Un 60 por ciento de los venezolanos aprueba los linchamientos, y éstos van en aumento

Nubia Figuera tiene los ojos hinchados. Ha estado llorando. Cuando habla sobre su cuñado, Roberto Fuentes, la voz se le quiebra. Roberto fue linchado en Los Ruices —un sector ubicado al este de Caracas, capital de Venezuela — el pasado 4 de abril. Ella y una tía, lo acompañaron en el hospital Pérez Carreño hasta que al día siguiente murió a causa de un paro respiratorio por complicaciones en el tratamiento de las quemaduras que sufrió en un 70% del cuerpo. "Lo último que me dijo es que él era inocente" susurra Nubia.

Desde principios de este siglo los linchamientos se han vuelto una lamentable moda en Venezuela. Según un reporte elaborado por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) entre 2001 y 2011 se manejó el margen de entre 6 y 25 hechos de esta índole al año en el país. Pero en 2015 esa cifra se montó en niveles históricos. Sólo entre enero y octubre hubo 38 linchamientos en todo el país. Y durante el primer trimestre de 2016 se reportan 29. No todos estos casos resultan con la víctima asesinada, pero la mayoría son personas que quedan con graves heridas por los golpes que recibieron.

La diferencia radica en la intencionalidad del hecho. Según Provea un linchamiento es tal cuando la víctima –en este caso el posible delincuente- se coloca al escarnio público por el delito que cometió. Por lo general, este castigo radica en los golpes y vejaciones que recibe el individuo.

Roberto Fuentes es uno de los cinco linchamientos de 2016 que sí terminó en muerte. La historia de su asesinato tiene dos vertientes según testigos que entrevistaron los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) — organismo que se encarga de las investigaciones penales en Venezuela —. Primero se especuló que él estaba robando a un hombre que salió de un banco con más de 50.000 bolívares (un poco más de 145 dólares a cambio oficial) y al ser sorprendido por unos motorizados, se organizó una turba que lo golpeó para luego rociarle gasolina y quemarlo. La otra versión indica que él estaba ayudando a un señor a que iban a robar, pero lo confundieron con el ladrón. La investigación está en curso, y acorde a fuentes extraoficiales, Roberto era inocente.

Era chef y trabajó cuatro años en el Ministerio de Alimentación. Vivía con su esposa y tres hijas de 17, 14 y 9 años en Filas de Mariche — al este de Caracas —. También era papá de un varón de 25 años. El mismo día de su linchamiento comenzaba la segunda semana de trabajo en su nuevo empleo.

Ya no sorprende a los venezolanos la cantidad de vídeos y avisos que corren a través de las redes sociales sobre "ajusticiamientos ciudadanos". Los medios de comunicación, y la ciudadanía, se impactaron con el vídeo de Roberto siendo golpeado brutalmente, con una herida sangrante en la cabeza y cómo, entre dos personas, le echan combustible para quemarlo. Un hombre y una mujer tratan de sofocar las llamas, pero el daño ya estaba hecho.

A principio de este año, un vídeo parecido salió a la luz: un hombre es quemado en las Flores de Catia — al oeste de Caracas —, supuestamente porque robó dentro de una unidad de transporte público. Sin embargo, vecinos de la zona contaron luego a varios periodistas que investigaron el caso, que esta persona fue linchada por delincuentes de la zona porque se metió en un área prohibida. Un lugar controlado por una banda a la que él no pertenecía. Además, detallaron que al tratar de ayudarlo, sus victimarios disparaban al aire para que nadie se acercara.

Para que el ciudadano común hable sobre linchamientos que presenció hay que tener un gran sentido de persuasión. Esto sucede porque en Venezuela la mayoría de los testigos acepta los linchamientos como una manera de garantizar la justicia en un país con un sistema penal abandonado.

Dicha afirmación parte de un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) en febrero de este año, en el cual se indica que un 60% de la población aprueba los linchamientos mientras que entre un 32% y 34% los rechaza. Roberto Briceño León, director de este organismo, explicó a través de la página web del observatorio que "el hartazgo, desesperación, angustia y la ausencia del Estado en la tarea de proteger a las personas, hacen que la sociedad reaccione fuertemente, y el resultado es una sociedad más violenta".

Briceño León también asegura que en los últimos años la sociedad venezolana ha roto el pacto social con las normas, leyes, tribunales e instituciones que velan por la seguridad ciudadana debido a que sienten que la impunidad — ubicada en un 90% según datos de la OVV —es la que manda. Esto contribuye a que las personas se sientan empoderadas a la hora de aplicar la justicia con sus propias manos "porque sienten que el Estado no los protege".

