¿Es posible que las autoridades mexicanas enfrenten cargos por el caso Ayotzinapa?

Un extenso informe independiente que se publicó esta semana reveló que es imposible que los 43 estudiantes que la policía desapareció el año pasado, cuyo caso provocó un clamor mundial de justicia, hayan sido incinerados en un basurero como afirma el gobierno.

El informe fue redactado por un panel de prestigio internacional de pesos pesados de la comunidad de derechos humanos de Chile, Colombia, Guatemala y España. En esencia, refuta meses de trabajo en un expediente del gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

En un año se han arrestado a 110 personas vinculadas con el caso. Sin embargo, el gobierno ha sido incapaz de demostrar su declaración principal: que los narcotraficantes y los policías que los detuvieron en Iguala, Guerrero, apilaron a los estudiantes en forma entrecruzada, y los incineraron con madera y combustible.

También demostró que el gobierno intentó borrar las pruebas que mostraban que las autoridades federales, tanto la policía federal como el ejército, sabían que los policías locales iban a atacar a los jóvenes e incluso podrían haber participado en los ataques. Esta interrogante del caso sigue sin resolverse y es en lo que se enfocan las familias de las víctimas.

Un funcionario insistió en defender el trabajo del gobierno.

Tanto el informe publicado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como otro estudio reciente acerca de los fracasos de la justicia en Guerrero realizado por la Fundación Open Society, ambos llegan en un momento delicado para el gobierno de México.

El estancamiento económico y la caída de popularidad en las encuestas del presidente Enrique Peña Nieto se ciernen sobre una manifestación organizada con motivo del primer aniversario del ataque contra los estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014, la noche donde perdieron la vida seis personas y desaparecieron otras 43, cuyo paradero aún se desconoce.

La evidencia reunida meticulosamente que presentó el panel especial de la CIDH desacredita de forma casi irrefutable la versión oficial del gobierno sobre el caso de los estudiantes.

Según algunos observadores, el informe también planteó la posibilidad de que los funcionarios del gobierno podrían llegar a enfrentar cargos en un tribunal internacional por haber destruido grabaciones de cámaras de vigilancia y por negligencia en su obligación de realizar de forma eficaz la investigación de los atentados en Iguala.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de la CIDH, Tomás Zerón de Lucio, el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) insistió en una entrevista de radio el martes pasado que la versión oficial del destino de los estudiantes era "técnicamente posible".

El cártel de los Guerreros Unidos, acusado de incinerar a los 43 jóvenes después de secuestrarlos en Iguala, habría requerido más de una tonelada de llantas y cerca de tres toneladas de madera para hacerlo, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocada por la CIDH con la aprobación del gobierno de México.

La incineración habría requerido 60 horas, y no menos de 14 horas como dijo el gobierno. Y la radiación de la llama resultante habría quemado todo a su alrededor. Sin embargo, el basurero donde la incineración masiva presuntamente tuvo lugar estaba rodeado de árboles verdes apenas unos días después del supuesto incendio.

Los investigadores del GIEI comenzaron a trabajar en el caso Ayotzinapa a principios de año y entregaron personalmente el informe de 560 páginas a los padres de los 43 desaparecidos en una rueda de prensa el domingo pasado.

Entre los miembros del grupo se encuentran Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala; Carlos Martín Beristain, psicólogo español que se especializa en la atención a las víctimas; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia Villa, defensores de derechos humanos en Colombia; y Francisco Cox Vial, abogado chileno que ha trabajado en casos importantes de derechos humanos.

Los padres dijeron que esos descubrimientos eran la prueba de que el gobierno les había estado mintiendo.

"Somos humildes, pero no pendejos", dijo Epifanio Álvarez y padre de Jorge Álvarez en entrevista con VICE News. "Sabía que este pinche gobierno nos estaba mintiendo, es hora ya de que nos devuelvan a nuestros hijos o esto se pondrá feo".

Cada día que pasa, el caso para un juicio a nivel internacional se hace más fuerte.

El informe de GIEI — que tenía como portada el logo de tortuga de la escuela Ayotzinapa — llegó justo cuando los padres y los sobrevivientes del ataque estaban haciendo los preparativos para recordar el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. Hicieron un llamado a los simpatizantes para reunirse en un mitin con ellos como lo han hecho cada mes desde el atentado contra sus hijos.

Minutos después de la publicación del informe, el presidente Enrique Peña Nieto publicó una serie de tweets donde agradecía a los investigadores y solicitaba a los órganos gubernamentales correspondientes que revisaran el informe.

"He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por el GIEI", dice el presidente Peña.

La investigación de los 43 desaparecidos denuncia trabas del Gobierno de México. Leer más aquí.

Arriba, el documental deVICE News "Los 43 que faltan"

Lo que el informe no dice es qué pasó con los estudiantes. El panel especial dijo que no podía determinar a dónde llevaron a los estudiantes en vez del basurero de Cocula.

No obstante, el equipo informó que hubo un quinto autobús involucrado en la balacera del 26 de septiembre, lo cual confirma las declaraciones en los archivos que examinó VICE News en enero.

