Argentina sufre un aumento de la violencia callejera y de las patrullas de vigilancia vecinal

 "¡Mátenlo!", gritó alguien entre la multitud argentina a la policía. "¡Este hijo de puta me ha intentado disparar!"

El momento fue capturado del último vídeo circulando en Argentina que muestra un intento de linchamiento de un presunto delincuente callejero, un tipo de incidentes que va en aumento y que está generando debate en este país de delincuencia callejera.

El vídeo publicado el lunes muestra a un presunto asaltante a una heladería en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, siendo perseguido por un grupo de hombres enrabiados. El sospechoso logra escapar corriendo de la relativa seguridad de un coche patrulla.

Durante el fin de semana, tuvieron lugar otros tres intentos de linchamiento de presuntos ladrones callejeros en San Miguel de Tucumán, según las informaciones locales.

Estos casos reflejan la creciente frustración frente a tal nivel de la delincuencia y la pasividad de las autoridades para combatirla. Solo en la provincia, aseguran las autoridades, se registran 30 robos callejeros cada día.

Argentina tiene una escasa tradición en lo que se refiere a la compilación y publicación de estadísticas fidedignas sobre delincuencia, un hecho que agrava aún más la sensación de que las autoridades están fracasando en hacer frente a los asaltos y robos que afectan a tantas ciudades.

Los observadores achacan la actual epidemia de delincuencia a la persistente pobreza y al aumento del consumo de drogas. Un informe de 2013 afirma que Argentina tiene el mayor índice de robos y hurtos de América Latina, casi duplicando el promedio del continente.

En respuesta a esta tendencia, algunas comunidades argentinas están adoptando el rol de jueces, jurados y a veces incluso verdugos contra estos delincuentes. Una encuesta realizada en 2014 revela que el 29 por ciento de los encuestados apoyan el ejercicio de esta justicia paralela, mientras que la mayoría la calificaron como una acción extrema.

Los casos no se limitan exclusivamente a la provincia de Tucumán. Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe han sufrido un aumento de la violencia colectiva desde el año pasado. En marzo de 2014 se registraron doces casos de intentos de linchamiento en las principales ciudades en un solo diez días. Uno de ellos resulto en un linchamiento mortal.

Carlos Waisman, un sociólogo especializado en América Latina que imparte clases en la Universidad de California en San Diego, dijo que la pobreza derivada de la crisis económica del país y de la indiferencia del gobierno son los principales responsables de estas acciones.

"En los últimos treinta años, Argentina ha presenciado un aumento de la pobreza urbana, gente que no está sistemáticamente conectada al mercado laboral, que no tienen ingresos regulares", dijo Waisman. "Cuando hay un incremento de la delincuencia o de la preocupación de la gente por la delincuencia, crece la posibilidad de que surjan más patrullas de vigilancia vecinal, como hemos visto en Argentina".

Si bien resulta difícil de cuantificar, los expertos también atribuyen los linchamientos al tráfico de estupefacientes de Argentina, afirmando que una gran parte de los asaltos y robos son cometidos por adictos que buscan dinero para comprar sus dosis de droga.

El informe publicado en 2013 por el Consejo Asesor de Seguridad Exterior de EEUU sugiere que el consumo de paco, un tipo de cocaína cruda altamente adictiva similar al crack, ha provocado un incremento de la delincuencia callejera en Argentina. Los expertos también afirman que las fuerzas policiales locales se dejan sobornar por las bandas de narcotraficantes.

"Tampoco hay voluntad política para hacer frente a la delincuencia", dijo Waisman a VICE News.

El primer linchamiento mortal de Argentina de 2015 ocurrió a principios de año. El 11 de enero, Gustavo Guerrero, 28, fue brutalmente apaleado después de intentar robar una motocicleta, causando una víctima mortal en San Miguel de Tucumán.

"Quiso robar una motocicleta con una pistola de 9mm. Mató al dueño de la moto, se le trabó el arma", informó a VICE News un hombre que grabó el incidente, quien pidió se le llamara solo Oscar. "Ahí los vecinos lo rodearon y le empezaron a pegar".

