Cinco casos por los que la ‘Ley Mordaza’ cuestiona la libertad de expresión en España

España vive un año clave en términos políticos. Faltan tres meses para las elecciones generales y los nuevos partidos surgidos durante la crisis compiten con la política tradicional por recuperar la confianza de una sociedad que desde hace algo menos de un mes, según expertos y organizaciones españolas y europeas, ha comenzado a perder importantes cuotas de libertad.

En el punto de mira está la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza"— en marcha desde el 1 de julio —, una de las tres reformas legales llevadas a cabo por el gobierno español desde que arrancó el año electoral.

Los cambios, diseñados por el gobierno del Partido Popular — que han contado con la oposición de la mayoría de partidos políticos —, se basan a grandes rasgos en un endurecimiento del código penal para los delitos a pie de calle y en Internet, el desarrollo de nuevos delitos en el límite de la libertad de expresión y el activismo social y, de paso, la creación de nuevos recursos jurídicos y policiales en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista.

Desde julio, por poner algunos ejemplos, cosas como grabar actuaciones policiales pueden ser penadas con hasta 30.000 euros si el juez considera que se pone en peligro la integridad de algún agente; o reunirse sin permiso del gobierno o manifestarte en infraestructuras de servicios públicos, actitud que puede conllevar una sanción de hasta 600.000.

En cualquier caso, la palabra de los agentes implicados en las denuncias siempre prevalecerá a la hora de establecer las sanciones por una cuestión de presunción de veraqcidad.

Lydia Vicente, directora ejecutiva de la ONG Rights International Spain (RIS), explica a VICE News que "el Comité contra la Tortura de la ONU recientemente expresó preocupación por la infracción relativa al uso y distribución de imágenes de policía sin autorización" porque "puede conllevar y fomentar la impunidad de la policía y el abuso de poder ante las irregularidades de los agentes".

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En palabras de Vicente, en España se ha abierto "un amplio margen de discrecionalidad a la hora de aplicar la ley", y esta situación "puede conducir a interpretaciones arbitrarias e imprevisibles para la ciudadanía, así que habrá que ver cómo los tribunales interpretan estas disposiciones cuando las multas sean recurridas".

La mujer que colgó en Facebook una foto de un coche de policía aparcado

Una mujer de Petrel, un municipio de Alicante situado cerca de la costa mediterránea de España, fue multada en julio con 800 euros — la sanción ha sido efectiva hace unos días — por subir a Facebook una fotografía de un coche de Policía Local aparcado en una zona reservada para conductores discapacitados.

Su mensaje en Facebook decía que "algunos aparcan donde les sale de los cojones y encima no te multan…", lo que ha supuesto una sanción porque, tal y como recoge el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, se llevaron a cabo "faltas de respeto y consideración cuyo destinatario" fue "un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones".

El camionero que llamó "colega" a un Guardia Civil

Un camionero de Málaga fue multado el pasado 5 de julio, a los pocos días de ponerse en marcha la ley, con hasta 300 euros por llamar "colega" a un Guardia Civil en presencia de otros peatones. El propio Guardia Civil, en su denuncia, ahondó en "la trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana'".

Lydia Vicente explica que "una ley que es innecesaria solo puede dar lugar a despropósitos y situaciones absurdas como estas". Según la directora ejecutiva de RIS "se están sancionando conductas que están perfectamente amparadas en una sociedad democrática y que no merecerían ningún tipo de reproche".

"La ciudadanía debería poder criticar y discutir libremente lo que hacen los representantes públicos, ya sean políticos, funcionarios o agentes de policía. Así lo amparan tanto las normas internacionales de derechos humanos como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", resume.

Vicente matiza que "esta ley ataca frontalmente las libertades de expresión, información y reunión pacífica. Además, al estar plagada de conceptos imprecisos y vagos, que permiten interpretaciones imprevisibles y arbitrarias, se socava un principio básico de todo Estado de derecho: el principio de legalidad y seguridad jurídica".

