Bruselas evalúa a España por incumplir las normas que regulan la Tarjeta Sanitaria Europea

España no se ajusta a las normas comunitarias que regulan la Tarjeta Sanitaria Europea. Fue la respuesta escrita que la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, dio hace un mes a los eurodiputados españoles de Izquierda Unida (IU) Marina Albiol y Javier Couso, quienes preguntaron si era correcto que las autoridades españolas expidieran a los trabajadores con contratos temporales que viajaban al extranjero un certificado provisional válido por tres meses en lugar de la habitual tarjeta con una validez de dos años.

Bruselas pidió explicaciones a las autoridades españolas y desde entonces la Comisión "evalúa" la respuesta facilitada por España en base "a las normas comunitarias en materia de coordinación de la seguridad social", según señaló un portavoz comunitario a VICE News sin facilitar más detalles.

El ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad español, Alfonso Alonso, señaló el 26 de mayo en el Senado que efectivamente las autoridades comunitarias "consideran que se emiten demasiados certificados y que debemos operar con un sistema de tarjeta", subrayó. Y señaló que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya trabaja "en cambiar el procedimiento" para emitir tarjetas que solo tengan validez de tres meses.

El problema ha surgido tras la aparición de numerosos casos de españoles que se van a trabajar al extranjero después de que el Gobierno aprobara en 2012 el decreto de "medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones".

La medida restringió, por ejemplo, el acceso universal al sistema sanitario a los inmigrantes sin los papeles en regla o a las mayores de 26 años con rentas de 100.000 euros que nunca hubieran cotizado. Además, un año después, las autoridades españolas introdujeron una nueva condición y era que para mantener el derecho a la atención sanitaria en España nadie podía estar viviendo fuera del país más de tres meses. La consecuencia es que los jóvenes de esa edad que no han trabajado nunca y que precisamente salen a otro país europeo a buscar su primer empleo las autoridades españolas solo les facilitan un certificado que les cubre por tres meses.

"Nos había llegado por varios compañeros que se estaban yendo a buscar trabajo fuera de España y que no les estaban dando la tarjeta sanitaria europea sino el Certificado Provisional Sustitutorio", explica Marina Albiol en conversación telefónica con VICE News. En todos los casos, subraya, las personas que emigraban tenían contratos temporales y en muchos de los casos el certificado — una fotocopia en papel con los datos y la información escrita solo en español — no estaba siendo aceptado en centros médicos europeos.

"En Alemania se han producido casos en los que les han exigido una traducción jurada del certificado y en países como Irlanda ni siquiera lo aceptan", afirma en conversación vía Skype desde Uruguay Sonia Camallonga, quien forma parte de la comisión de Sanidad de la Marea Granate, el colectivo social que representa a los emigrantes españoles que se marchan al extranjero para buscar trabajo. Para ella, los problemas que están surgiendo se deben "al cambio de modelo en el sistema sanitario español que llegó con la aprobación del decreto y que vincula la asistencia sanitaria en función de si cotizas o no a la Seguridad Social, cuando antes no era así".

La normativa europea que regula la asistencia sanitaria en un país comunitario — y que España debe cumplir — establece que los Certificados Provisionales Sustitutorios solo deben expedirse en caso de robo de la tarjeta sanitaria o cuando la partida al extranjero sean tan rápida que no haya tiempo suficiente para emitir el documento reglamentario. Es decir, solo deben entregarse en "circunstancias excepcionales", como subrayó la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales en su respuesta escrita.

Según reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 225.000 españoles se fueron de España entre 2008 y 2012. Pero un informe elaborado hace dos años por la Fundación Alternativas, La nueva emigración española, eleva la cifra a más de 700.000.

Raquel Sánchez, socióloga de 26 años, salió hace dos de España rumbo a Irlanda en busca del trabajo que no encontraba en su país. Primero formó parte del Programa de Voluntariado de la UE, cuando terminó al cabo de un año regresó pero ante la falta de perspectivas se marchó de nuevo a Dublín a "buscarse la vida", y donde logró un contrato temporal de administrativa en una empresa.

El año pasado tuvo que acudir al médico por una infección y como su tarjeta sanitaria europea estaba caducada las autoridades sanitarias irlandesas le exigieron pagar 100 euros por adelantado para ser atendida en Urgencias. A través de su familia en España, trató de renovar la tarjeta europea pero como ya había cumplido los 26 años y no había cotizado nunca en España se la denegaron — además del reembolso de la atención médica en Irlanda — y solo le dieron el certificado de los tres meses. Este año le volvieron a dar un nuevo certificado por tres meses — solo se permite uno al año —, que ya le ha caducado y se ve "como muchos otros españoles sin ningún tipo de protección" ya que la sanidad irlandesa no es universal y solo es posible acceder a ella con un seguro médico.

El ministro de Sanidad español aseguró en el Senado que España está trabajando para cambiar los certificados en papel por unas tarjetas — y adaptarse así a la normativa europea —, que en cualquier caso, seguirán siendo válidos solo por tres meses. "Consideramos que tres meses es tiempo suficiente para encontrar un trabajo", subrayó Alonso, quien explicó que si un español trabaja en el extranjero debe ser ese país quien cubra sus prestaciones sanitarias.

Faustina González, una enfermera de 37 años que trabaja desde hace dos años en un hospital inglés rechaza las palabras del ministro: "Yo tardé siete meses en encontrar trabajo y eso que yo ya llevaba muchos trámites realizados desde España".

En noviembre de 2012, se marchó de su país con su prestación por desempleo exportada — algo posible tras registrarse como demandante de empleo en el país de llegada — pero con un Certificado Provisional Sustitutorio, que le caducó a los tres meses. Justo una semana después se vio en la necesidad de acudir a Urgencias. "Por entonces la sanidad inglesa era gratuita [ahora se han introducido algunos copagos] y no me cobraron nada, pero si llega a ser en otro país hubiera tenido que pagar porque España no me dio la tarjeta sanitaria europea", subraya. Hasta tres meses después no logró su primer contrato como enfermera.

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