Acaba 2015, el año en que el sudeste asiático se enfrentó a su propia crisis de refugiados

Las imágenes resultan demasiado familiares: hombres, mujeres y niños hacinados en la cubierta de una embarcación piden socorro a gritos. Llevan días sin beber y sin comer nada. Muchos de ellos huyen de la persecución y de la violencia; otros buscan, simplemente, una vida mejor. Claro que no estamos hablando de ciudadanos sirios. Ni del mar Mediterráneo — se trata de ciudadanos rohingya y de migrantes de Bangladesh, que han naufragado en la bahía de Bengala, en el mar de Andamán.

A principios de este año, miles de personas, la mayoría pertenecientes a la minoría rohingya musulmana de Birmania, zarparon en varias precarias embarcaciones con el objetivo de llegar a Malasia. Se trataba de una ruta tan usada como desgastada, un canal que los traficantes de personas llevaban explotando durante meses para transportar a los migrantes rohingya y a los de Bangladesh. Sin embargo, cuando las autoridades tailandesas anunciaran en mayo que iban a perseguir sin contemplaciones el tráfico de humanos, los contrabandistas decidieron abandonar sus embarcaciones en pleno trayecto. Se estima que entre 5.000 y 8.000 personas fueron abandonadas a su suerte en mitad del mar.

Ningún país quiso acogerlas.

2015 ha sido el año en que el sudeste asiático se ha tenido que enfrentar a su propia crisis de refugiados. Cuando la atención mundial parecía exclusivamente concentrada en la crisis humanitaria de migrantes y refugiados de Oriente Medio y de África que huyen de la guerra y de la violencia rumbo a Europa, estalló el conflicto en el sudeste asiático. Al igual que sucede en Europa, cientos de personas fueron abandonadas mientras varios países se revolvían para encontrar la manera de alojarles. Y, al igual que ha sucedido en Europa, la mayoría de los países demostraron no estar preparados para hacerse cargo del repentino flujo de gente dispuesto a alcanzar sus orillas.

La crisis ha obligado a los líderes de los países del sudeste asiático a enfrentarse a los conflictos que asolan la zona desde la noche de los tiempos. El tráfico humano, la migración irregular y la continua persecución de los rohingya en Birmania, son solo algunos de los más graves

La crisis de refugiados deja en papel mojado la regulación de la Unión Europea. Leer más aquí.

Uno de los primeros y de los más evidentes problemas que ha subrayado la crisis es la absoluta falta de recursos del sudeste de Asia para hacerse cargo de la situación. La migración irregular no es un fenómeno nuevo: ACNUR estima que alrededor de 63.000 migrantes y refugiados huyeron de Bangladesh y de Birmania por mar durante 2014. La agencia de Naciones Unidas ha señalado que en 2015 las cifras han aumentado. Si bien resulta difícil determinar el destino de cada embarcación, la gran mayoría de expertos coinciden en señalar que la mayoría de los Rohingya se dirigían rumbo a Malasia, un proverbial refugio para los exiliados Rohingya.

Sin embargo, a la que los desplazamientos fueron interrumpidos — y los países se vieron obligados a lidiar públicamente con la migración — salió a relucir que la zona no cuenta con ningún mecanismo eficiente para hacerse cargo de los refugiados en busca, desesperada, de ayuda. Durante las primeras semanas de la crisis desatada en mayo, Tailandia, Malasia e Indonesia rechazaron sistemáticamente rescatar a los pasajeros de los barcos abandonados. A falta de otra ayuda, prefirieron suministrar combustible, agua y comida. Claro que lo hicieron a cambio de no permitirles la entrada y de devolverles de nuevo al mar. Tanto Malasia como Tailandia no tuvieron escrúpulos a la hora de proclamar que los refugiados no son bienvenidos en sus respectivos países. La lógica empleada por ambos gobiernos es tan aplastante como la húngara, la eslovaca o la estonia: "si empezamos a acoger a refugiados, luego llegarán más".

'Ninguno de estos países está preparado para hacer lo que hay que hacer'.

Los tres países se vieron obligados a acoger a algunos refugiados a finales de mayo, claro que solo lo hicieron después de una enorme campaña de presión orquestada por las agencias internacionales.

"ASEAN [la Asociación de países del Sudeste Asiático] fracasó estrepitosamente a la hora de hacerse cargo de la situación. Ninguno de los estados de la asociación estaba preparado para hacer lo necesario", relata Phil Robertson, subdirector de la división asiática de HRW. "El hecho de que la primera reacción consistiera en hacer recular a los migrantes y desplegar entonces una aberrante partida de ping-pong humano, delata la tendencia de los tres países a endilgar el conflicto a sus vecinos".

Indonesia y Malasia anunciaron en mayo que acogerían, respectivamente, a 7.000 migrantes. Por su parte, Tailandia aseguró que dejaría de dar la espalda a los barcos que caen en sus aguas. Sin embargo, el retraso con que se han tomado dichas decisiones ha multiplicado las muertes de los exiliados. Según ACNUR, al menos 70 personas murieron de hambre, deshidratación y por los maltratos recibidos durante la crisis, mientras que 1.000 de ellos continúan sin ser computados en ninguna estadística.

