Así quedó el nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC: una ventana para la paz en Colombia

Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, el nuevo acuerdo de paz alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana incluyó cambios en 56 de los 57 temas que propusieron los voceros del 'No', luego de los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Se trata de modificaciones en todos los puntos del acuerdo, en temas que van desde el acceso a tierras hasta el papel jurídico de los partidos políticos y la persecución a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.

Nos dimos a la tarea de comparar, página por página, el acuerdo dado a conocer en las últimas horas con el documento de 297 páginas firmado por Santos y por el máximo comandante de las FARC, 'Timoleón Jiménez', el pasado 26 de septiembre en Cartagena.

Esto fue lo que encontramos:

Tierras

En este punto, el Gobierno y las FARC recogieron una de las principales observaciones del uribismo: no afectar "la producción empresarial de mayor escala" en el campo. Por eso, acordaron que el desarrollo de la vida rural "depende de un adecuado balance" entre la agricultura familiar, el turismo y la agricultura comercial de escala, y que deberán mantenerse formas asociativas entre pequeños productores y grandes empresarios.

Atendiendo las solicitudes de un sector de las víctimas de las FARC, las partes también pactaron incluir entre los beneficiarios de la política de desarrollo agrario a las víctimas del conflicto, que se suman a los campesinos y a las comunidades pobres y afectadas por la guerra.

También quedó explícito que "nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho a la propiedad privada". Además, se redujeron de 12 a 10 años los plazos para la adjudicación de tres millones de hectáreas y la formalización masiva de siete millones más.

El nuevo acuerdo también les quitó potestad a las comunidades para elegir a los beneficiarios de la adjudicación de tierras. En el nuevo texto, se acordó que esa selección la hará el Gobierno con participación de las comunidades y que el procedimiento de selección deberá definirse por medio de una nueva ley. El cambio obedece a la solicitud del uribismo de que "en ningún caso las FARC, a través de organizaciones en los territorios de su influencia, puede tener participación directa o indirecta en la selección de los beneficiarios".

Además, se pactó la creación de un grupo de tres expertos para definir cómo regularizarán los derechos sobre la tierra de ocupantes y poseedores de buena fe, y cómo se garantizará la función social y ecológica de la propiedad contemplada en la Constitución. Las propuestas formuladas por ese grupo deberán ser discutidas con los partidarios del 'No' y con otros sectores interesados en el tema, entre los que podrían encontrarse las asociaciones de grandes productores que hoy ocupan baldíos.

Igualmente, se acogió la propuesta del uribismo de limitar la participación comunitaria en la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se acordó que la participación de las comunidades en las instancias donde se definiría cómo y dónde se harían las obras públicas en el campo ya no tendrá carácter para tomar desiciones y que las determinaciones al respecto las tomarán "las autoridades competentes".

Finalmente, se amplió de 10 a 15 años el tiempo que tendrá el gobierno para erradicar la pobreza rural.

Participación Política

Las partes eliminaron algunas de las nuevas garantías que se habían incluido en el acuerdo para que los partidos y movimientos políticos no perdieran la personalidad jurídica. En el nuevo documento se mantuvieron la exigencia de un número mínimo de afiliados y los requisitos actuales en materia de número de votos en las elecciones al Congreso como condición para acceder a financiación y a medios.

También quedó claro que el nuevo partido político que creen las FARC no podrá participar en las elecciones que se llevarán a cabo en las Circunscripciones Especiales de Paz.

En el punto sobre garantías para la movilización y la protesta, se dejó en claro que ambas deben ser "pacíficas". Además, se incluyó la participación de las organizaciones de víctimas en las nuevas convocatorias que se abrirán para adjudicar radios comunitarias.

Fin del conflicto

Se redujo la financiación estatal para el nuevo partido que crearán las FARC. La cifra pasó del 10 por ciento del dinero que reciben anualmente los partidos y movimientos políticos, a un monto equivalente al promedio que recibieron esas organizaciones en las pasadas elecciones.

También se eliminó la financiación para la difusión de la plataforma ideológica de las FARC y, a cambio, se aumentaron los dineros para la financiación del centro de pensamiento y formalización política que van a crear los excombatientes. Estos últimos pasaron del 5 al 7 por ciento del presupuesto anual para el funcionamiento de partidos y movimientos.

Tal como había pedido el exprocurador Alejandro Ordóñez, las partes dejaron claro que las FARC deberán incluir a sus milicianos en los listados de integrantes que le entregarán al gobierno para realizar las etapas de entrega de armas y reincorporación a la vida fuera de la clandestinidad. A cambio, se acordó que "los miembros de las FARC no armados", que se supone son los milicianos, serán amnistiados rápidamente y quedarán en libertad, aunque a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en caso de que hubieran cometido delitos no amnistiables.

En cuanto a los menores combatientes, se definió un término de 15 días después de la firma del nuevo acuerdo para elaborar un programa especial de reintegración que los cobije, el cual estará a cargo del nuevo Consejo Nacional de Reincorporación.

