Abortos espontáneos que provocan largas condenas de cárcel

María Teresa no sabía que estaba embarazada cuando un día de noviembre de 2011 sintió un fuerte dolor en la panza. Corrió a las letrinas de la fábrica donde trabajaba y allí mismo dio a luz a un bebé que murió enseguida. Ella se desmayó desangrada y unos familiares la trasladaron al hospital donde alguien la denunció a la Policía por haberse provocado un aborto.

Del hospital fue trasladada a la cárcel y a los pocos meses fue condenada a 40 años de prisión por lo que en El Salvador, país donde vive, se denomina homicidio agravado. Cuando la sentenciaron tenía 29 años y un hijo de ocho. Ella es una de las, al menos, 15 mujeres que cumplen penas de entre 12 y 40 años de cárcel por homicidio cuando en realidad lo que tuvieron fueron abortos espontáneos o complicaciones derivadas del embarazo, como denuncian diversas organizaciones internacionales y locales.

Hace apenas tres semanas, Amnistía Internacional presentó al Gobierno salvadoreño más de 300.000 firmas reclamando la libertad de estas mujeres que cumplen largas sentencias.

Video de la campaña de Amnistía Internacional en El Salvador.

"El caso de estas mujeres es una consecuencia directa de la prohibición total del aborto en el país", afirma Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, vía Skype a VICE News. Es uno de los siete estados — junto a Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Malta y Surinam — que no permite la interrupción voluntaria del embarazo bajo ninguna circunstancia.

La Agrupación comenzó el año pasado una campaña, apoyada por organizaciones internacionales, para reclamar el indulto de 17 mujeres que estaban presas cumpliendo estas condenas. Solo lograron el perdón para Guadalupe, que pasó en la cárcel siete de sus 30 años de pena, y la libertad para Mirna, que quedó libre tras finalizar sus 12 años y seis meses de condena. Las 15 restantes, entre las que está María Teresa, permanecen encarceladas después de que las autoridades judiciales y legislativas rechazaran concederles el perdón.

En todas sus historias se repite casi el mismo patrón: tienen embarazos avanzados, sienten lo que parece un fuerte retortijón, acuden al baño y en ese momento se produce el parto. Todas acaban desangradas, muchas desmayadas y cuando van al hospital la gran mayoría es denunciada a la Policía por el propio personal médico, que las acusa de haberse provocado un aborto. Son detenidas, algunas esposadas a la cama del hospital, hasta que recobran la consciencia, y directamente son enviadas a la cárcel.

"Las acusan de aborto, después cambian la calificación penal por el grado de parentesco y lo que en realidad son partos extrahospitalarios sin atención médica lo convierten en homicidio", señala Herrera.

Dennis Muñoz, abogado de la Agrupación, y quien desde hace ocho años trabaja en este tipo de casos, afirma vía Skype a VICE News que todas las sentencias están basadas en indicios, a veces la única prueba es el ADN que demuestra que las mujeres son las madres de los neonatos muertos y muchos fallos tiene "una gran base ideológica".

El letrado pone como ejemplo el caso de María Teresa, en el que uno de los testimonios en los que se basó el juez fue el de la jefa de la mujer, quien declaró que en enero ella le había comentado que creía estar embarazada. "María Teresa tuvo el parto en noviembre por lo que un embarazo de 11 meses es biológicamente imposible", afirma.

En el informe forense se aseguraba que el bebé había muerto por asfixia perinatal — falta de oxígeno durante el parto —, que, como subraya el abogado, puede ocurrir por razones naturales antes, durante o después de la expulsión.

"Sin embargo, sentenciaron a María Teresa a 40 años de cárcel porque su hijo se le murió por causas naturales; cuando quede libre tendrá 69 años y teniendo en cuenta que la esperanza de vida en El Salvador está en torno a los 65 lo que tiene, a mi juicio, es una condena a pena perpetua", indica.

Entre 2000 y 2011, 190 mujeres fueron acusadas de un delito de aborto, según recoge el estudio Del hospital a la cárcel, realizado por la Agrupación, que rastreó cárceles y juzgados para localizar los casos. De ellas, 23 fueron declaradas culpables de haberse sometido a un aborto — delito penado en El Salvador con prisión de dos a ocho años — y 26 resultaron condenadas por homicidio gravoso o en grado de tentativa a penas de entre 12 y 40 años.

La gran mayoría de todas las condenadas — un 68,22 por ciento de los caso — tenía entre 18 y 25 años. Casi la mitad era analfabeta o solo tenía estudios primarios y el 73,64 por ciento era soltera.

Además, dos terceras partes procedían de ambientes pobres — el 51,16 por ciento no recibía remuneración por su trabajo y en el 31,7 por ciento los salarios eran muy bajos.

En seis de cada 10 casos las mujeres habían sido denunciadas por los médicos. "Es una cultura incriminadora contra un determinado perfil de mujer: pobre, joven y un cierto desamparo familiar", afirma Morena Herrera, quien subraya que ninguno de los casos que investigaron ni las denuncias procedían de clínicas privadas.

Hasta 1998, cuando se cambió el Código Penal tras los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador, el aborto estaba permitido en tres supuestos: en caso de violación, por grave malformación fetal y por peligro en la salud de la mujer.

Pero los nuevos cambios legislativos, con una fuerte presión por parte de los sectores más conservadores y religiosos, trajeron una prohibición total del aborto. Y un año después se reconoció en el artículo 1 de la Constitución "como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción". "No es una definición científica, sino categórica e ideológica que tiene que ver más con el fundamentalismo religioso", afirma Alejandra Burgos, activista salvadoreña por los derechos humanos y miembro de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local y de la Agrupación.

"Todas estas situaciones", señala Burgos, "se dan por un parto mal atendido, ninguna de las mujeres tenían un hospital cercano para que las atendieran, y por una deficiente atención a su salud sexual y reproductiva como pone de manifiesto el caso de María Teresa quien no tenía la regla desde hacía meses y no había podido acudir a un centro".

Para Morena Herrera, las autoridades salvadoreñas "han impuesto una interpretación hegemónica porque las mujeres también somos personas y esto tiene dos graves consecuencias más: han desaparecido las estadísticas de abortos inseguros y el suicidio es la causa del 57 por ciento de las muertes de adolescentes embarazadas [según datos del Ministerio de Salud]."

Sigue a Patricia Rafael en Twitter: @prafaellage