A pesar de que el momento más comprometido de la crisis ya ha quedado atrás, el futuro de los refugiados a los que se permitió desembarcar sigue siendo muy oscuro. Tanto Indonesia como Malasia ya han dejado claro que solo permitirán la estancia de los refugiados en sus respectivos países hasta mayo de 2016, momento en que deberán de exiliarse rumbo a un nuevo asentamiento en otro país. Ni que decir tiene que ni Indonesia, Malasia o Tailandia han ratificado la Convención sobre Refugiados de Naciones Unidas, que se encarga de garantizar algunos de los derechos fundamentales y de protecciones que deben merecer los refugiados. Sucede, de hecho, que ni Malasia ni Tailandia disponen actualmente de normativa alguna en que se describa legalmente qué es un refugiado.

La Organización Internacional para la Migración informó que alrededor de 5.500 de los refugiados que fueron abandonados en alta mar lograron desembarcar en el sudeste de Asia, mientras que alrededor de unos 1.700 permanecen encerrados en centros de reclusión tailandeses o malasios.

Por el momento, los trayectos en barco desde Birmania y Bangladesh han disminuido — según ACNUR tan solo 1.000 migrantes habrían emprendido la huida por mar desde septiembre. Sin embargo, otras organizaciones humanitarias y la misma ACNUR han enfatizado que la raíz de la crisis todavía no ha sido combatida. A pesar de que Birmania fue el escenario de unas históricas elecciones hace solo unos meses, la persecución sistemática de los Rohingya continúa estando a la orden del día. Este año ya son dos los informes publicados que denuncian la abyecta persecución. Uno ha sido publicado por la facultad de Derecho de la universidad de Yale para Fortify Rights, una organización sin ánimo de lucro, mientras que el segundo ha sido publicado por la Iniciativa contra los Crímenes de Estado, adscrita a la universidad Queen's Mary de Londres. Ambos análisis suscriben que la situación a la que se enfrentan los Rohingya es merecedora de la consideración de genocidio.

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Por su parte, el tráfico humano sigue siendo un problema de dimensiones obscenas. Durante los meses de mayo y agosto, las autoridades descubrieron numerosos fosas comunes a los largo de los dos lados de la frontera que separa Tailandia de Malasia. Según relataron las mismas autoridades, las fosas comunes fueron excavadas en lugares que, hasta ese momento, habrían sido campos de concentración para refugiados. El descubrimiento se hizo poco después de que el gobierno tailandés anunciara su intención de cerrar los campos, exactamente el mismo comunicado que provocó que los traficantes abandonaran a sus cargamentos de refugiados en alta mar. A pesar de que Tailandia ya ha informado que piensa desplegar una ofensiva contra el tráfico de individuos, lo cierto es que es un misterio saber hasta qué punto lograrán consumar los objetivos que se han planteado. Algunas investigaciones, de hecho, han demostrado que las autoridades tailandesas están detrás de varias redes de tráfico humano. El pasado mes de diciembre, uno de los principales investigadores de la causa contra la policía tailandesa se vio obligado a abandonar el país rumbo a Australia debido a las amenazas de muerte que estaba recibiendo.

Igualmente, son muchos las informaciones que denuncian y documentan que muchos de los ciudadanos rohingya y de Bangladesh que se encontraban a bordo de los barcos abandonados habrían padecido brutales abusos en alta mar. Según un informe completado en octubre por Amnistía Internacional, los entrevistados denunciaron haber pasado semanas e incluso meses en alta mar, donde eran sometidos a maltratos físicos diarios y donde se les exigía que pagaran un rescate que si querían sobrevivir. Muchos de los entrevistados también confesaron haber presenciado la ejecución de varios de sus compañeros, cuyos cadáveres eran arrojados al mar.

A principios de diciembre, los países del sudeste asiático reemprendieron sus iniciativas por atajar el problema. Para ello se han planteado crear una fuerza conjunta, además de formar un Comisión que implique a todos los países del ASEAN destinada a auxiliar a las víctimas del tráfico humano.

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A pesar de que los expertos ya han proclamado que tal será un importante primer paso para la zona, también han subrayado que los países implicados en la lucha están reaccionando con mucha lentitud. En su último informe al respecto, ACNUR ha descrito los avances como "irregulares".

"Los países de la zona necesitan concentrarse en salvar vidas", explica Vivian Tan, una portavoz regional de ACNUR. "Y ello significa intensificar su intervención cada vez que detecten la existencia de un barco en apuros. Igualmente, deben garantizar que los supervivientes puedan desembarcar con seguridad y que se les suministre de manera inmediata la asistencia que requieren, que pasa por disponer de agua, alimentos y cuidados médicos".

"Los gobiernos tienen que trabajar conjuntamente para combatir la raíz del problema", explica Tan. "Si tales problemas se combaten de manera adecuada, la gente tendrá menos motivos por los que exiliarse".

El sudeste asiático está padeciendo problemas muy similares a los que se están registrando en Europa — la falta de coordinación entre los países responsables de prestar la ayuda y la persecución sistemática de los migrantes en sus países de origen, que es la fuente de los éxodos masivos.

Anna Shea una investigadora y asesora de Amnistía Internacional en la crisis de migrantes ha asegurado que la solución al desplazamiento forzoso de la zona tendrá que pasar por implicar en la lucha a países que no están en el sudeste asiático. Shea señala a países como China, India o Australia.

"La crisis ha subrayado lo importante que es que nos demos cuenta de que la crisis de refugiados no es un problema exclusivamente europeo", cuenta Shea. "Tenemos que hacer un esfuerzo y pensar sobre lo que significa el desplazamiento forzoso y necesitamos reconocer de que se trata de un problema que requiere una respuesta y un pensamiento globales".

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