Así es el billonario negocio del comercio de armas, según sus detractores

Que el comercio de armas es un negocio más lucrativo que el tráfico de drogas y la trata de personas es un dato conocido. Pero los detalles que impulsan la rentabilidad ese negocio no lo son tanto y, por ello, la ONG Amnistía Internacional ha publicado una serie de datos para entender este fenómeno.

De acuerdo con el reporte, el volumen medio anual del comercio de armas, en los últimos 10 años, se evalúa en 100.000 millones de dólares. Y para ello, el mundo gasta unos 1.63 billones de dólares. Y el 70 por ciento de ese negocio procede de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, [Rusia](En imágenes: asistimos a la feria de armas donde Rusia burla las sanciones de Occidente), China, Francia y Reino Unido.

Ese dinero permite — entre otras adquisiciones — la producción anual de 12 millones de balas, sólo en el mercado legal. Esa balas asesinarán cada año a unas 508.000 personas, principalmente en lugares donde no hay un conflicto armado formal.

Unas 43 millones de personas hoy viven desplazadas de sus comunidades de origen por esa violencia, que permite que 875 millones de armas pequeñas y armas ligeras estén en circulación por todo el mundo.

"Por cada persona que muere en un conflicto armado, hay muchas más que resultan heridas, sufren tortura, abusos o desaparición forzada, o son tomadas como rehenes o privadas de algún modo de sus derechos humanos por medio de un arma", afirma el estudio.

Según Amnistía Internacional, el comercio anual autorizado de armas pequeñas y armas ligeras supera los 8.500 millones de dólares estadounidenses y más de mil empresas de casi 100 países fabrican armas pequeñas y armas ligeras.

El 24 de diciembre de 2014 se convirtió en derecho internacional el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas (TCA), cuya premisa fundamental es que si un país cree que las armas que se van a vender se utilizarán para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, debe detener su transferencia.

Dicho tratado ha sido firmado por 154 Estados que pertenecen A la Asamblea General de la ONU, pero la mayoría de ellos no cumple en la práctica diaria.

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