Centroamérica, territorio hostil para los LGTBI

A Erick Martínez, un joven hondureño que trabajaba como electricista, lo despidieron por ser homosexual. "Mi jefe argumentó que su religión no le permitía tener a personas como yo. Que él prefería tener a un ladrón o a un violador antes que a una aberración así", cuenta a VICE News. El empresario dio por zanjado el asunto subrayando que "asco le daba" entregarle el dinero del salario.

Pero Erick Martínez, hoy activista LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), puede considerarse afortunado. Los insultos y discriminación laboral son tal vez preferibles a los 594 asesinatos de estas personas que ha registrado la Relatoría sobre los Derechos de LGTBI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe.

El documento abarca un periodo de 15 meses en los que además de los casi 40 homicidios mensuales recoge 176 agresiones contra personas de este colectivo en el continente.

No obstante, es Centroamérica, y en especial Honduras y El Salvador, el lugar donde más riesgos sufren las personas debido a su sexualidad. "Sólo en 2015 se tiene registro de 14 asesinatos en Honduras", apunta Martínez. "Pero el año más violento fue 2012, con 40 homicidios", añade apoyándose en datos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), la organización donde trabaja.

Por su parte, El Salvador contabiliza en lo que va de año 19 asesinatos, según cifras de la Asociación Comcavis Trans.

"Son países que han atravesado conflictos y han estado militarizados hasta hace unos años. Eso ha dejado remanentes como grupos de limpieza social. Además, el deterioro social y la pobreza conlleva la formación de pandillas" indica como posibles causas de esta situación Francisco Madrigal, responsable de la Unidad Política del Centro de investigación y Promoción para America Central de Derechos Humanos (CIPAC). "Y esa violencia afecta especialmente al colectivo LGTBI, que es la parte más delgada del hilo", apunta a VICE News.

Los gobiernos centroamericanos cuentan en su mayoría con artículos que condenan los crímenes de odio. Pero no son suficientes para que el grado de aceptación social del colectivo LGTBI vaya a la par que estos leves avances legislativos.

"El gobierno de Honduras no ha sido capaz de establecer mecanismos de protección […], esto responde a que existe poca voluntad política y, por otro lado, la influencia de líderes religiosos en la toma de decisiones del país", revela Erick Martínez. El activista apunta también que las campañas de sensibilización y leyes sobre la identidad de género brillan por su ausencia.

Karla Avelar, activista transexual y directora de Comcavis Trans carga contra el gobierno de El Salvador. "Se está volviendo cómplice por no investigar los asesinatos de las personas LGTBI. Es un gobierno estéril sin políticas ni leyes. Tampoco cumple los tratados internacionales como parte del Consejo de Derechos humanos de la ONU", dice a VICE News.

Avelar apunta a la doble moral, a "los legisladores que toman sus decisiones anteponiendo lo religioso" y a la impunidad como otras causas de las amenazas al colectivo LGTBI.

"La violencia se inclina como siempre hacia las mujeres transexuales", continúa Avelar. La visibilidad de los cambios hormonales y la exposición de muchas de ellas por ejercer la prostitución no hacen más que aumentar ese riesgo. La activista, tras tres intentos de asesinato, amenazas de muerte constantes y varias violaciones, la primera por un familiar a los diez años, sabe bien de lo que habla.

En este sentido, el CIDH alerta en su informe de que "la esperanza de vida de las mujeres transexuales en América oscila entre los 30 y los 35 años".

El reporte denuncia también la implicación de los cuerpos policiales en la violencia contra los LGTBI. "Abusos policiales, tales como tortura, tratos inhumanos y degradantes, y ataques verbales y físicos" cuando tratan de evitar la presencia en lugares públicos de homosexuales y transexuales.

El estudio llama la atención sobre el hecho de que los Gobiernos no recojan datos de agresiones a LGTBI y que las estadísticas se limiten a las que ofrecen la prensa y la sociedad civil.

"Muchas veces esta violencia se da en el ámbito familiar o dentro de la misma comunidad. Así que le restan importancia y no contabilizan esos casos como violencia contra el colectivo LGTBI", explica a VICE News la portavoz de Amnistía Internacional, Violeta Assiego.

"Siguen contemplando esta violencia como algo familiar. La minimizan y del algún modo la justifican y eso se traduce en una ausencia de políticas públicas para luchar contra estas agresiones", añade Assiego.

