Residentes de la Isla de Pascua quieren acabar con el turismo masivo para salvar su patrimonio

Las cabezas de Moái, los volcanes, las playas y lo alejada que está del Chile continental han convertido la Isla de Pascua en un lugar cada vez más predominante en el turismo global. Sin embargo, son cada vez más los vecinos y las autoridades del grupo indígena de los Rapa Nui, los habitantes ancestrales de la isla que cambió el curso de la teoría de la evolución de las especies, que quieren poner fin a la inagotable invasión turística.

"No se trata de una fobia", asegura el alcalde de la isla Pedro Edmunds Paoa. "Se trata de una manera práctica de ver las cosas".

La Isla de Pascua es seis veces más pequeña que Hawái y su economía y sus infraestructuras resultarían insostenibles sin los dos aviones comerciales que aterrizan cada día en la su territorio procedentes de Chile, situado a 3.000 kilómetros de distancia. La isla también necesita para subsistir los tres cargamentos de mercancías que llegan por agua cada mes, para abastecer a una población que se ha disparado por la llegada de forasteros, que desembarcan allí atraídos por el buen tiempo, los trabajos en el sector turístico y los bajos índices de delincuencia.

Los datos del censo descubren que la población creció en 1.000 habitantes — de 3.000 a casi 4.000 — en la década de 1992 a 2002. A día de hoy ha rebasado ya la marca de los 6.000 residentes, una cantidad que tenía previsto alcanzar en 2020.

La Isla de Pascua recibe a 100.000 turistas al año. Las autoridades ya advirtieron el año pasado que se trata del máximo que la isla puede soportar, a pesar de que se espera que la cifra se triplique en los próximos cuatro años, tal y como señala un estudio realizado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Lo cierto es que en Chile se debate desde hace años la idea de redactar una ley que ponga límite al flujo de residentes de la isla. El congreso chileno, de hecho, lleva discutiéndola desde el año 2000, pero en estos 16 años todavía no ha logrado ser aprobada — en gran parte por la oposición de los Rapa Nui, que siempre han considerado que su redactado es demasiado blando.

Lo que sí que se consiguió fue cambiar el precepto constitucional de la Carta Magna chilena según el cuál todos los ciudadanos del país tienen derecho a vivir, residir y viajar en cualquier parte del estado. La provisión incorporó en 2012 una excepción: la de la Isla de Pascua.

Entonces, en 2014, la presidenta Michelle Bachelet aprobó que la Comisión para el Desarrollo de la Isla de Pascua (CODEIPA) redactara su propio proyecto de política migratoria. El documento fue suscrito en enero por los Rapa Nui y podría ser sometido a votación en el hemiciclo chileno a finales de mes.

El proyecto de ley sobre migraciones que se contempla actualmente pretende disminuir el tiempo permitido de estancia para los visitantes de la isla, que pasaría de ser de 90 días a ser de 30, y podría llegar a recortarse hasta solo 15 si la isla sigue pasando dificultades para acomodar a la incesante población que llega semanalmente hasta sus enclaves sagrados. La compañía aérea LAN — la única aerolínea que viaja a la Isla de Pascua — deberá entonces de adecuar el número de billetes vendidos a la cantidad de visitantes que la ley estipule finalmente, según explica un abogado de CODEIPA. Un portavoz de LAN se abstuvo de hacer declaraciones.

A pesar de que la ley actual dispone que los Rapa Nui pueden tener propiedades a su nombre en la isla, los cambios propuestos significarían que todos aquellos que aterricen en la isla procedentes de la península con intención de alquilar casas o de trabajar deberán pasar por un proceso de selección mucho más duro, un proceso que, por primera vez en la historia, irá acompañado de un sello que limitará su estancia en la isla — plazo que probablemente no rebase nunca los 3 años de residencia.

Paula Vega se mudó a la Isla de Pascua hace 10 años en compañía de su marido. Paula trabaja en el sector turístico y asegura que no sabe lo que hará si las estrictas regulaciones son aprobadas.

El alcalde Paoa — quien asegura que, en algunos casos, no quedará otra alternativa que obligar a la gente a irse de la isla para no regresar — ha justificado sus propuestas diciendo que si tales medidas no son adoptadas de inmediato, pronto será ya demasiado tarde. Entonces, en el peor de los casos, el alcalde asegura que será necesario clausurar los legendarios asentamientos sagrados de la isla, lugares que cuentan con un patrimonio cultural y humanitario ancestral y casi sin parangón en todo el mundo.

El alcalde asegura que actualmente existen cerca de 20.000 enclaves sagrados en la isla, pero que solo los más conocidos están protegidos. Según él, el turismo está arruinando miles de otros enclaves, completamente desprotegidos ante la horda de curiosos.

"Chile es un país vasto y grandioso, que cuenta con miles de lugares en los que se puede construir", asegura Paoa. "Pero no aquí".

Julio Haoa tiene 41 años y trabaja como guardia de seguridad en uno de los enclaves protegidos. Haoa dice que no es habitual que los turistas maltraten los asentamientos sagrados. Lo que sí asegura es que, a menudo, se comportan de manera irrespetuosa. No solo hacia los asentamientos mismos, sino contra los funcionarios como él, encargados de delimitar lo que se puede y no se puede hacer.

"Cuando le pido a alguien: 'Por favor, señor, bájese de ahí, este lugar es sagrado', es común que me encuentre con una respuesta tipo: 'No. He venido aquí desde la otra punta del mundo y he pagado mucho dinero para verlo", describe Haoa. "Se creen que el dinero que han pagado les da derecho a hacer lo que les venga en gana".

Además de responsabilizar a las autoridades chilenas de haber adoptado políticas inadecuadas y de ser las principales responsables del crecimiento desaforado de la población, algunos también se quejan de que ni siquiera se les permite expresar sus preocupaciones. Y se refieren a la violentas cargas que mereció una manifestación antimigratoria celebrada en 2011.

Incidentes como aquel — además del resentimiento que existe entre algunos por los matrimonios entre indígenas y foráneos, así como que se hable castellano en lugares donde el idioma oficial es Rapa Nui — han provocado que algunos vecinos hayan asumido posturas extremas.

El parlamento Rapa Nui, un grupo de activistas que es cualquier cosa menos un parlamento, decidió, unilateral e ilegalmente, cerrar el parque nacional durante dos meses en marzo del año pasado. Su pretexto no fue otro que asegurar que las autoridades chilenas no estaban trabajando adecuadamente.

"Esto es una manera de proteger la cultura" proclamó Mario Tuki, un miembro del grupo que fue detenido durante las manifestaciones. "Chile es un país rico y multicultural, pero está lleno de ladrones y de mentirosos y no queremos que haya nada de eso en nuestra isla", sentenció.

El parlamento Rapa Nui también ha decidido tomar acciones legales a través del sistema legal chileno. Su intención no es otra que obtener una mayor autonomía y conseguir la licencia para restaurar los territorios ancestrales. Tuki asegura que los suyos están casi convencidos de que perderán el caso ante las instancias chilenas, pero que su intención es llevarlo ante la justicia internacional.

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