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Burundi acepta recibir observadores militares y humanitarios, pero nadie se lo cree

El presidente Nkurunziza ha permitido finalmente que la comunidad internacional intervenga en la crisis de Burundi. Sin embargo, expertos locales y miembros de la oposición han expresado sus reservas a que el presidente consienta algo de lo que promete.
Imagen por Evrard Ngendakumana/Reuters
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Hace más de 10 meses, los burundeses salieron a la calle a manifestarse en contra de la decisión de su presidente de concurrir a las elecciones por tercer mandato consecutivo, algo que la Constitución de Burundi prohibía terminantemente. Las manifestaciones desembocaron en violentos enfrentamientos en los que murieron más de 400 personas. Desde entonces la situación se mantiene dentro de los límites de una calma muy tensa. Ahora parece que el país africano se ha avenido finalmente a permitir la ayuda de la comunidad internacional.

En realidad los expertos regionales y los miembros de la oposición política se han mostrado de lo más escépticos ante la idea de que la ayuda internacional pueda resolver la crisis que vive el país.

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Después de una serie de visitas de los miembros de la cúpula de la ONU, incluida la de su secretario general, Ban Ki-moon y la de una delegación de líderes africanos, Nkurunziza ha dado marcha atrás a su negativa y se ha avenido a que la Unión Africana (UA) envíe una delegación de observadores humanitarios y militares al país. Naciones Unidas también ha revelado que tiene planes para enviar a un equipo de investigadores de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Esta tendrá la misión de examinar las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos que se han registrado por todo el país, y emitir un informe en que proponga cómo estabilizar la situación.

"Nuestra intención es ayudar a que se respeten los derechos humanos, y garantizar que quienes no los hayan respetado sean imputados y responsabilizados. Se identificará a los perpetradores en caso de que los haya", asegura Christof Heyns, especialista en ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, que es, además, miembro del equipo investigador.

Burundi se encuentra sumida en la violencia desde que Nkurunziza anunciara que concurriría a las elecciones por tercer mandato consecutivo. Lo anunció en abril, lo cual desató las manifestaciones populares. Miles de ciudadanos tomaron entonces las calles de la capital del país, la ciudad de Buyumbura. Las protestas enseguida subieron de tono y terminaron convertidas en violentos enfrentamientos entre la policía y los partidarios del presidente.

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Sucede que muchos interpretaron que el líder africano, un ex rebelde de 52 años, estaba violando el precepto constitucional que establece que ningún presidente podrá estar en el poder durante más de dos mandatos. Sin embargo, Nkurunziza y los suyos adujeron que tenía derecho a presentarse porque, técnicamente no el militar no fue elegido democráticamente durante su primer mandato. Entonces, el mandatario fue elegido por su parlamento como primer líder para gobernar el país tras una cruenta guerra civil de 12 años.

El Tribuna Constitucional de Burundi terminó fallando a favor de Nkurunziza, quien se alzó con una ajustada victoria electoral el pasado mes de julio. Sin embargo, los disturbios se intensificaron de tal manera que se estima que alrededor de 240.000 personas han huido ya de la violencia rumbo a las vecinas Ruanda y Tanzania.

La comunidad internacional teme que la crisis puede desembocar en una nueva guerra civil, un escenario nada halagüeño, especialmente ahora que Burundi lleva una década relativamente tranquila, más o menos desde que Nkurunziza asumió el poder en 2005.

Ruanda teme que la violencia de Burundi se convierta en un nuevo genocidio. Leer más aquí.

Todavía no se ha decidido cuando está previsto permitir el despliegue de los observadores de la UA. El plan, en cualquier caso, consiste en enviar a 100 observadores humanitarios y a otros 100 observadores militares, según anunció a lo largo del fin de semana el presidente surafricano Jacob Zuma, quien sostuvo charlas con líderes de distintos países africanos como Senegal, Etiopía y Mauritania.

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"Creemos firmemente que la solución a los problemas políticos de Burundi solo puede ser abordada a partir de un diálogo pacífico e inclusivo", proclamó Zuma en un comunicado tras la decisión que tomó.