Ese quinto autobús llevaba aproximadamente a 14 estudiantes de Ayotzinapa y también fue blanco de la policía y el cártel esa noche. Los investigadores dijeron que es probable que el autobús transportara o planeara transportar drogas del cártel Guerreros Unidos hacia Chicago. Sin embargo, el panel no ofreció ninguna prueba concreta.

Una declaración jurada en diciembre de 2014 ante un tribunal federal en Illinois identifica a Iguala como el centro de actividad del cártel Guerreros Unidos para el transporte de heroína a Chicago. Algunos sospechosos detenidos por los asesinatos de Ayotzinapa afirmaron en un principio que creían que los estudiantes eran miembros de una cártel enemigo llamado Los Rojos.

"Por ello hemos pedido a la PGR [Procuraduría General de la República] que se ponga en contacto con Estados Unidos para establecer el vínculo, pues ya hay una investigación sobre casos de traslado de drogas en autobuses de pasajeros en aquel país", explicó Beristain.

El informe del GIEI señaló que el ejército y la policía federal estaban vigilando a los estudiantes que viajaban en el quinto autobús que fue atacado, lo cual contradice las declaraciones iniciales de las autoridades militares y federales de que no tenían conocimiento de los ataques de Iguala cuando ocurrieron. Sin embargo, según el informe, las grabaciones de las cámaras de vigilancia que podrían aclarar lo que pasó durante ese enfrentamiento fueron borradas en el transcurso de la investigación.

El presidente Peña Nieto dijo el lunes que estaba dispuesto a reunirse con los padres de los alumnos una vez más, como lo solicitaron. También dijo que requería la presencia de los expertos del GIEI. Los familiares de los estudiantes se reunieron con el presidente el pasado 29 de octubre pero quedaron insatisfechos con sus respuestas a sus demandas.

Los cuerpos hallados en fosas comunes no pertenecen a los 43 estudiantes desaparecidos. Leer más aquí.

En sus declaraciones, la procuradora general Arely Gómez no aclaró si la información nueva invalidaba la "verdad histórica" de la presunta incineración que estableció su predecesor, Jesús Murillo Karam, el pasado 7 de noviembre.

En ese entonces, Murillo Karam cerró el caso tras declarar que los estudiantes fueron "privados de la libertad y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero donde quemaron los cuerpos". El ex procurador general también dijo que los ejecutores "hicieron guardias y relevos para que el fuego durase horas arrojándoles diesel, gasolina, llantas, leña y plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje".

También presentó un video con la reconstrucción de los eventos y las declaraciones de los detenidos, quienes confesaron haber quemado los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula. No obstante, la investigación del GIEI señala que las autoridades torturaron a los sospechosos del caso durante los interrogatorios.

Murillo Karam dejó su puesto el 27 de febrero y estuvo en un puesto de rango bajo en el gabinete de Peña Nieto. El mes pasado salió del gobierno por completo tras una reestructuración en el gabinete.

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Por otro lado, el informe del GIEI también indica que al grupo se le negó el permiso para entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería, localizado en Iguala y ha tenido que enfrentar una serie de protestas y reclamos por las irregularidades en el caso.

Los principales defensores de los derechos humanos recibieron con satisfacción el estudio del GIEI, afirmaron que era sólido y detallado, y dijeron que planteaba una perspectiva preocupante para los actuales funcionarios mexicanos. Si la impunidad en el asunto sobrepasa los instrumentos de justicia dentro de las instituciones de México, es posible que los organismos internacionales tengan que involucrarse directamente. Algunos padres de los de estudiantes desaparecidos viajaron a Ginebra en febrero para pedirle a la ONU que investigara el manejo del caso por parte de los funcionarios mexicanos.

"El reporte deja ver al menos una negligencia muy fuerte por parte de los funcionarios públicos a cargo de la investigación, y ahí nos parece que debería de haber una sanción seria", dijo Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México, en una entrevista este miércoles.

"El gobierno mexicano está en su límite", añadió Quiroz. "Cada día que pasa, el caso para un juicio a nivel internacional se hace más fuerte".

En un comunicado, Human Rights Watch dijo que el informe refuerza el hecho de que las desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad mexicanas son "generalizadas", lo cual indica que todo el gobierno, desde el presidente hasta los rangos más bajos, podrían ser responsables de esos crímenes.

"Sin este informe, el alcance total de las fallas en la investigación probablemente nunca habrían salido a la luz y el caso de los 43 estudiantes habría permanecido cerrado", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. "Las instituciones de justicia en el país necesitan escrutinio externo para evitar que se repita este comportamiento vergonzoso".

"No me voy a cansar; no me he cansado. Mi hijo está vivo y lo extraño. Lo quiero en la casa ya, ahorita", dijo Epifanio Álvarez, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, en una entrevista con VICE News el domingo pasado.

El informe completo del GIEI está disponible en esta página.

Los 43 que faltan: estudiantes desaparecidos en México (reportaje completo). Ver aquí.