Así es la violencia de género que padecen las líderes sociales en Colombia

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Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

"La sacaron de su casa. La violaron, la torturaron y la mataron a pocos metros de ese lugar", dijo una dirigente campesina de Rosas, en Cauca, un departamento al centro-oeste de Colombia.

Ella conocía a Idalia Castillo Narváez, la líder social asesinada el pasado miércoles, 9 de agosto, en ese municipio, pues las dos hicieron parte de la mesa de víctimas del departamento, y representaban a su comunidad ante las Juntas de Acción Comunal. "Era una líder reconocida", señaló un compañero de la comunidad, que pidió reserva de su nombre.

"Las cosas fueron muy feas de acuerdo con el reporte que nos entregan las autoridades. Estamos al tanto de lo que acabe de pasar con la investigación", dijo horas después del crimen la secretaria de la Mujer del Cauca, Elvia Rocío Cuenca. Varias organizaciones de mujeres también ha repudiado el asesinato y las agresiones previas y exigen a las autoridades dar con los responsables del crimen. Idalia fue la última víctima de la violencia contra líderes sociales en el país.

El crimen de Idalia Castillo es, según la ley 1761 de 2015, conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, un feminicidio. De acuerdo con la normativa, hay crimen de género cuando es evidente una intención de "ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad".

Además, es feminicidio cuando el victimario quiere "cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural".

Eso, justamente, fue lo que le sucedió a Idalia el miércoles en Cauca.

"La violencia ejercida contra las mujeres que defienden los derechos humanos es tanto sociopolítica como de género, pues pretende atacar directamente estos procesos organizativos que involucran asuntos específicos de las mujeres", le dijo a ¡Pacifista! Martha Ordóñez, consejera presidencial para la Equidad de Género.

El crimen de Idalia Castillo, al mismo tiempo, recuerda otro de los capítulos más crueles de la guerra en Colombia. Durante años, todos los actores del conflicto convirtieron a las mujeres en un arma de su accionar y atentaron contra su cuerpo para mandar mensajes, destruir su liderazgo en comunidades, castigar conductas inapropiadas o ejercer control social.

Por eso ahora, ¡Pacifista! recuerda algunos episodios de esta violencia, reseñados en el informe 'Basta Ya' del Centro Nacional de Memoria Histórica, que contabilizó 1.754 víctimas entre 1985 y 2012. Dicho informe logró revelar "las profundas relaciones entre la violencia del conflicto armado y las violencias de género propias de una cultura patriarcal y de arreglos de género que han pretendido poner a las mujeres en un lugar de subordinación, de inequidad y de exclusión en los ámbitos privados y públicos, económicos y políticos, y que también ha impuesto un modelo de masculinidad violenta y opresiva".

Violar mujeres, la estrategia de los paramilitares

El informe 'Basta Ya' de Memoria Histórica identificó cinco estrategias que durante años aplicaron los grupos paramilitares para utilizar la violencia sexual y convertir a las mujeres en una poderosa arma de guerra. En primer lugar, utilizaron agresiones sexuales para atacar a las mujeres por su condición de liderazgo. También accedieron de forma violenta sus cuerpos para destruir el círculo afectivo de aquellos considerados como enemigos o para "castigar" conductas transgresoras o ignominiosas desde la perspectiva de los actores armados.

En cuarto lugar, estos grupos ejercieron violencia sexual contra las mujeres para sostener o perpetuar prácticas culturales (como el acceso que tuvieron varios comandantes a las niñas vírgenes en la costa norte del país), y finalmente violaron mujeres con el fin de generar cohesión entre los integrantes de grupos paramilitares y el afianzamiento de sus identidades violentas.

El portal Verdad Abierta reseñó en enero de 2014 que a esa fecha habían sido registrados en la Fiscalía 1.164 abusos, de los cuales 624 fueron documentados. Magdalena fue el departamento de Colombia donde más se registraron agresiones.

La violencia interna de las Farc

Según ese mismo informe, realizado mientras las Farc era todavía una organización ilegal en armas, la violencia sexual en este grupo armado ocurrió mayoritariamente dentro de las filas. "A través de informes de organizaciones de mujeres y de la Revista Semana, se ha conocido que en las filas guerrilleras, particularmente en las FARC, prevalece la planificación y el aborto forzado. Esta organización obliga a las niñas y jóvenes que integran sus filas a usar métodos anticonceptivos y, en caso de embarazo, el aborto forzado es común", señala el documento.

Sin embargo, según Memoria Histórica, la violencia guerrillera estuvo más marcada por "los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo", que por estrategias de violencia sexual.

También hubo casos en la Fuerza Pública

"La participación de miembros de la Fuerza Pública en algunos casos de violencia sexual también ha sido registrada", dice el informe Basta Ya. Según ellos, "miembros del Ejército Nacional fueron señalados como presuntos responsables en cuatro casos de violación sexual en el Magdalena, a lo que se suma un suceso que las víctimas describieron como realizado en conjunción con un grupo paramilitar".

"En dos casos, se trató de violaciones ejercidas contra poblaciones estigmatizadas como guerrilleras y las violaciones se combinaron con tratos humillantes y degradantes. En otros dos, los militares, abusando de la ventaja que ofrecen las armas, violaron a dos jóvenes: a una durante una fiesta para celebrar la Navidad y a otra en un camino veredal", señala el informe.

Además, documentos de la mesa Mujer y Conflicto también han involucrado a varios militares y policías en prácticas de violencia sexual. "Uno de los casos más emblemáticos se registró el 2 de octubre del 2010 en el municipio de Tame, Arauca, cuando un oficial del Ejército Nacional abusó sexualmente de dos menores de edad y asesinó con un machete a una de sus víctimas junto con sus hermanos de seis y nueve años", señaló el documento.

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