Agentes en la CIA, NSA... practican sexting mientras usan información secreta en EE. UU.

Entre 2013 y 2015, la oficina del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia (ODNI, por sus siglas en inglés), la entidad que vigila las 16 agencias de inteligencia federales, estuvo investigando decenas de casos de empleados que cometieron faltas y crímenes reportados por las propias agencias.

Muchos de estos reportes involucran a empleados que tenían acceso a programas de inteligencia altamente clasificados para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), la Agencia Central de Inteligencia y la ODNI a nombre de contratistas como IBM, Booz Allen Hamilton, Boeing y General Dynamics.

Los reportes se han dado a conocer a través de cientos de páginas con información altamente clasificada a la que VICE News tuvo acceso gracias a la Ley por la Libertad de Información (FOIA).

Debido a que mucho del trabajo de la oficina del Inspector General es secreto, muy pocas de sus investigaciones se hacen públicas. Se trata de la primera vez que la oficina liderada por Charles McCullough, se enfrenta a un caso como este. McCullough es quien se encargó de revisar el asunto de los correos de Hillary Clinton.

Los expertos afirman que el mal manejo de información y herramientas es un problema que alcanza varios niveles y puede llegar a ser una amenaza para la seguridad nacional. Scott Amey, asesor general de Project Government Oversight, grupo dedicado a vigilar que el gobierno se conduzca con transparencia, revisó los reportes que obtuvo VICE News.

"Los primeros culpables son los contratistas, aunque estos reportes muestran que las agencias de inteligencia no se han hecho cargo de la situación, y nadie parece cumplir los requisitos del contrato", explicó Amey.

En uno de los casos, un empleado contratado para la empresa Science Applications International Corporation admitió "haber pasado 95 por ciento de su tiempo en Internet con fines personales", además de que pasaba casi todo el día enviando mensajes y correos a sus amigos. El empleado también trabajó para la ODNI, la cual es responsable de recabar, monitorear y analizar información sobre potenciales ataques terroristas.

A lo largo de seis años, el mismo empleado cobró al gobierno 974.470 dólares por 10.73 horas de trabajo, aunque gran parte de ese tiempo, admitió durante una audiencia, lo pasó "ingresando a sitios de citas y sociales para ver imágenes de mujeres con poca ropa o desnudas". Luego de una investigación de dos años, el empleado fue encontrado culpable de haber violado las políticas internas de la comunidad de inteligencia, entre las que está el mal uso del equipo del gobierno. El acceso a información clasificada le fue revocado y después fue despedido.

Varios empleados de la misma empresa estuvieron bajo investigación por fraude y mal uso del sus herramientas de trabajo. Durante casi un año, la ODNI investigó a uno de sus trabajadores por haber estado envuelto en un "chat con contenido sexual" diariamente de 2010 a 2013, usando la red interna de la agencia. El empleado "solía tener hasta 20 charlas por día, buscando compañeros sexuales. La mayoría de sus conversaciones incluían intentos por establecer encuentros sexuales después del trabajo, descripciones de actos sexuales y descripciones gráficas de sus genitales", de acuerdo con el reporte.

Cuando la ODNI supuso que el empleado también usó la red interna de la agencia para "establecer una relación con un posible menor que reside en el norte de Virginia", decidió pasar el caso al FBI y a una fuerza especial enfocada en crímenes contra los niños. Mientras el FBI investigaba el asunto, oficiales de la ODNI detectaron que el empleado intentó contactar a otro posible menor en Colorado.

El acceso del empleado al sistema del gobierno fue suspendido para luego escoltarlo rápidamente a las instalaciones de la ODNI. El FBI y las autoridades en Virginia se encargaron de la investigación, pero ninguna de las agencias confirmó si el caso continuó.

En otro de los casos revisados, se reportó que un empleado que trabajaba para la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), la cual vigila satélites espías, había abusado de su hijo pequeño entre 2008 y 2009. Las alegaciones salieron a la luz en la prueba del polígrafo realizada al empleado en 2009. Sin embargo, los protocolos internos de la agencia aparentemente prohibían a los empleados reportar el incidente. La ODNI pasó cuatro años probando el caso e hizo una recomendación "para realizar una revisión exhaustiva sobre la responsabilidad de reportar crímenes federales y estatales entre las oficinas pertinentes de la NRO".

Sumándose a la lista, otra investigación fue abierta contra un empleado de General Dynamics, conglomerado del sector aeroespacial, la cual encontró que mientras trabajaba para la ODNI de 2005 a 2012, no trabajó en lo absoluto.

Durante su audiencia, el trabajador dijo que "se había aprovechado de la falta de supervisión y la poca carga de trabajo. Admitió que desde 2005 registró miles de horas, las cuales nunca trabajó". Eso le cuesta 410.300 dólares a los contribuyentes.

La subcontratación de los elementos de seguridad estalló después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y ahora el sector es controlado por cinco corporaciones. El recorte presupuestal tuvo bastante que ver con este auge, y el personal que trabajaba para el gobierno fue atraído con mejores salarios. Sin embargo, la subcontratación conlleva algunos riesgos, porque las agencias gubernamentales no cuentan con el personal adecuado para vigilar a esos empleados, lo que puede derivar en pérdidas, fraude y abusos.

"Es mucho más fácil monitorear a la gente y el trabajo que realizan cuando no hay tanto personal y programas subcontratados", dijo Amey. "El hecho de recurrir a la subcontratación parece ir de la mano con aceptar un riesgo de pérdidas y fraude".

Y quizá también negligencia. Los reportes muestran que las empresas contratistas y sus empleados usaban redes de Wi-Fi público cuando manejaban información secreta, e incluso a veces usando sus computadoras personales, poniendo en riesgo la información clasificada de las agencias.

De todas las investigaciones que se llevaron a cabo durante los últimos tres años, sólo una tuvo que ver con la filtración de información a los medios. En 2012, Marisa Taylo, reportera del portal McClatchy, consiguió una carta enviada al Congreso por el inspector general de la NRO. La carta en cuestión afirmaba que un funcionario lanzó amenazas contra cuatro investigadores que señalaron crímenes derivados de la subcontratación.

La ODNI no pudo determinar cómo la reportera tuvo acceso a la carta, aunque parece ser que fue filtrada por un miembro del Congreso.

Steven Aftergood,director ejecutivo de Project on Government Secrecy, que forma parte de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo a VICE News que el tipo de abuso cometido por los empleados subcontratados por el gobierno refleja un "fraude a los contribuyentes".

"Los contratistas siempre han jugado un papel importante en el sector de la inteligencia, pero en años recientes han ganado terreno en la recopilación de información, análisis y producción. Así que estropear el trabajo podría tener consecuencias serias".

Lo bueno de todo esto, afirma Aftergod, es que los vigilantes están "investigando activamente" el mal comportamiento de los empleados y el mal uso de la información para poder erradicarlo.

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