Centroamérica no es lugar para luchadores ambientales

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Honduras y Guatemala son los países más letales para los activistas ambientales, situación que ha empeorado con el paso del tiempo, según un informe publicado por la Amnistía Internacional.

Desde el golpe de Estado de 2009 en Honduras, con el que se depuso al mandatario Manuel Zelaya y tomó el poder Roberto Micheletti Bain, las condiciones para ejercer la defensa de los derechos humanos se han vuelto hostiles, según la Organización no Gubernamental (ONG).

Amenazas, hostigamiento, ataques directos y asesinatos, han sido cada vez más comunes dentro del país centroamericano; y según datos de la ONG Global Witness, 114 activistas ambientales han sido asesinado en Honduras desde 2006.

Uno de los asesinatos con mayor repercusión en los medios fue el de la líder indígena Berta Cáceres, el 3 de marzo de este año. Cáceres fue asesinada en la madrugada en su casa ubicada en la comunidad de La Esperanza, dentro del departamento de Intubicá al norte de Honduras.

La activista, quien por más de 20 años no cesó en su lucha a pesar de las continuas amenazas recibidas, ganó el premio Goldman en 2015, uno de los galardones más importantes en materia medioambiental.

Su muerte fue seguida por la de su compañero de lucha, Nelson García, quien fue asesinado doce días después, cuando el miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras llegaba a su casa y fue recibido a tiros por dos hombres.

Lesbia Urquía, otra compañera de Berta Cáceres, fue asesinada a machetazos cuatro meses después en la ciudad de Marcala, en la frontera con El Salvador. Diferentes activistas han involucrado al gobierno del país con la muerte de estos ambientalistas, y tres de los casos que marcaron al país y se mantienen impunes.

A pesar de que los ambientalistas se encontraban bajo medidas de protección cautelares emitidas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos en 2013, fueron asesinados. A estos casos se agregan los de 11 personas más, que también se encontraban bajo esta protección.

"La defensa de los derechos humanos es una de las profesiones más peligrosas de Latinoamérica" señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Asimismo, la ONG dio a conocer que durante el 2013, la Fundación contra el Terrorismo y su director, Ricardo Méndez Ruiz, organizaron un "ataque mediático" que criminalizó y denigró la labor de los ambientalistas guatemaltecos.

Las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala han sido recibido insultos que van desde "alborotadores profesionales", hasta "chusma fratricida fracasada", cita el informe.

Otro caso es el de Walter Manfredo Méndez Barrios, un líder comunitario de Las Cruces e integrante del Frente Petenero Contra Represas, que fue asesinado a balazos el 16 de marzo de este año, cuando se dirigía a una parcela de su propiedad en el departamento de Petén que colinda al norte y oeste con México y al este con Belice.

En ambos países, los defensores de la biodiversidad se enfrentan a retos avasalladores, ante los cuales no reciben apoyo de sus gobiernos, quienes tienen en su poder las tierras que los activistas tanto defienden, dice AI.

Amnistía Internacional, instó a los gobiernos de Guatemala y Honduras a "reconocer públicamente la labor legítima que realizan las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente". También pidió evitar el uso de cualquier tipo de lenguaje que desacredite el trabajo de los ambientalistas.

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