Al Ejército de EEUU le preocupa estar fomentando las violaciones de los derechos humanos con su ayuda a México

Estados Unidos está empezando a preocuparse de que algunos de los miles de millones de dólares enviados a México como ayuda podrían estar financiando a las fuerzas militares acusadas de matar civiles desarmados o inocentes, según muestran documentos militares.

Dos casos recientes de autoridades mexicanas que dispararon a civiles han atrapado la atención del Comando Norte de Estados Unidos, el departamento del Pentágono que supervisa las operaciones militares estadunidenses en Norteamérica.

En un email del 15 de octubre, el Grupo de Derechos Humanos del comando dijo a las autoridades militares que el ejército mexicano podría ser no apto para recibir la ayuda de EEUU si las alegaciones de abusos resultan verdaderas.

En respuesta, los oficiales del ejército estadounidense decidieron dejar de ofrecer ayuda al batallón mexicano acusado de llevar a cabo la masacre de civiles en junio de 2014, conocida como el caso Tlatlaya.

El 30 de junio, los soldados mexicanos ejecutaron a 22 personas desarmadas dentro de una bodega abandonada en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, de acuerdo con reportes y autoridades. Aparentemente los soldados también alteraron la escena del crimen al colocar armas cerca de los cuerpos de los civiles muertos.

Las manchas de sangre en las paredes sugieren que las víctimas fueron puestas en fila y que se les disparó a quemarropa.

La zona donde ocurrió la masacre se considera bajo el mando de bandas criminales combatientes, y las autoridades militares dicen que se sospechaba que los muertos eran miembros de un grupo de crimen organizado.

Sin embargo, la creciente evidencia forzó a las autoridades a admitir que es probable que ocurriera una masacre. Un sobreviviente del ataque dijo a la revista Esquire que las personas en el cobertizo se rindieron ante los soldados, pero que aún así los mataron. Fotografías gráficas publicadas por VICE News ofrecen evidencia de la manipulación de la escena.

"Si están implicados en una terrible violación a los derechos humanos, toda la zona militar y el personal podría ser no apto para recibir la asistencia de EEUU", decía el mensaje del Comando Norte.

"Hay mucha aceptación de que el ejército está involucrado en fechorías", añadió.

La Secretaría de Defensa mexicana (Sedena) divide al territorio del país en zonas militares y los batallones se rotan para servir en ellas.

Siete soldados mexicanos del Batallón 102 están enfrentando cargos relacionados a los asesinatos de Tlatlaya, que se localiza en la 22 Zona Militar.

Pero para septiembre, el caso se vio eclipsado por los ataques policiales en el estado de Guerrero a autobuses que llevaban normalistas. Seis personas desarmadas fueron asesinadas y 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos en el ataque, el cual atrajo escrutinio de los medios internacionales.

Decenas de cuerpos fueron encontrados en fosas comunes en las montañas cerca de Iguala, la ciudad donde ocurrieron los ataques. Sin embargo, no se identificó a ningún estudiante entre los restos, algo que alertó a los analistas de derechos humanos del Pentágono.

"Ninguno de los 28 cuerpos identificados era de los estudiantes, lo que creó alarmantes preguntas sobre la naturaleza de la violencia de los cárteles en la región y el nivel de complicidad con el gobierno", decía el email de octubre.

La medida estadounidense conocida como "Ley Leahy" prohíbe al gobierno ofrecer financiamiento o entrenamiento a agencias de seguridad extranjeras que estén cometiendo violaciones a los derechos humanos.

El documento del Comando Norte fue publicado el martes por The National Security Archive, a través de una petición a la Ley por la Libertad de la Información de Estados Unidos, la cual otorga a todos los estadunidenses el libre acceso a la información federal.

Éste siguió a un documento militar estadounidense previamente revelado sobre la masacre de Tlatlaya que señala la creciente preocupación de que la ayuda estadounidense conocida como Iniciativa Mérida posiblemente estuviera financiando a abusadores de derechos humanos.

Una tercera masacre por parte del gobierno no mencionada en los documentos ocurrió el 6 de enero a plena hora del día en Apatzingán, Michoacán.

La policía federal mexicana mató a 16 civiles desarmados, incluyendo a miembros de una familia, y alteraron una de las escenas del tiroteo, según una investigación publicada por VICE News.

Ningún oficial está bajo arresto o investigación por las muertes de Apatzingán.

México ha recibido 2.5 mil millones de dólares por parte de EEUU desde 2008 para financiar su lucha contra los cárteles de la droga. En ese mismo periodo, montones de civiles han sido asesinados, secuestrados o torturados mientras los cárteles se fracturaban y las autoridades insertaban más armas a la lucha.

Decenas de miles de personas siguen desaparecidas, pero el gobierno ha hecho bastantes fluctuaciones en la cifra oficial, la cual es ahora de 23,000, a pesar de que este número no esté verificado. Más de 281,000 personas en México se ven desplazadas debido a la guerra contra el narcotráfico.

La asistencia militar por parte de EEUU y su intervención activa en México es un tema delicado para ambos gobiernos.

Estados Unidos apoya públicamente la campaña mexicana liderada por militares en contra de los narcotraficantes y raramente —si es que lo hace— ofrece críticas o desprecio a una creciente lista de abusos e injusticias supuestamente a manos del gobierno. Además, el clima político mexicano tiene cierto sentir nacionalista, por lo que el apoyo estadounidense es minimizado o ignorado en el debate público.

"El apoyo general de Estados Unidos para la estrategia de seguridad mexicana es mucho más apoyo político del que en su mayoría ha sido del tipo: 'Buen trabajo, México'", dijo Maureen Mayer, un asociado senior sobre México del Washington Office on Latin America [Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos].

"Es importante mostrar que en algunos casos la Ley Leahy sí funciona", dijo Meyer a VICE News.

Una ola de protestas ciudadanas en todo el mundo tras la masacre de Ayotzinapa ha llevado a nuevo escrutinio público sobre la naturaleza de la relación bilateral en cuanto a asuntos de seguridad.

Campañas en internet que circulan en Estados Unidos han pedido al presidente Barack Obama que detenga el financiamiento a las fuerzas policiacas mexicanas en la guerra contra el narcotráfico.

El caso Tlatlaya es también considerado como una prueba de la reciente reforma al código militar que permite que los soldados acusados de abusos a los derechos humanos sean juzgados en cortes civiles en lugar de en tribunales militares.

El gobierno mexicano dijo el miércoles que pagaría indemnizaciones a 13 familias de algunas de las 22 víctimas de la masacre de Tlatlaya.

"Ésta será una prueba", dijo Meyer. "¿Acaso el general tuvo un rol en ello? ¿Hubo alguna orden que lo permitiera? ¿Qué llevó a que los soldados sintieran que era totalmente aceptable abrir fuego frente a individuos desarmados?"

"La mentalidad es que está bien hacerlo porque esta gente no tienen garantías del debido proceso", añadió.

Sigue a Daniel Hernandez en Twitter @longdrivesouth.