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Al banquillo de los acusados otro militar chileno involucrado en la Caravana de la Muerte

Juan Emilio Cheyre fue detenido en su país y se le sigue una investigación formal, debido a su presunta participación en el asesinato de 15 presos políticos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Imagen por Santiago Llanquin/AP Photo
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La Caravana de la Muerte es quizá uno de los episodios más tristemente célebres de la dictadura chilena (1973-1990). De esta manera fue bautizada una comitiva del ejército, que recorrió el país durante 1973, y que terminó con el asesinato de 97 presos políticos. Bajo las órdenes del dictador Augusto Pinochet esta caravana ejecutó con especial brutalidad a los contrarios al régimen que se acababa de instaurar a través de un golpe de Estado.

Ahora, a 43 años de este suceso, un ex general chileno de nombre Juan Emilio Cheyre, fue detenido por presuntamente estar involucrado en el asesinato de 15 de esos presos políticos.

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El exlíder del ejército de Chile fue detenido la semana pasada, y ya está abierta una investigación formal en su contra. Sin embargo el día de hoy fue puesto en libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos chilenos [unos 1.500 dólares]. La decisión fue tomada por el ministro Mario Carroza, el mismo que había ordenado su detención. Ahora Cheyre continuará el proceso judicial en libertad.

El caso ha llamado especialmente la atención en su país, ya que Cheyre sirvió como dirigente del ejército nacional nuevamente entre 2002 y 2006, ya en plena democracia, y declaró que un golpe de Estado y violaciones a los derechos humanos "no deberían suceder nuevamente" en Chile.

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"El ejército está viviendo una gran transformación. Estamos construyendo el ejército del Siglo XXI. Junto a ello, hemos dado pruebas que nuestro proceso se ha comprometido a nunca más violaciones a los derechos humanos", dijo Cheyre en el año 2003. Estas palabras fueron de gran trascendencia, ya que significaron que por primera vez un oficial de su rango marcaba un antes y un después respecto de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

Hoy, 13 años después de esta frase, el general se encuentra tras las rejas mientras un juez investiga las alegaciones de complicidad en el asesinato de estas 15 personas en la ciudad de La Serena, por donde pasó la llamada Caravana de la Muerte.

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El comité que formó esa caravana usó, durante su recorrido por unas 16 ciudades del país, un helicóptero Puma del ejército y su misión era "agilizar y revisar" los procesos contra los detenidos tras el golpe de Estado perpetrado el 11 de septiembre de 1973.

'El ejército está viviendo una gran transformación… nunca más violaciones a los derechos humanos'.

Hasta el día de su detención Cheyre se desempeñaba como Director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Chile y daba clases de en la Facultad de Derecho de la misma institución a la cual presentó su renuncia.

El arresto de Cheyre sucede dos semanas después de que un jurado de Florida encontrara culpable al exoficial Pedro Pablo Barrientos por haber torturado y asesinado a activistas políticos y al cantante Víctor Jara en 1973. La corte ordenó que pagara una suma de 28 millones de dólares por daños a la viuda de Jara y a su hija.

Jara fue arrestado un día después de que el general Pinochet tomara el poder, para luego ser llevado al Antiguo Estadio de Chile junto con cientos de activistas. El cantautor fue sometido a diferentes tipos de tortura física, entre ellas se sabe que le fracturaron las manos a golpes antes de darle el tiro de gracia.

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Barrientos, que era lugarteniente en aquel momento, supuestamente alardeaba de su participación en la muerte de Jara. Después se mudó a Deltona, Florida, y vivió escondido hasta que un equipo de televisión chilena lo rastreó en 2012.

La demanda fue posible gracias a la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura que permite la persecución en los Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos cometidas en otros países. El gobierno de los Estados Unidos aún no ha respondido a la solicitud del gobierno chileno de extraditar a Barrientos, presentada en 2012.

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