"La multitud lo mantuvo ahí y lo golpeaba ocasionalmente, pero no lo mataron", dijo Oscar. "Cuando llegó la policía, lo protegieron de la muchedumbre. Todo el mundo gritaba 'chau ladrón'".

Oscar dijo haber grabado el incidente porque "quería mostrar al ladrón, y protestar por este tipo de inseguridad". Su grabación muestra a los agentes policiales armados parados sin frenar de ningún modo a un testigo que golpea al sospechoso en la cara.

Abel Montero, jefe de policía de San Miguel de Tucumán, negó las acusaciones de que los agentes hubieran estado implicados en cualquier delito. "La policía no participó del linchamiento sino que protegió al ladrón de que lo siguieran golpeando", dijo Montero a VICE News. "La gente tenía tanta rabia que no dejaron pasar a la ambulancia para que lo atendiera".

Guerrero fue llevado en un coche patrulla hasta el hospital, donde más tarde murió.

Su linchamiento tiene algunas similitudes con David Moreira, un joven de 18 años que en 2014 fue grabado siendo mortalmente atacado por un grupo de hombres, después de que supuestamente robara el monedero a una mujer en la ciudad de Rosario. Transcurrido más de un año tras su muerte, aun no se ha acusado a nadie por implicación en la paliza masiva.

Con las inminentes elecciones presidenciales de 2015 de cara al próximo mes de octubre, los posibles candidatos y los legisladores han sido criticados por proponer soluciones cortoplacistas a la violencia masiva en un intento de convencer a los electores indecisos.

El gobernador de Buenos Aires y esperado presidente Daniel Scioli decretó el 5 de abril el estado de "emergencia en seguridad pública" por un plazo de doce meses, e instó a inyectar 600 millones de pesos argentinos (alrededor de 68 millones de dólares) para mejorar la seguridad en su provincia, que hace frontera con la capital del país, Buenos Aires.

"Entiendo que la sociedad está harta de la puerta giratoria de la justicia, pero sería inapropiado utilizar un arma letal para detener a un ladrón de teléfonos móviles", dijo el secretario de seguridad federal Sergio Berni a los periodistas, tras los sucesivos intentos de linchamiento que ocurrieron el año pasado.

Javier Auyero, un importante sociólogo argentino y coautor del libro La violencia en los márgenes urbanos, dijo que los pobres se ven mayormente afectados por la delincuencia urbana, al mismo tiempo que tiene poca o ninguna voz en el escenario político en cuanto a la seguridad se refiere.

"El discurso público sobre la violencia urbana tiende a ser controlado por las personas que ocupan posiciones privilegiadas en la estructura social", dijo Auyero a VICE News. "Aquellos que más la sufren, viven en lo más bajo del orden socio-simbólico, pero los ciudadanos de los márgenes urbanos pocas veces tienen voz en debates sobre seguridad pública".

José Alperovich, el gobernador de Tucumán, hizo comentarios justificando la violencia callejera a finales del año pasado.

"La verdad es que hay que estar en el cuero de la gente cuando a uno le roban", dijo. "No sé cómo reaccionaría yo, si me pasara a mí. Hay que estar en el cuero de la gente".

Los estallidos de patrullas de vigilancia vecinal han generado controversia entre la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y las diversas ramas de la oposición política. El gobierno ha sido criticado por no tener suficientes agentes policiales en las calles, lo que según algunos alentaría a los ciudadanos a actuar de forma ilegal.

"Estamos presenciando una situación definida por una falta de presencia estatal, pero ello no debe, bajo ningún concepto, justificar ni excusar a nadie que haga justicia por su propia mano", dijo a los medios el diputado argentino Fabián Peralta.

En el apogeo de la sucesiva violencia de patrullas callejeras, Berni defendió las acciones del gobierno.

"En la ciudad la cantidad de policías que tenemos es impresionante", destacó. "Si por un lado hay un sector de la Justicia que no quiere trabajar, y otro sector de la Justicia no tiene las herramientas procesales para actuar rápidamente, no es que el Estado esté ausente".

"Si el Estado estuviera ausente, no tendríamos los detenidos que tenemos todos los días", insistió Berni.

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