Argentina embarga a empresas extranjeras por explotación de hidrocarburos en Malvinas

La cuestión de las Malvinas vuelve a situarse en el centro del tablero geopolítico después de que una jueza argentina haya ordenado a empresas de hidrocarburos internacionales cesar su actividad y el embargo de sus bienes y activos por valor de 156 millones de dólares.

La orden de la magistrada Lilian Herráez llega tras la denuncia del Ministerio Público Fiscal a empresas británicas y estadounidenses por presunta explotación y exploración ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina de las Islas Malvinas.

Las empresas involucradas son Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc. Las sedes de estas compañías se encuentran en el Reino Unido, Estados Unidos e Italia.

Según publica la página oficial de Ministerio Público Fiscal de Argentina, la jueza Lilian Herráez, ordenó "el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino", es decir la interrupción de las actividades que llevan en la zona las compañías denunciadas.

La causa fue iniciada el 21 de abril tras el requerimiento del fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois y del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, quienes imputaron penalmente a las empresas transnacionales.

"Cuando la imputación de abril tomó estado público algunas empresas se retiraron. Otras no acataron, y es a éstas a las que se les solicita el embargo", explica Marcelo Rapoport a VICE News.

"Es importante señalar que esto no es una cuestión Estado-Estado. Es simplemente el ejercicio de soberanía argentina a través del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para que las empresas extranjeras que operan en territorio argentino se sometan a las normas legales que imperan en nuestro territorio", detalla el fiscal federal.

La imputación se basa en que estas empresas están realizando actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en las proximidades de las Islas Malvinas y no cuentan con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad argentina competente.

"Estamos realizando una búsqueda detallada de la conformación de los directorios de cada empresa para poder tomar declaración indagatoria a cada uno de sus integrantes. Si no están en Argentina, nos acercaremos donde estén, realizaremos la declaración por video conferencia o pediremos la captura", puntualiza Rapoport en sus declaraciones a VICE News. "Esperemos que concurran y se sometan al tribunal", añade Rapoport .

Las compañías implicadas no se han manifestado hasta ahora sobre este asunto.

La ONU considera a las Malvinas un territorio de soberanía aún pendiente de definición entre el Reino Unido — que lo administra — y Argentina — que reclama su devolución. Las islas se encuentran incluidas en la lista de 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.

En 1982, la cúpula militar que gobernaba de facto en Argentina invadió las islas tras 149 años de administración británica ininterrumpida. El conflicto bélico acabó con una rotunda victoria militar británica tras 72 días de combates.

Las perforaciones petroleras en las islas Malvinas comenzaron en 2010 pese a la disputa de soberanía reconocida por la ONU.

El Reino Unido respondió ayer advirtiendo que Argentina no puede confiscar activos de petroleras en las Malvinas. El delegado del Ministerio de Exteriores británico para la región, Hugo Swire, calificó el embargo como "parte de una campaña flagrante e inaceptable de las autoridades argentinas para estrangular la industria de hidrocarburos de las Islas Falkland [nombre británico para las islas Malvinas]".

En un comunicado oficial, el responsable brtiánico dice que "las leyes domésticas argentinas no pueden aplicarse en las Islas Falkland ni en las aguas alrededor de ellas. Esta decisión políticamente motivada de convertir en blanco los activos de las compañías es un completamente inaceptable intento de ejercitar jurisdicción extraterritorial y no tiene justificación legal en absoluto". "El gobierno de Argentina debería abstenerse de provocaciones injustificadas de este tipo", sentencia Hugo Swire en la misiva oficial.

El anterior capítulo de la escalada de la tensión entre Londres y Buenos Aires se produjo en abril cuando se reveló a partir de los documentos filtrados por el ex agente de la CIA, Edward Snowden, que el Reino Unido espió a Argentina ante la posibilidad que ésta última tomase la Malvinas por la fuerza.

La presidenta de Argentina se reunió con Edward Snowden en Moscú, según un informe. Leer más aquí.

"Hay una disputa de soberanía que está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas [ONU] desde 1965", indica a VICE News el abogado Santiago Villar, investigador del Barcelona Centre for International Affairs [CIDOB].

"Ni el Reino Unido ni Argentina pueden explotar o explorar las Malvinas, Islas Georgias del Sur, ni Sandwich del Sur y el espacio marítimo circundante por una normativa internacional que dispone que una zona en disputa no puede ser alterada hasta que se resuelva el conflicto", subraya.

"Se puede inferir que la intención argentina es desalentar la explotación de recursos en la zona" continua Villar. "Las empresas van a tener que presentar recursos y destinar tiempo y energía tras esta solicitud. Es presumible que esto desaliente la continuación de la actividad", comenta.

"Por más que el pedido de embargo no proceda, Argentina genera con esto una presión sobre las empresas de cara al futuro", concluye el analista del CIDOB.

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