2011, y los habitantes de Allende, Coahuila, están por vivir un fin de semana de terror. Decenas de ellos no vivirán para contarlo.

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Después de las 6:30 de la tarde, varios miembros del cártel derriban con una camioneta la puerta del rancho Los Garza. Sorprenden a quien se encuentra ahí. Cuatro mujeres y dos niños. Los miembros "de la última letra" —como también se les conoce— entran disparando en varias direcciones y deteniendo a todas las personas que encuentran a su paso.

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Durante las horas posteriores buscan en todos los rincones del pueblo a tres personas: Alfonso Cuéllar, alias 'El Poncho'; a Héctor Moreno, conocido como 'El Negro'; y a Luis Garza, 'La Güiche'.

Los tres forman parte del cártel, pero Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', y su hermano Omar Treviño Morales 'El Z-42', dos de los líderes más visibles de la organización criminal, famosos por encabezar las listas de objetivos prioritarios de captura del gobierno federal, desconfian de ellos.

Los Treviño sospechan que 'El Poncho', 'El Negro' y 'La Güiche' colaboran con las autoridades estadounidenses antidrogas, y que a éstas les entregan información y evidencias de operaciones sobre lavado de dinero a través de la comercialización de caballos pura sangre de José Treviño, hermano mayor de los mandos criminales.

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Por ello, los jefes de Los Zetas habían un operativo para capturar y asesinar a los supuestos traidores, pero la búsqueda del 18 de marzo terminará en un exterminio del que cinco años después no se tienen datos certeros.

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La información sobre los hechos se asienta en el informe En el Desamparo. Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011), presentado a medios de comunicación el día de ayer por El Colegio de México, auspiciado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el cual se basa en expedientes judiciales, informes de organizaciones de derechos humanos y testimonios de los involucrados en los casos.

Antes de llegar a Allende, los sicarios fueron instruidos para revisar todos los domicilios de la familia Galarza, para después ejecutarlos. Además se les ordenó a los 20 elementos de la policía municipal no patrullar el pueblo, ni atender los llamados de auxilio de la población. La órdenes fueron cumplidas.

Todo el fin de semana los tres "traidores" son buscados. Durante esas horas, Los Zetas toman el control del pueblo y esparecen el horror entre la población: saquen, vandalizan y queman 32 casas y dos ranchos. Varias personas —entre ellas integrantes de la familia Galarza— son capturadas. Los hacen caminar para después matarlos a todos aproximadamente el domingo a las 8 de la noche. El exterminio finaliza 49 horas después de haber llegado.

'Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos. Quedaba pura mantequilla'.

Las autoridades señalan que hubo 26 personas asesinadas, pero en el informe se les trata como desaparecidas ya que "aún cuando en el expediente se detallan las ejecuciones, los testimonios no deben de ser la única evidencia. Faltan más pruebas contundentes sobre su muerte". Sin embargo, en 2013, Héctor Moreno, 'El Negro', declaró en un juicio contra José Treviño que la cifra de desaparecidos en Allende podría ascender a 300 personas.

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Para esconder la evidencia, Los Zetas destruyen los cadáveres con dos métodos distintos en dos ranchos diferentes. En el rancho Los Galarza, los sicarios juntan los cuerpos en una bodega y terminan de matar a los heridos que aún se encontraban con vida, después arrojan gasolina por la bodega y en toda la casa. El incendió dura toda la noche "hasta que se cocinaron los cuerpos", dice el informe.

En el rancho Los Tres Hermanos la técnica cambia. Ahí hacen agujeros en los lados y en la parte inferior a los contenedores de lámina que disponen, y arrojan un cadáver por contenedor. Después, derraman diésel para prenderles fuego. "Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos. Quedaba pura mantequilla", señala el testimonio de uno de los victimarios. Después tiran los restos a un pozo.

Dos menores sobrevivien ese fin de semana. Una niña de cinco años y un niño de tres. Son entregados por una policía que trabaja para el cártel a una casa hogar de la región. Ahora los dos menores viven con familiares que pudieron recogerlos.

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Los tres buscados por Los Zetas hoy están vivos y se encuentran en Estados Unidos. Se sabe con certeza el destino de dos: 'El Poncho' y 'El Negro' son testigos protegidos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, conocida mundialmente por sus tres siglas en inglés: DEA.

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Un año después de ese trágico fin de semana, en marzo de 2012, fueron detenidos y raptados más integrantes de la familia Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebé que no había cumplido sus primeros 12 meses de nacido.

El informe señala lo poco certero de los datos debido a la falta de transparencia en las instituciones estadounidenses y mexicanas.

"La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad. Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México", explica el documento.

Además, menciona que dependencias como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores no entregaron información para explicar los hechos.

"Es necesario recordar que el Estado tiene la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos a que se haga justicia y se reparen los daños causados. Para cumplir con esas tareas —y para que las víctimas y la sociedad puedan verificarlo—, una pieza clave son acercamientos rigurosos a la verdad", se lee en el informe.

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