Hay otros tipos de discriminación, como la que se produce en el ámbito sanitario. "El acceso a la salud de los LGTBI a la salud es especialmente difícil en Panamá. El Salvador y Nicaragua", señala Francisco Madrigal del CIPAC.

"Las complicaciones van desde los impedimentos para acudir con la pareja hasta el miedo de los trabajadores a tocar a un paciente con VIH. Pero es que estamos hablando de contextos en los que aún se mantiene que la homosexualidad es una patología", explica.

El escolar es otro de los ámbitos donde los prejuicios saltan a la vista. "El bullying […] es permitido o propiciado en muchos ámbitos educativos por los mismos maestros ocasionando […] el abandono escolar, sumado a las dificultades económicas o la discriminación en las familias, limita el ejercicio al derecho a la educación", señala el informe de 2014 del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH).

La migración forzosa y la petición de asilo en Estados Unidos o Europa es la principal consecuencia de esta violencia. Patricio Vindel, activista LGTBI, salió de Honduras después de que un desconocido armado con una pistola fuera en su búsqueda a las oficinas donde él trabajaba. "Habíamos iniciado una campaña de investigación y denuncia de abusos policiales, pero la amenazas y llamadas telefónicas no tardaron en llegar", explica.

A las llamadas siguieron carteles amenazantes y el episodio del pistolero. "Casualmente yo había salido del despacho cinco minutos antes, así que no me pasó nada", relata a VICE News Vindel, quien hoy reside en Barcelona como refugiado y goza de un trabajo fijo.

Pero lograr eso no es sencillo. "La primera dificultad es la llegada a España, pues para pedir asilo debes estar en territorio español", explica a VICE News la responsable de Incidencia de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR), Pascale Coissard. "Y llegar a España es muy difícil: hay vallas en el sur, la entrada por costa es dura y hacerlo por avión requiere un elevado desembolso en el billete y un visado Schengen", añade.

Las dificultades continúan a la hora de demostrar ante la Oficina de Asilo y Refugio del ministerio del Interior los riesgos en el país de origen. "Es muy difícil aportar pruebas de amenazas que no son escritas o contar con los partes de la policía", añade Coissard.

Por ello, la obtención del estatuto de refugiado puede demorarse hasta cuatro años. En este trámite se encuentra Alejandro Díaz que llegó a España desde El Salvador hace sólo unos meses.

"Fue mi última opción. Traté de entrar a Estados Unidos en dos ocasiones, por tierra y pagando a coyotes, pero me detuvieron las dos veces y me devolvieron a mi país", relata a VICE News.

Díaz trabajaba como tesorero en la alcaldía de una pequeña localidad salvadoreña. "Ahí empezaron las burlas y mofas por mi condición", asegura. "Hasta que empecé a recibir amenazas y coacciones por parte de delincuentes porque yo manejaba el dinero institucional. Pero estoy seguro que todo vino desde dentro de la oficina."

Díaz llegó en primer lugar a Barcelona. "Pero no sabía que aquí hablaban catalán y lo pedían para trabajar", reconoce. Así que se trasladó a Alicante donde espera con la ayuda económica de la Cruz Roja a que su caso entre a estudio al ministerio del Interior.

"Los días se hacen años", confiesa. "Los trámites son lentos y hay mucha soledad aquí", lamenta.

La adaptación al sistema es otro de los muros con los que se topan muchos migrantes. "La situación que ellos vivían en sus países como LGTBI es completamente diferente a lo que se encuentran aquí. Así que tienen que hacer frente a otro lenguaje, otra forma de relacionarse", explica Rodrigo Araneda, presidente de ACATHI, la Associació Catalana per la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transexuals Immigrants.

Uno de los mayores retos es evitar la revictimización de estas personas. "Pueden tener todas las ayudas del mundo; pero no son independientes. Son muy vulnerables", señala.

"Por ejemplo cuando les otorgamos una habitación en pisos compartidos con otros refugiados. No puedes meter a una persona refugiada por su sexualidad en un piso con una familia conservadora musulmana", explica el presidente de ACATHI.

Nada es fácil. Patricio Vindel lo resume de este modo: "Dejas tu vida de la noche a la mañana para empezar de cero. Empezar a tejer de nuevo tu red social, a buscar trabajo, ver tus opciones de estudios. Y todo eso en un lugar en el que no tenías planeado vivir."

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