¿Qué harías si el presunto responsable de la muerte de tu hijo te pidiera 777.000 euros?

Esto es lo que le sucedió el jueves pasado a la familia de Iñigo Cabacas, un aficionado del Athletic de Bilbao que el 5 de abril de 2012 falleció por el impacto de una bala de goma disparada por un Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, en el Estado español. El mando de la operación, parapetado bajo el nombre de "Ugarteko", exigió esta suma a la abogada de los familiares del joven durante un acto de conciliación previo a la interposición de la demanda.

La exigencia es extensible al periódico Gara y al digital Naiz, quienes, de acuerdo a la defensa, habrían violado su derecho a la presunción de inocencia difundiendo su nombre y apellidos.

Iñaki Larrea Arrutia, el hombre tras el pseudónimo, alegó secuelas vinculadas a la mencionada publicación después de haber recibido tratamiento psiquiátrico y psicológico durante 18 meses. La defensa de Larrea aseguró que su cliente había sufrido daños personales, morales y pérdida de confianza y seguridad en sí mismo por el miedo a ser reconocido y agredido. Siempre según su abogado, el mando policial vivía sumido en el aislamiento social. Por el momento, el agente ha sido trasladado y se le apartó del mando.

La familia del fallecido asegura que un consejero del Ejecutivo autonómico les dijo que no todos los crímenes se resuelven. Según Manu Cabacas, el padre de Iñigo, el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, le espetó "no te creas que todas las viudas de los ertzainas consiguen saber quienes mataron a sus maridos". Fernández se refería a las acciones de la organización armada secesionista Euskadi Ta Askatasuna (ETA, que en euskera significa "País Vasco y Libertad").

El País Vasco ha estado atenazado por la violencia durante más de medio siglo. Desde 2011, ETA mantiene un "cese definitivo de la actividad armada" sin condiciones.

"Lo que quiere [Larrea] es condicionar nuestra actuación presionando para que no pidamos su imputación", declara a VICE News Jone Goirizelaia, abogada de la familia. Coincide con ella Iñaki Soto, director de las cabeceras interpeladas por Larrea, quien añade otro posible motivo a este medio: el afán de enriquecimiento del mando policial.

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Soto lo tiene claro: "Un policía no puede pretender que la sociedad no sepa quién está ejerciendo esta labor; nosotros no hemos publicado nada que no haya sido publicado oficialmente". El periodista vasco recuerda que la información que difundió su medio se puede encontrar en el boletín oficial.

Esta demanda llega a un mes del cuarto aniversario de la muerte de Cabacas durante la celebración de la victoria de su equipo. "Pitu", apelativo cariñoso de Iñigo, estaba junto a sus amigos en un callejón adyacente a la Calle María Díaz de Haro. Una pelea motivó varias llamadas a la policía autonómica, pero antes de que los agentes llegaran los ánimos ya estaban calmados.

A pesar de que el mando sobre el terreno de la división antidisturbios corroboró este supuesto informando a su superior de que no había ninguna reyerta cuando se desplazaron al lugar, "Ugarteko", nombre en clave del mando que coordinaba el operativo desde la comisaría, ordenó "entrar con todo" en el callejón.

Testigos presenciales e imágenes tomadas desde teléfonos móviles muestran a agentes de la policía autonómica disparando balas de goma directamente a la aglomeración. Fue uno de estos proyectiles el que arrebató la vida de Íñigo Cabacas y el que desencadenó el cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de su muerte, un asunto que hoy se aborda en los tribunales.

Vídeo de la actuación policial el día de la muerte de Íñigo Cabacas.

Arma prohibida

Iñaki Soto entiende que los antidisturbios de la Ertzaintza se rigen por "protocolos que tienen que ver con una política antiterrorista y antiinsurgente". Este cuerpo estaba acostumbrado a operar contra la denominada kale borroka, "lucha en la calle" en euskera.

Periodistas y policías denominaron así a los combates callejeros que jóvenes independentistas protagonizaron, de forma especialmente intensa en los 90, en el País Vasco y Navarra. Tras la detención de la cúpula de ETA en Bidart en 1992, se pasó de 86 casos de violencia en las calles en 1990 a 1.262 en 1996.

La versión oficial del Gobierno vasco señaló la presencia de encapuchados e insistió en el lanzamiento de objetos, algo que las grabaciones de las llamadas y los testigos presentes desmienten. Estas afirmaciones sugerían que la actuación policial fue proporcional a la reacción de los concentrados evocando épocas pasadas.

Un año antes del trágico suceso, la Comisión Europea había prohibido a la Ertzaintza el uso de balas de goma. Este cuerpo autonómico no ha vuelto a dispararlas tras la muerte de Cabacas. En el País Vasco y en el resto del Estado ha habido decenas de heridos graves por estos proyectiles.

VICE News ha intentado contactar al abogado del mando de la policía autonómica vasca, pero al cierre de este artículo no ha obtenido respuesta.

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