La Amazonía de Brasil: en riesgo de caer en manos de empresas mineras y constructoras

Nuevamente la Amazonía de Brasil, la cual alberga un 10 por ciento de todas las especies vegetales conocidas en el mundo, se encuentra bajo amenaza. Sólo el año pasado, más de 7.000 kilómetros cuadrados del bosque fueron deforestados; y si se concretan los nuevos proyectos de infraestructura que propone el presidente Michel Temer, la degradación se acelerará.

La deforestación en Brasil no es algo nuevo: desde 1970, más de 450.000 kilómetros cuadrados han sido destruidos. Sin embargo, los índices de desaparición del bosque tropical se habían logrado reducir durante la última década como resultado de la iniciativa "Save the Rainforest", apoyada por varios países en todo el mundo.

La buena noticia, no obstante podría revertirse ya que las laxas regulaciones ambientales en Brasil y el deseo de combatir la brutal recesión que padece el país, pueden traer como consecuencia una nueva y acelerada pérdida del bosque.

Ya el año pasado la deforestación aumentó un 29 por ciento; y la baja humedad causada por la pérdida del bosque tropical ya ha provocado las peores sequías en el noreste del país. Además, los científicos y ambientalistas están preocupados de que los nuevos proyectos puedan tener un impacto mayor en la zona restante de la Amazonía.

"Se ha abierto la puerta para cualquier tipo de proyecto", dijo Philip Fearnside, miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y profesor en el Instituto Nacional de Investigación del Amazonas.

Fearnside ha estudiado el área por más de 40 años y según su impresión "los políticos parecen ansiosos por recuperar la economía; pero retirar las restricciones ambientales y aprobar todo tipo de proyectos sólo aumenta el riesgo de crear un impacto negativo social y ambientalmente".

Temer y su gobierno ya han comenzado a dar permisos de construcción para represas, acueductos artificiales y minas en las cuencas de los ríos Tapajós y Xingu, lo que pone en riesgo una quinta parte de la Amazonía.

El gobierno del estado de Pará, donde están planeados los proyectos, asegura que esto ayudará a incentivar la economía local y de todo el país. Sin embargo, los riberinhos de la región —comunidades que viven a lado de los ríos—, así como algunas tribus indígenas, dependen de las aguas y el ecosistema para sobrevivir, por lo que las nuevas construcciones podrían resultar devastadoras, e incluso quizá los lleve a abandonar la zona.

A la cabeza de estos desarrollos está un poderoso bloque agroindustrial conocido como 'ruralistas', quienes manejan la segunda industria de soya más grande a nivel mundial en Mato Grosso, al sur de Pará.

Los 'ruralistas' han presionado al gobierno durante años para tener un mejor acceso al Amazonas y así poder transportar sus productos, para lo cual es necesario desarrollar vías artificiales que harían los ríos más navegables.

El gobierno planea construir más de 40 presas hidroeléctricas en el área para el año 2022; y los científicos creen que el resultado sería una inundación de decenas de miles de hectáreas en la zona de Tapakós, incluyendo el hogar de los riberinhos y las comunidades indígenas.

En enero, el gobierno de Brasil asignó al Ministerio de Justicia la tarea de demarcar las tierras indígenas, un movimiento percibido como favorable para las empresas y dañino para los pobladores.

El 10 de marzo, el ministro de Justicia Osmar Serraglio dejó clara su postura cuando dijo que "la tierra no llena sus estómagos" y que lo único que él quiere son "buenas condiciones de vida" para los indígenas. Serraglio tiene lazos directos con los 'ruralistas'.

Mientras, Christian Poirier, directivo de la organización Amazon Watch, consideró que no se puede arrebatar la tierra a los indígenas, a la que han estado unidos desde tiempos ancestrales, y esperar que su cultura sobreviva.

"No se trata solamente de la demarcación, estamos hablando de abrir los territorios indígenas a la actividad industrial. Es un enorme favor el que el gobierno le está haciendo a los 'ruralistas'", dijo Poirier.

Uno de los proyectos que ya se está desarrollando: la presa hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingu ya ha sido catalogado como un "desastre".

Además, en febrero, gobierno de Pará aprobó la construcción de la mina de oro más grande de Brasil, sólo después de Serra Pelada, donde al menos 100.000 personas trabajaron en condiciones terribles durante los años ochenta. El ingeniero a cargo de firmar la evaluación de impacto ambiental fue acusado de asesinato después de uno de los peores derrames de desechos tóxicos en Brasil, el cual dejó 19 muertos cerca de la mina estatal de Minas Gerais.

Y esta mina no será la única en la región: el yacimiento de otro más grande del mundo abrió recientemente en Canaã dos Carajás, al norte del estado de Pará.

En la municipalidad de Altamira —cerca de donde se planea construir la nueva mina— los índices de homicidio se han triplicado desde que comenzó el desarrollo. El pasado octubre, luego de múltiples amenazas de muerte por su oposición a la deforestación, el secretario de medio ambiente del municipio fue asesinado de 14 tiros afuera de su casa.

Los fiscales federales se oponen a la nueva mina y aseguran que las comunidades no fueron consultadas antes de su aprobación. El 22 de febrero, un juez estatal suspendió la licencia por 180 días hasta que se resolviera la situación de las tierras, mientras que Belo Sin —la empresa con base en Canadá a cargo del proyecto— dijo a través de un comunicado de prensa que las comunidades tienen todo su apoyo.

"Pará tiene grandes depósitos de minerales, y las reservas indígenas están en medio de estos proyectos", dijo el experto Fearnside. "Es probable que se conviertan en víctimas después de que el Congreso reduzca su participación a través de la demarcación de tierras".

José Pereira, un líder local de la cooperativa minera en Ressaca, se muestra preocupado por lo que pueda sucederle a su país. "Van a quedarse con todo", dijo sobre las empresas. "Nos están dando dos opciones: 20.000 reales (unos 6.400 dólares) para dejar el área y defendernos, o cambiarnos a un pueblo prefabricado. Estamos resistiendo, estamos peleando por nuestro hogar".

Con muy poco apoyo de los reguladores, los lugareños están recurriendo a distintas ONGs y ambientalistas para pelear contra las iniciativas, pero la perspectiva es sombría.

"Estamos hablando de un ecosistema", dijo Luis de Camões, fiscal estatal en Pará. "La zona es parte fundamental para regular el clima y el sistema hidrológico del país, de América y de la humanidad".

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