La iniciativa de destacar a observadores lleva tiempo siendo discutida, y lo cierto es que las cifras que se barajaron en las primeras conversaciones han quedado muy rebajadas respecto a las que se están considerando ahora. La Unión Africana contempló inicialmente la idea de mandar una misión pacificadora integrada por 5.000 hombres, con o sin el consentimiento de Burundi.

Sin embargo, la escalada de violencia registrada a finales de 2015 provocó que la UA considerara abiertamente la intervención, por primera vez en su historia. Sin embargo, el gobierno de Nkurunziza proclamó que no consentiría un plan que permitiera la entrada de tropas extranjeras en su suelo, unas proclamas que suscribieron otros países africanos, pues entendieron que se trataba de una forma velada de invasión. La idea quedó, finalmente, prohibida, durante la cumbre anual de al Unión Africana celebrada a principios de año.

'Se trata de una intervención sin ningún tipo de sentido'.

A pesar de que la aceptación de Nkurunziza delata cierta apertura, la oposición ha criticado el nuevo plan, pues considera que no es lo suficientemente fuerte.

"Tienen que incrementar el número, de manera que puedan cubrir una parte más amplia del territorio del país", opinó Thacien Sibomana, portavoz del partido UPRONA, la formación de la oposición, en declaraciones a la agencia Reuters. "Por desgracia, no han hecho mención alguna al destacamento de los pacificadores, mientras la gente sigue muriendo".

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Teniendo en cuenta que Burundi ha sido incapaz de garantizar el acceso de los observadores de los derechos humanos a lo largo del último año, lo más probable es que esta última iniciativa no sea lo suficientemente potente como para hacerse cargo de la gravedad de la situación. Al menos así lo piensa Cara Jones, profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad Mary Baldwin, y experta en Burundi.

"Mucho ruido y pocas nueces", comenta. "Se trata de una intervención sin ningún tipo de sentido".

La descarnada violencia que recorre Burundi ha amainado en las últimas semanas. O al menos, eso es lo que parece. Lo cierto es que el conflicto se ha desplazado masivamente de la capital a las zonas más rurales del país, donde sigue su curso. Jones no cree que la situación vaya a empeorar con el destacamento de los observadores, claro que tampoco cree que las cosas vayan a mejorar en absoluto.

Exclusiva: un documento de la ONU demuestra que no podría evitar un genocidio en Burundi. Leer más aquí.

Un informe reciente elaborado por la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha concluido que las fuerzas del gobierno están atacando a objetivos de su propia oposición, y advierte que se está registrando un "alarmante índice" de asesinatos, raptos, detenciones arbitrarias y de torturas. A pesar de que el año pasado los cadáveres cubrían las calles del país, HRW también apunta a que ahora muchos abusos se están produciendo entre bastidores, en forma de detenciones secretas.

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"La policía de Burundi, el ejército, los servicios de inteligencia y los miembros de las juventudes del partido de Nkurunziza, están empleando métodos cada vez más brutales para castigar y aterrorizar a sus contrincantes", cuenta Daniel Bekele, director de HRW en su informe. "Las fuerzas del gobierno están tratando a sus presuntos contrincantes con una crueldad extrema y con ensañamiento, algo que podría disparar la violencia en cualquier momento".

La violencia perpetrada por las fuerzas de la oposición también se ha multiplicado sobremanera. HRW ha documentado casos en los que los refugiados burundeses que huyen por la frontera con Ruanda están siendo reclutados para unirse a la lucha armada de los grupos rebeldes. Naciones Unidas ya había documentado con anterioridad casos de reclutamiento de refugiados burundeses en Ruanda.

"Los ataques de la oposición están siendo cada vez más deliberados y están siendo dirigidos contra miembros o simpatizantes del partido de Nkurunziza y contra las fuerzas de seguridad", relata Bekele. "A diferencia de lo que rezan sus líderes en todos sus comunicados, que claman querer defender a la población, sus estrategias están poniendo a los burundeses en riesgo de futuros abusos, y serán ellos quienes terminarán pagando las consecuencias".

Si el plan de la Unión Africana no consigue atajar la crisis, si el gobierno siguen orquestando abusos y los rebeldes contraataques, la actual rebelión podría desembocar en una nueva guerra civil.

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