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Autoridades deben disculparse e indemnizar a indígena mexicana acusada de secuestrar policías

Jacinta pasó más de tres años en prisión por un crimen que no cometió. Ahora, en una sentencia histórica, un tribunal obliga a que en los próximos cuatro meses la Procuraduría General de la República repare el daño moral y material causado.
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Imagen vía Centro Prodh.
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Jacinta Francisco Marcial, indígena ñhäñhú, habitante de Santiago Mexquititlán, Querétaro, comunidad semirural ubicada a dos horas de la capital del país, fue detenida el 3 de agosto de 2006 por las autoridades acusada de haber secuestrado, junto con otras dos mujeres, a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), corporación policiaca encargada de indagar delitos del fuero federal.

Tres años después fue liberada por falta de pruebas que la incriminaran. Ante lo cual, a casi 10 años, un tribunal le exigió a la Procuraduría General de la República (PGR), institución que la acusó, reparar el daño causado a Jacinta.

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Desde aquéllos tiempos, la sociedad mexicana se mostró incrédula ante las acusaciones. No daban crédito a que Jacinta, junto con otras dos mujeres indígenas, hubieran sometido y secuestrado a seis agentes federales entrenados y fuertemente armados. Alberta Alcántara y Teresa González, las otras dos mujeres acusadas del supuesto secuestro, fueron liberadas en abril de 2010. Ahora aunque en el caso de Jacinta ya hay una buena noticia, aún se espera una sentencia que obligue a las autoridades a reparar el daño a Alberta y Teresa.

A partir de la decisión de este tribunal, "la PGR debe de pedir una disculpa pública a Jacinta por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por un delito que no cometió, ya que una indemnización no resarcirá por sí sola el daño ocasionado", señalaron miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), organización que junto con Amnistía Internacional acompañan el caso.

'La PGR debe de pedir una disculpa pública a Jacinta'.

En entrevista para VICE News, Luis Tapia, abogado del Centro Prodh, asociación que defiende a Jacinta desde 2008, agrega que la decisión del tribunal mexicano es histórica ya que formalmente abre paso para que se les repare el daño a las personas que hayan sido víctimas de la actuación irregular de ministerios públicos federales. "La PGR tiene cuatro meses para indemnizar a Jacinta por el daño moral y material y así cumplir la sentencia", comenta.

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En una rueda de prensa realizada este martes para comentar el caso, los miembros del centro de derechos humanos dijeron que no sólo se trata de la privación ilegal de la libertad que sufrió Jacinta, sino el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública su detención ante los medios de comunicación.

"De esta manera, en casos similares se puede demandar a la PGR la reparación integral por violar derechos humanos. Asimismo, la decisión del tribunal es inapelable por lo que la Procuraduría está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado", mencionaron los defensores de derechos humanos.

Ildefonso, el indígena preso por defender su bosque de los talamontes en México. Leer más aquí.

El supuesto secuestro había ocurrido el 26 de marzo de ese año. Los agentes habían asistido al mercado donde Jacinta vendía para supuestamente confiscar productos piratas. Pero en el operativo, los policías despojaron de sus mercancías a varios comerciantes y dañaron algunos locales comerciales, por lo que la comunidad los obligó a pagar por los daños causados. Ante eso, los agentes acusaron a las tres mujeres indígenas de secuestrarlos.

Por ese delito, un juez condenó a Jacinta a 21 años de prisión. Sin embargo, fue liberada el 15 de septiembre de 2009. Había pasado ya 37 meses tras la rejas acusada de un delito que aseguraba no haber cometido.

Durante su estancia en la cárcel, diferentes organismos defendieron su libertad y presionaron a las autoridades mexicanas. Un mes antes de su liberación, Amnistía Internacional la nombró presa de conciencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que sus derechos fueron violados, ya que los servidores públicos federales había incurrido en graves irregularidades, "llegando al extremo de fabricar testimonios". Ahora Alberta y Teresa también esperan justicia.

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