Ayer poderosos, hoy en la antesala de prisión: la justicia tras varios gobernadores de México

México ha vivido una mitad de semana atípica: en sólo 24 horas, dos gobernadores que parecían intocables han caído de la plenitud del poder hasta la antesala de la prisión.

El pasado miércoles por la noche, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) revocó los derechos de militancia a uno de sus más destacados integrantes: el exgobernador del estado norteño de Sonora, Guillermo Padrés, quien es investigado por el delito de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El movimiento político del partido conservador parece enviar un mensaje: el exmandatario ya no goza de la protección del partido.

Horas más tarde, ese mismo día, otro gobernador al que también le habían suspendido sus derechos políticos, pero en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejaba el cargo anticipadamente: Javier Duarte, el polémico mandatario de Veracruz, acusado de enriquecimiento ilícito y desviación de recursos por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente de México, un país que suele ver a sus gobernadores como caciques y cuyos excesos no suelen ser castigados, ni siquiera con la revocación de la militancia de sus partidos.

Sin embargo, Padrés y Duarte son sólo la punta de una lanza de corrupción que atraviesa al sistema político mexicano.

Por el lado del PRI, hay un gobernador y dos exgobernadores que parecen tener, al menos, medio pie en la cárcel: el actual mandatario Roberto Borge, del estado sureño de Quintana Roo, fue señalado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción de crear una red de funcionarios que se apropiaban del patrimonio de empresas y particulares; el extitular de la administración del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, está señalado por la PGR como presunto cerebro de una operación para desviar recursos públicos; y el exjefe del Ejecutivo local del estado de Chihuahua, César Duarte, es investigado por los posibles delitos generados por aumentar la deuda estatal hasta 50 mil 700 millones de pesos [2.800 millones de dólares].

En el caso de los tres, sus sucesores prometieron en campaña que, si resultaban electos —y así fue— los encarcelarían.

La oposición tampoco tiene buenas cartas de presentación: el derechista Partido Acción Nacional, además de Padrés, tiene entre sus "frutas podridas" al gobernador del estado de Baja California, Enrique 'Kiko' Vega de la Madrid, quien está acusado de peculado y enriquecimiento ilícito por el PRI. Y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática tiene en sus filas a Graco Ramírez, mandatario de Morelos, a quien organizaciones civiles, universidades públicas y activistas quieren destituir mediante un referéndum por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Y aunque en México el 99 por ciento de los delitos se mantienen en la impunidad —según el Índice de Impunidad Global, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla—, los casos de gobernadores que han sido encarcelados o han renunciado anticipadamente a sus funciones cada vez son más frecuentes.

Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, fue acusado de gastar millones de pesos del erario público en empresas fantasmas y de lavado de dinero y, por ello, tuvo que renunciar anticipadamente a su cargo como presidente nacional de su partido, el PRI. Tomás Yarrington, exjefe del ejecutivo en Tamaulipas y exprecandidato presidencial en 2006, está prófugo de la justicia desde el 2012 tras ser acusado de tener facilitar las operaciones en su estado del Cártel del Golfo.

Asimismo tres mandatarios del PRI ya están en prisión. Andrés Granier, exmandatario de Tabasco, está encarcelado por desvío de recursos. Jesús Reyna, exgobernador interino de Michoacán, está tras las rejas por supuestos lazos con el narcotráfico. Y Mario Villanueva, exgobernante de Quintana Roo, está recluido en Estados Unidos desde 2013, luego de pasar 14 años en cárceles mexicanas, por colaborar por grupos dedicados al trasiego de drogas.

La caída en menos de 24 horas de Duarte y de Padrés ocurre cuando el presidente Enrique Peña Nieto trata de elevar sus bajos índices de popularidad perdidos a lo largo de cuatro años de gestión, afectados principalmente por una imagen de corrupción y desvío de recursos que lo incluye y también a sus más cercanos colaboradores. Actualmente, Peña Nieto tiene una popularidad por debajo del 23 por ciento de aceptación entre los ciudadanos, según la última encuesta del diario Reforma.

De acuerdo con datos del Índice de Competitividad Global 2016-2017, México es el país más corrupto de las 32 naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), conocido como "el club de los países ricos".

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