Argentina abre una vieja herida para sanarla: va a juicio la Operación Independencia

Las heridas que infringió la dictadura militar en Argentina aún siguen abiertas, pero ahora se ha comenzado un nuevo intento por sanarlas: el país sudamericano inauguró ayer jueves una gran investigación para tratar de entender y resolver un episodio de lesa humanidad en su territorio.

La Sala de Audiencias del Tribunal Oral Federal abrió las puertas a posiblemente miles de víctimas y testigos de un episodio negro conocido como Operativo Independencia, una incursión militar y policiaca que ocupó la provincia de San Miguel de Tucumán, y territorios contiguos, para aniquilar a un grupo suberviso de corte marxista llamado Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez.

Esa "compañía" formaba parte de la guerrilla autonombrada Ejército Revolucionario del Pueblo, enemigo jurado del gobierno de la entonces presidenta Isabel Perón, quien presuntamente autorizó el ataque.

El 9 de febrero de 1975, más de 20 unidades militares entraron a territorio tucumano y arrasaron con lo que tuvieran enfrente: guerrilleros y civiles inocentes fueron sometidos a distintos tratos crueles, desde lesiones y detenciones arbitrarias hasta tortura, abuso sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias con tal de acabar con el grupo rebelde.

El expediente en la fiscalía ubica 270 víctimas directas y persigue a diez exmilitares, nueve expolicías y un exgendarme por delitos de lesa humanidad, además de que se prevén cargos contra otros 20 presuntos responsables. Entre los acusados no figura la exmandataria y entonces jefa de las Fuerzas Armadas, Isabel Perón, quien en marzo pasado recibió en su casa en España — donde vive autoexiliada — la noticia de que fue exonerada del caso por la justicia argentina.

Varios organismos de derechos humanos creen que el número de victimas reales ronda las 1.400; varias de ellas hablarían por primera vez sobre las heridas físicas y emocionales que les dejó el episodio.

Entre otras tácticas ilegales, el Operativo Independencia vistió de civiles a militares y policías para hacer arrestos arbitrarios y así desaparecer a sus víctimas sin vincular al gobierno; usó centros clandestinos de detención — como la Escuela General Lavalle o La Escuelita — para torturar a sus retenidos; y enterró en fosas ilegales los cuerpos de quienes perecían.

En la investigación se incluyen testimonios como el de un hombre que relató así su secuestro en La Escuelita: "Ahí estábamos tirados, mi hijo de 14 años y yo. Un poco más allá, colgaba el cuerpo de una mujer, se desangraba… estos criminales la habían abierto desde la garganta hasta la vagina".

La Operación Independencia es considerada el "procedimiento que inauguró el terrorismo de Estado" y "la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y la policía en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos". Su puesta en marcha dio paso a la dictadura militar de 1976, que eufemísticamente se llamó Proceso de Reorganización Nacional, impulsado por el comandante Jorge Rafael Videla.

Activistas, víctimas y expertos han señalado que el operativo se trató de un plan diseñado con dos objetivos: cortar de tajo la existencia de grupos de izquierda extrema en el país y romper los lazos de solidaridad que pudieran sentir con ellos sus simpatizantes.

El procedimiento judicial podría tardar hasta dos años en encontrar una resolución que logre cerrar viejas heridas y, con suerte para las familias, pueda ubicar dónde están los todavía 116 desaparecidos por la operación militar.

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