Amnistía Internacional denuncia las torturas de la policía en Marruecos

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy en Rabat (Marruecos) un informe en el que denuncia las torturas llevadas a cabo entre 2010 y 2014 sobre 173 personas bajo custodia policial en comisarías y centros de detención del país.

El informe destapa que "a pesar de las medidas llevadas a cabo por el rey Mohamed VI en 2011 a raíz de los levantamientos populares de la Primavera Árabe", como el campamento de la Dignidad [Gdeim Izik] del Sáhara Occidental, y las promesas de perseguir la tortura, "la situación se ha convertido en un invierno árabe", cuenta a VICE NEWS Esteban Beltrán, director de AI en España.

"En 2011 respondieron a los levantamientos populares de la región con la promesa de innumerables reformas progresistas y una nueva Constitución que prohibía la tortura", tal y como explica el informe, y "Mohamed VI incluyó la persecución de la tortura entre otros elementos dentro de las leyes marroquíes". Nada de eso, según AI, está sucediendo.

Amnistía Internacional publica este informe "ahora que sabemos que el gobierno de Marruecos está a punto de poner en marcha nuevas reformas en la Constitución y nuevos cambios en el ámbito judicial", matiza Beltrán. La iniciativa forma parte de la campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional, que ya ha publicado informes similares en México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán.

"Cuatro años después", según Beltrán, "hemos comprobado que la tortura sigue siendo algo endémico" en la monarquía del norte de África. Desde los conocidos como "Años de Plomo" — reinado del padre de Mohamed VI, Hassan II, entre 1960 y 1999 —, años donde la represión era una constante en Marruecos, "las cosas no han cambiado demasiado a pesar de los avances", denuncia Beltrán.

"La situación ha retrocedido", explica a VICE News Khadija Ryadi, activista de derechos humanos marroquí, que reconoce que "estas investigaciones pueden ayudar a que el mundo conozca la verdad de lo que pasa" en su país.

Ryadi se refiere al informe de AI y a la acusación puesta en marcha por la justicia española — en enero de 2015 — por tortura y genocidio en el Sáhara Occidental contra 11 altos cargos del gobierno marroquí durante el reinado de Hassan II.

Aún así, Ryadi se muestra "preocupada" porque "en Marruecos "se actúa contra las marchas pacíficas, hay detenciones arbitrarias y represión y el Estado solo responde a la presión internacional levantando un poco la mano, pero en cuanto esta presión se atenúa volvemos a la situación anterior".

Según Ryadi, que destaca "la impunidad del torturador" como uno de los peores factores, en Marruecos "no hay un voluntad política de establecer un estado de derecho: no hay justicia independiente ni respeto de las libertades".

Otro factor que destaca el informe es el giro opaco, en el contexto de la lucha contra el terrorismo yihadista, que han experimentado las autoridades marroquíes desde los atentados de Casablanca de 2003 y la Ley Antiterrorista puesta en marcha aquel año. "Ha sido un elemento que no ha permitido avanzar en la dirección del respeto a las libertades", matiza Esteban Beltrán.

Uno de los casos más llamativos en este capítulo es el de Ali Aarrass, detenido en 2011 y condenado a doce años tras sufrir presuntas torturas y un examen médico "insuficiente", según AI, que aporta en el informe los dibujos sobre técnicas de torturas del ciudadano belga-marroquí de origen español.

Aarrass habría pasado por el centro de detención ilegal de Temara, "el único de esas características, aunque el gobierno lo niegue, del que tenemos constancia", explica Ryadi.

El informe muestra una realidad "intolerable", según Ryadi: que en Marruecos "existe riesgo de tortura desde el momento de la detención y durante el tiempo que la persona está bajo custodia policial".

El informe detalla cómo "con demasiada frecuencia los tribunales hacen la vista gorda ante las denuncias y dictan sentencias empañadas por la tortura".También "se procesa por calumnia y denuncia falsa a quienes se atreven a denunciar y a pedir justicia".

AI ha documentado 173 casos entre "palizas, posturas en tensión, asfixia, simulación de ahogamiento y violencia psicológica y sexual". El objetivo de estas técnicas, según la ONG, es "obtener confesiones de delitos o silenciar a activistas y sofocar la disidencia".

Uno de los casos más chocantes es del saharaui Mohamed Ali Saidi, de 27 años, cuya declaración recoge el informe de AI. Saidi fue detenido en mayo de 2013 junto con otros seis jóvenes durante las manifestaciones de El Aaiún, en el Sáhara Occidental.

Saidi contó a AI que amenazaron con violarle con una botella: "La pusieron delante de mí. Me ataron los pies con cuerdas mientras estaba colgado en la posición del pollo asado, y me rociaron los pies con agua helada. Luego me pusieron una toalla en la boca, me introdujeron agua por la nariz, me quitaron la ropa y me ataron los muslos con correas".

Saidi también declaró cómo el juez ignoró sus denuncias: "El domingo nos llevaron a ver al juez, cuando el juzgado estaba vacío. Cuando le enseñé [al juez] mis lesiones y le dije que me habían torturado agentes de policía, levantó las manos y dijo: "¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que vaya contigo y le pegue?".

Otro de los casos que presenta el informe es el de Abdelaziz Redaouia, ciudadano franco-argelino de 34 años, detenido en diciembre de 2013 por tráfico de drogas y presuntamente obligado a firmar una falsa confesión.

Redaouia denuncia que fue golpeado varias veces tras negarse a firmar el informe: "Me engancharon unas esposas dentro de la mejilla y comenzaron a tirar. Creía que iban a taladrarme la piel". A Readaouia, según AI, "le sumergieron la cabeza en agua, le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con una batería de automóvil y le golpearon en las plantas de los pies estando colgado".

"Mientras volvía de clase tres agentes policiales del CMI [Unidad Marroquí de Intervención] se me acercaron por la espalda. Me tiraron al suelo, me quitaron el pañuelo de la cabeza y empezaron a golpearme", cuenta en el informe de AI Khadija, una jóven estudiante marroquí detenida en la Universidad de Fez en 2014.

Khadija, nombre falso, reveló a los investigadores de AI las supuestas amenazas y palizas de los agente de la policía marroquí: "Me pegaron y me llamaron prostituta, e insultaron a mi madre y amenazaron con violarla".

Los exámenes médicos, otra de las realidades judiciales obligatorias que recoge la ley marroquí, "brillan por su ausencia o son banales o llegan tarde", denuncia Ryadi, que recuerda que "en el último año han muerto dos personas en las cárceles marroquíes en huelgas de hambre".

"Ni siquiera se respeta la ley en vigor", subraya Ryadi: "Se obliga al juez a abrir una investigación siempre que haya una denuncia de tortura, pero esto casi nunca se hace, y cuando se hace los análisis médicos forenses no es que sean banales, que lo son, es que el juez ni siquiera espera los resultados para dictar sentencia, y además el presunto culpable de torturas nunca es suspendido".

La activista de derechos humanos recuerda que "el ministro de Justicia y Libertades marroquí [Mustafa Ramid] ha declarado recientemente que el estado cuenta con 13 médicos forenses especialistas" en estos casos, algo "claramente insuficiente" para un país de 32 millones de habitantes.