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El asesinato de un indígena mexicano a manos del ejército llega a instancias internacionales

Bonfilio Rubio fue acribillado en un retén militar en 2009 y ningún soldado se encuentra preso por los hechos. Sus defensores esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepte el caso y se haga justicia después de siete años.
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Imagen por Rashide Frias/Cuartoscuro.com
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Bonfilio Rubio era un campesino indígena nahua de 21 años que estaba por ir a Estados Unidos a buscar un mejor futuro para su familia; en el violento Guerrero, su estado natal, no había oportunidades para salir adelante. El 20 de junio de 2009 tomó un autobús que arrancó en Tlapa, una ciudad enclavada en la montaña de ese estado, con destino a la Ciudad de México.

A la altura del municipio guerrerense de Huamuxtitlán, un retén militar detuvo al camión e inspeccionó a los pasajeros. Minutos después el autobús avanzó y fue el momento en que elementos del ejército mexicano comenzaron a disparar contra el vehículo. Bonfilio murió por dos impactos de bala: una en el cuello y la otra en el cráneo.

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Su caso fue turnado al fuero militar. La investigaciones del ejército señalaron que cuatro elementos accionaron sus armas contra el camión, pero el único detenido fue el soldado de infantería Valentín Alejo Hilario, que salió libre en diciembre de 2014 después de ser exonerado. Ahora la familia de Rubio pide justicia y ha llevado el caso a instancias internacionales.

Este jueves, en una conferencia de prensa, organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan el caso, anunciaron el envío una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admita el caso y se haga justicia después de siete años del asesinato del joven indígena. Mientras eso sucede, el Congreso mexicano discute la Ley de Seguridad Interior, una norma que podría ampliar las facultades de las fuerzas armadas.

Torturan en YouTube, pero eso no impedirá a militares allanar casas e intervenir móviles en México. Leer más aquí.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que la CIDH va a analizar la petición y después pedirá una respuesta del Estado mexicano; si no la hay, el caso podría turnarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual podría emitir una sentencia contra México por el asunto.

"Elementos militares colocaron paquetes de marihuana para justificar los disparos que hicieron. Lamentablemente en este país, el ejército se erige como una autoridad por encima de las autoridades civiles, no hay alguien que les ponga un alto. Los jueces le temen a los militares", criticó Abel Barrera, director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan.

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Barrera también denunció que, a pesar de este tipo de casos, el Congreso está pensando en "imponer" la Ley de Seguridad Interior, la cual, según el defensor, aumentaría las violaciones por parte de los elementos militares que participan en labores de seguridad pública.

"Se han documentado desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y agresiones sexuales contra mujeres. Esperamos que la CIDH admita este caso y así ver un poco de luz entre tanta oscuridad".

'Los jueces le temen a los militares'.

Por su parte, José Rubio, hermano de Bonfilio, explicó que su familia seguirá alzando la voz para obtener justicia. "Pedimos a los ciudadanos que levantemos la voz, no somos los únicos que han sufrido, hay muchas familias que han perdido a sus familiares a manos del ejército, nos oponemos a la militarización de México".

Angelita Baeyens, del Centro Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, otra organización que acompaña el caso, señaló vía telefónica desde Nueva York que el asesinato de Bonfilio exhibe el uso desmedido de la fuerza por parte del ejército mexicano y la impunidad que existe en ese tipo de casos.

"Con esto se está violando el derecho a la vida y a la integridad de la familia y se violan las garantías judiciales por parte del Estado mexicano", comentó.

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