Se incluyó, además, un apartado titulado "Obligaciones de los excomandantes guerrilleros integrantes de los órganos directivos de la nueva fuerza política que surja del tránsito de las FARC a la legalidad". En él se incluyeron dos exigencias a esos exguerrilleros: que contribuyan a garantizar el éxito del tránsito de las FARC a la vida civil y que resuelvan cualquier conflicto que surja entre los excombatientes sobre el cumplimiento del acuerdo.

De otro lado, se excluyó a la guerrilla de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada de diseñar políticas para desmantelar organizaciones criminales que atenten contra defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos.

Pese a que el fiscal Néstor Humberto Martínez ya nombró a la exmagistrada del Tribunal de Bogotá, Alexandra Valencia, para dirigir la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía que perseguirá a esas organizaciones, el nuevo acuerdo fijó nuevas condiciones para esa elección. Ahora, el fiscal deberá nombrar un nuevo director de una terna de candidatos que se elegirán con el mismo mecanismo propuesto para la selección de los magistrados de la JEP.

Sorpresivamente, el nuevo acuerdo también incluyó el compromiso del Gobierno de presentar un proyecto de ley que promueva el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.

Drogas

Tal como pidió el uribismo, el nuevo acuerdo dejó claro que el gobierno no renunciará a la erradicación forzosa y ni a la aspersión.

Además, se acordó que todos los actores del conflicto que acudan a la JEP deberán suministrar la información que esté a su alcance sobre el negocio del narcotráfico y se aclaró que el Estado no podrá formalizar tierras de cultivadores hasta tanto no se erradiquen los cultivos de uso ilícito y se haga un compromiso con la no resiembra.

Se redujo de dos a un año el tiempo que tendrán los cultivadores para manifestar su decisión de renunciar a mantener los sembradíos de uso ilícito como condición para ser beneficiarios de medidas judiciales como la extinción de las condenas.

Se definió qué sectores religiosos y organizaciones sociales podrán participar en programas de tratamiento para consumidores.

Víctimas y justicia

Se pactó que las FARC entregarán un inventario de bienes y activos para reparar a las víctimas. También se agilizará la búsqueda de desaparecidos, con la participación de organizaciones de víctimas de la guerrilla.

Asimismo, se acordó que la JEP no podrá revisar sentencias proferidas por la Corte Suprema, excepto para casos de policías y militares, y se pactó que los procesados podrán presentar tutelas contra actuaciones de la JEP, que podrán ser revisadas por la Corte Constitucional.

En cuanto a la obligación de contar la verdad, el nuevo acuerdo dejó constancia de que ello no implica "aceptar responsabilidades".

También se eliminó la posibilidad de que los magistrados puedan ser extranjeros y se amplió el concepto de "agente de estado" a "toda persona que al momento de la comisión de la presunta conducta criminal estuviere ejerciendo funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o administrativas tanto a nivel central como departamental y municipal". Eso significa que los beneficios de la JEP no sólo aplicarán para policías y militares, sino también para funcionarios y personas elegidas en cargos de elección popular. Ahí caben los "parapolíticos".

Se decidió, además, que la JEP no sólo juzgará a civiles que colaboraron con grupos paramilitares, sino también con las guerrillas. Y que se los procesará cuando hayan tenido una participación ya no "habitual", sino "activa" en la comisión de crímenes graves.

Para zanjar las preocupaciones de los voceros del 'No' sobre la manera como serán procesados los guerrilleros por delitos relacionados con la financiación de la organización insurgente, las partes acordaron que "se entenderá como conducta dirigida a financiar la rebelión todas aquellas conductas ilícitas de las que no se hay derivado enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio".

Finalmente, se acordó que los guerrilleros pagarán sus penas en espacios no mayores a las zonas veredales transitorias donde dejarán las armas. Con el nuevo acuerdo, la verificación del cumplimiento de las sanciones estará a cargo del Tribunal para la Paz y de Naciones Unidas.

Implementación

Se acordó que el nuevo acuerdo no hará parte del bloque de constitucionalidad. Eso significa que su implementación dependerá de la "buena fe" de los gobiernos.

Asimismo, se eliminó a Cuba, Noruega, Venezuela y Chile de la verificación internacional del cumplimiento de lo pactado. A cambio, se creó una comisión de dos notables "de representatividad internacional" para que verifiquen la implementación.

Entre los nuevos acompañantes internacionales para la puesta en marcha de los acuerdos se incluyó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Centro Carter, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas.

Se definió que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para desmantelar las organizaciones criminales deberá crearse a través de una ley o acto legislativo.

El gobierno y las FARC también le quitaron a los excombatientes la posibilidad de manejar las 31 emisoras radiales definidas en el acuerdo anterior. A cambio, decidieron crear 20 emisoras en las zonas más afectadas por el conflicto, que estarán a cargo de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y cuya función será hacer pedagogía de los acuerdos e informar sobre su implementación. Además, las partes tendrán un espacio de una hora y media cada semana durante dos años para hacer pedagogía a través del Canal Institucional.

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