Hasta 600 euros por llamar "casta de escaqueados" [vagos] a los policías de su ciudad

Uno de los casos más llamativos de estos casi dos meses de Ley Mordaza fue la denuncia y posterior sanción a Eduardo Díaz Coello, un usuario de Facebook, con una cantidad que irá de los 100 hasta los 600 euros por calificar de "casta de escaqueados" [vagos] a los miembros de la Policía Local de Tenerife, su ciudad. Díaz Coello escribió: "La Policía Local de Güímar [su localidad, en Tenerife], que rescata pichones y a gente atrapada en los baños (jeje) pasará a tener una instalaciones más grandes de que las de la Guardia Civil [Instituto armado español que lleva a cabo tareas policiales]. Cracks! Lo mejor para controlar a una "casta" de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos, es alejarlos del centro de poder".

La denuncia "ha sido archivada según ha comunicado la Subdelegación de Gobierno de Canarias", explica Díaz Coello a VICE News, "pero me he sentido criminalizado". Lo más extraño, según Díaz Coello, historiador de profesión, "es que todavía no sé por qué me denunciaron exactamente, pero se presentaron en mi casa cinco horas después de escribir el mensaje y simplemente me dijeron que les había faltado al respeto".

Sancionado por llamar "sinvergüenza" a un exalcalde

Una de las últimas sanciones que han levantado críticas en términos de restricción de la libertad de expresión han sido los 200 euros que podría tener que pagar un ciudadano de Vitoria, al norte de España, por llamar "sinvergüenza" al exalcalde de la ciudad, Joaquín Maroto, en plena calle. Según el diario Público, el informe de la Policía municipal de Vitoria afirma que el ciudadano denunciado llamó a a Maroto "sinvergüenza en repetidas ocasiones" y "en voz alta".

La respuesta de los funcionarios del Ayuntamiento — encargados de evaluar la multa — ha sido calificar la falta de "leve" debido a que puede "alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos". El vecino, según contó a la Cadena Ser, habría sido identificado por los guardaespaldas personales de Maroto y avisado de que recibiría la multa.

Multado por manifestarse contra la Ley Mordaza

El sindicato Confederación General de Trabajadores (CGT) de Castellón, una localidad de la costa este de España, denunció a finales de julio que su secretario general, Joan Piñana, que organizó una manifestación contra la Ley de Seguridad Ciudadana el 30 de junio, un día antes de que entrara en vigor.

CGT explicó que su secretario general de Castellón había recibido una sanción fechada el 23 de julio en la que la Unidad de Infracciones Administrativas explica la multa que podría elevarse hasta los 300 euros por "comenzar una manifestación cuando sólo había solicitado autorización para una concentración".

¿Por qué ahora? 

Los cambios legislativos llegan después de cuatro intensos años de activismo social contra la corrupción y un marcado retroceso del estado del bienestar debido a los recortes económicos: las llamadas políticas de austeridad puesta en marcha por Europa y aceptadas por el gobierno español.

Las prácticas de protesta pacífica que empezaron con el 15M [15 de marzo] de 2011 tienen su contestación en la Ley Mordaza: la ocupación de sucursales bancarias o las protestas en las casas de los cargos electos ahora pueden ser castigadas.

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Eso sí, un mes y medio después de ponerse en marcha, la mayoría de las multas y sanciones, más allá de los 600 euros de castigo a un grupo de prostitutas por ejercer su labor en la calle, la mayoría se han centrado en presuntas conductas vejatorias o ilegales hacia agentes de las autoridades policiales españolas, bien a través de redes sociales o bien a pie de calle.

Según el Consejo Europeo o Naciones Unidas, España ha perdido libertades y derechos políticos concretos tras la aprobación de la Ley Mordaza. Lo mismo piensa un grupo de expertos de 35 universidades que ha firmado un documento público de protesta. En él critican las reformas por "conservadoras" y por considerar que para España suponen un alejamiento "de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales".