¿Caza de brujas en Venezuela? Políticos, pero también activistas y ciudadanos en la mira

El ex fiscal venezolano Franklin Nieves asegura que se fabricaron pruebas para inculpar al opositor Leopoldo López, ahora condenado a 13 años de prisión; la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostienen que los defensores de derechos humanos son acosados y difamados en los programas de televisión oficialistas y voces de la disidencia ciudadana como la de la tuitera rebelde conocida por el pseudónimo Inesita Terrible están entre rejas.

"Hoy en Venezuela criticar, protestar o estar en contra del gobierno es muy peligroso", asegura a VICE News Jesús Ollarves, experto en derechos humanos y ex juez superior penal del Área Metropolitana de Caracas. "Todos, no sólo los opositores políticos, sino también los defensores de los derechos humanos y los ciudadanos están siendo criminalizados por el gobierno".

Estamos, añade Ollarves, "ante la sustitución de un estado constitucional por un estado delincuente donde la justicia no existe". Este entrevistado considera que el hecho de que los jueces y los fiscales sean provisorios es una de las mecánicas que contribuye la conversión del sistema judicial "en un apéndice del poder legislativo y ejecutivo venezolano".

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Medidas como la aprobación de leyes habilitantes que permiten al presidente Nicolás Maduro asumir competencias que no son propias del poder ejecutivo o la declaración del estado de excepción en Táchira, Zulia y Apure facilitan, según Ollarves, la vulneración de los derechos fundamentales.

"En esos estados no hay garantías judiciales y no existe conocimiento sobre el respeto de los derechos de los ciudadanos. Los abusos persisten y si te dedicas a informar o a defender los derechos humanos terminas enjuiciado y, a veces, hasta tu integridad física esté en juego", precisa el experto.

De acuerdo con la ONU, Venezuela es uno de los 38 estados del planeta donde más se vulneran los derechos humanos.

A la larga lista de líderes opositores que están entre rejas como Leopoldo López — condenado por delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente por las manifestaciones de 2014 — hay que sumar la de los activistas difamados por miembros del gobierno.

El caso de López es quizás uno de los más simbólicos y también uno de los más controvertidos en el ámbito político. Las revelaciones de Franklin Nieves, ex fiscal del caso abierto al opositor, quien aseguró que las pruebas contra el político eran falsas y que el gobierno mandó fabricarlas, han captado la atención de los medios de comunicación internacionales y han levantado mucha polvareda por su contundencia.

López no es el único político no oficialista encarcelado. El opositor Antonio Ledezma, acusado de conspirar contra el Gobierno al apoyar a grupos que presuntamente "pretendían desestabilizar" con acciones violentas al gobierno de Venezuela en un caso vinculado a las relaciones con el ejecutivo colombiano, se encuentra en una situación similar. La lista es larga y sigue con nombres como los de Manuel Rosales Guerrero o Manuel Ceballos.

Más allá de la política

La última publicación de la CIDH también condena los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, así como las declaraciones de altos funcionarios públicos que tienen el efecto de deslegitimar y criminalizar el trabajo de los defensores de derechos humanos. Al hostigamiento oficial a estos profesionales se añade el infausto recuento de hasta un total de 208 ataques a Organizaciones No Gubernamentales y a activistas en el país entre 2010 y marzo de 2014, de acuerdo con el mismo documento.

Marino Alvarado, miembro de la asamblea nacional y ex coordinador de la ONG Provea, ilustra a la perfección esta realidad. Casos como el de este activista, que fue asaltado y golpeado por tres desconocidos, alimentan las suspicacias sobre la relación que podría existir entre la descalificación pública que sufren por parte de miembros del gobierno venezolano y los episodios de violencia de los que algunos han sido víctimas.

"Llegué a casa con mi hijo de 9 años y cuando entramos había tres personas que esperaban en las escaleras. Nos encañonaron y ya en mi apartamento nos amarraron. Luego, me golpearon la cabeza…Nos dieron un susto de muerte", explica a VICE News Alvarado.

Los tres atacantes, que iban a cara descubierta, se llevaron la computadora, cámaras y diversos objetos, cuenta el activista.

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Alvarado ha interpuesto una denuncia al Ministerio Público para aclarar si el ataque tiene alguna motivación política y está relacionado con las diatribas que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, le ha dedicado desde la tribuna del programa televisivo "Con el Mazo Dando". Un espacio oficialista desde el cual este político carga contra la disidencia y todos aquellos que considera enemigos del gobierno.

Cabello ha llegado a acusar a Alvarado de ser amigo de los paramilitares colombianos, de ser un agente de la CIA infiltrado y un traidor que anda con delincuentes.

El propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó específicamente a Provea de ser una organización de derechas financiada por Estados Unidos y señaló concretamente a Alvarado, refiriéndose a él como "informante", a finales del pasado mes de agosto.

De acuerdo con Alvarado, a menudo, este hostigamiento se sustenta en enrevesadas tesis y chapuceras pruebas documentales que exhibe el propio Cabello durante la emisión del programa. "Una vez cogió una foto de un viajero que estaba en el aeropuerto de Panamá y le pegó mi cara recortada para poder cargar contra mi diciendo que yo había ido a un congreso que se celebraba en el país centroamericano para hablar mal de Venezuela", relata este activista.

En realidad, aclara, yo estaba en Brasil.

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"Condenamos lo que se ha convertido en un claro patrón para intimidar y difamar a defensores de DDHH sólo por promover los derechos humanos en su país y participar con organismos internacionales y regionales de derechos humanos", sentencia el informe de la CIDH.

"Alvarado, Marco Antonio Ponce y 11 defensores más han sido hostigados en los últimos meses", asegura Guadalupe Marengo, subdirectora del programa regional de América de Amnistía Internacional.

"Lamentablemente varios de los señalamientos realizados en los medios públicos y en la televisión oficial, han venido acompañados de la preocupante casualidad de acciones delictivas violentas contra las personas señaladas", añade Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela. En este sentido, Gómez se refiere a casos como el de Alvarado pero también el del defensor tiroteado Carlos Lusverti.

En este contexto, la Comisión de Política Exterior desempolvó un proyecto de ley de cooperación internacional que, según declaró el diputado opositor Leomagno Flores de Acción Democrática en el periódico El Nacional: "ordena hacer un registro de las ONG, ordena que todas las ONG que reciban fondos o que se dediquen a la actividad internacional tienen que seguir las pautas que les dicte el gobierno; es decir, si la ONG equis recibe fondos para un proyecto pero el gobierno difiere de sus objetivos o preceptos, no lo puede ejecutar".

Los ciudadanos también son víctimas de la confrontación y de la crispación que parece tener al país en vilo.

Inés González, apodada Inesita Terrible, fue detenida el pasado 9 de octubre por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por presuntas amenazas a funcionarios del Gobierno a través de su cuenta de Twitter. Los cargos imputados son de instigación pública, ultraje a funcionario público y ultraje violento. Unas acusaciones que se derivan de mensajes publicados en la red social respecto de Robert Serra, el diputado oficialista que fue asesinado.

Robert Serra no era un ser humano, era un criminal que comandaba colectivos del terror y armaba niños. ¡Así que viudas, dejen el PEO!

— Inesita Terrible (@inesitaterrible)October 3, 2014

Ni el Ministerio del poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz de Venezuela, ni el Defensor del Pueblo del país suramericano respondieron a las demandas de VICE News para dar su versión sobre la situación de los derechos humanos y los casos concretos que se abordan en este artículo.

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