Además, la OVV indica que desde 2015 se observa un fenómeno nuevo: el delito amateur o no profesional. Briceño León indica que si bien no hay evidencia que pruebe que la pobreza lleva a una persona a delinquir, "el empobrecimiento y la situación de crisis económica que padece el país, lleva a muchas personas a incurrir en el delito amateur, a convertirse en rateros".

La mayoría de los casos de linchamiento que este observatorio ha registrado y estudiado es contra personas que roban al ciudadano de a pie: ladrones de carteras, de unidades de transporte público o que arrebatan celulares. "Porque a los miembros de una banda no los pueden linchar porque andan en grupos y fuertemente armados" asegura el especialista.

Una vez destapada la olla, a través de las redes sociales, los venezolanos están atentos ante un nuevo linchamiento. Observan y consumen la información que publican portales web o los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo hay casos que no son reportados.

En algunas urbanizaciones de Caracas — y en ciudades del interior del país — se han formado grupos de choque para hacer frente a la inseguridad. En lugares como Lomas del Ávila o Los Cortijos, ubicados al este de la capital venezolana, los vecinos se organizaron en patrullas de vigilancia para reportar cualquier actividad criminal. Cuando ven algún ladrón, usan pitos para alertar a los demás y así capturarlo. Luego lo golpean con correas, tubos y le dan patadas. A veces lo amarran a un poste hasta que llegue la policía.

"Hemos dejado mensajes por toda la urbanización para que los delincuentes sepan que aquí no los vamos a perdonar. No permitiremos que nos quiten la seguridad" cuenta un joven residente de Lomas del Ávila, quien prefiere no dar su nombre.

Lo mismo ha sucedido en ciudades del interior del país como Valencia, Maracay, Maracaibo, Mérida y Táchira. Ciudadanos organizados que están cansados de seguir viviendo a merced del hampa y aplican justicia.

Para Fermín Mármol García, abogado y criminólogo, estas acciones pueden convertir a los ciudadanos en delincuentes. "Nos encontramos ante una privatización de la justicia. La gente está cansada de la inseguridad, y violan el debido proceso al cometer un linchamiento".

En el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) venezolano se especifica en su artículo 234 que "también se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso/a se vea perseguido o perseguida por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él o ella es el autor o autora".

Lo que significa que las leyes venezolanas estipulan como delito el hecho de que una víctima de robo u otro crimen tome la justicia en sus propias manos.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó en una entrevista que ofreció a un canal de televisión privado el pasado 11 de abril, que desde finales del año pasado hasta ahora, el Ministerio Público abrió 26 investigaciones por linchamientos. Y que dos de ellos terminaron con la muerte de los atacados. Las cifras oficiales no concuerdan con los datos llevados por diferentes ONG que velan por los derechos humanos en Venezuela, lo que apunta a que muchos de estos actos no son denunciados formalmente ante las autoridades.

"Fustigamos estos hechos. Los condenamos" expresó Ortega Díaz. También llamó a los ciudadanos a la calma y pidió que dejasen a las autoridades la aplicación de la justica. Por otro lado, condenó que por las redes sociales y distintos medios se difundan videos de linchamientos. "Esto genera zozobra en la población y se debe observar de manera adecuada estos casos antes de difundirlos".

Hasta ahora, la Fiscal General ha sido la única que ha ofrecido datos concretos — y oficiales —sobre el número de linchamientos ocurridos en el país. Hay una orden tácita desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz venezolano (ente encargado de regular a la Policía Nacional) que no se divulgue ni una sola cifra sobre linchamientos desde los comandos policiales. Por ende, quizá suceden diariamente, y a nivel nacional, muchos más de los que el Estado reconoce.

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, también se ha pronunciado al respecto del tema a través de su cuenta oficial de Twitter.

Mientras tanto, Nubia Figuera espera que capturen a los asesinos de su cuñado. A través de los vídeos publicados en redes sociales la policía de Sucre — municipio de Caracas donde ocurrió el linchamiento — y el Cicpc buscan identificar a las personas que golpean y prenden fuego a Roberto.

Ella no expresa rencor, sólo una profunda tristeza por todo lo que ha vivido su familia. "No podemos matarnos como animales. No podemos seguir viviendo así. ¿Dónde está la justicia?, ¿dónde está la paz?" comenta mientras se seca las lágrimas. No le queda otra cosa.

Sigue en Twitter a @Jefferson_Diaz

_Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs_