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La coalición saudí bombardea civiles y los huzíes usan a migrantes como escudos humanos

Una investigación del Panel de Expertos establecido por las Naciones Unidas en Yemen ha determinados que todos los bandos contendientes en la guerra del país han cometido graves violaciones de derechos humanos.
Imagen por Yahya Arhab/EPA

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La coalición liderada por Arabia Saudí que bombardea Yemen ha participado de forma "sistemática" en los ataques a la población civil violando el derecho humanitario internacional. Por su parte, las fuerzas rebeldes huzíes han empleado inmigrantes africanos como escudos humanos. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los investigadores de las Naciones Unidas.

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El Grupo de Expertos en Yemen, que fue establecido por el Consejo de Seguridad de la ONU para supervisar las sanciones sobre el país, entregó su informe final al Consejo la semana pasada. VICE News ha obtenido una copia del informe, que recomienda que el Consejo considere la formación de una comisión internacional de investigación para investigar los abusos de derechos humanos cometidos en el país de la península arábiga.

"La coalición ha provocado muertes entre la población civil a través de ataques aéreos,

ya sea por el bombardeo de barrios residenciales o mediante la consideración de la totalidad de las ciudades de la región de Saada y Maran como objetivos militares, es una grave violación de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución", dice el informe. "En algunos casos, el Grupo Especial constató tales violaciones que han llevado a cabo de una manera generalizada y sistemática".

El panel de expertos ha determinado que aproximadamente el 60 por ciento de los 2.682 civiles muertos desde el pasado mes de marzo fueron causados por ataques aéreos. Entre los sitios afectados por los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí, según el informe, destacan "los campamentos de desplazados internos y los refugiados; reuniones civiles, incluyendo bodas, vehículos civiles, autobuses, áreas residenciales civiles; instalaciones médicas, escuelas, mezquitas, mercados, fábricas y almacenes de alimentos".

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El grupo de expertos destaca que "documentó 119 vuelos de combate de la coalición relacionados con violaciones del derecho internacional humanitario". En tres casos, se documentó que "los civiles que huían de los bombardeos residenciales fueron perseguidos y atacados por helicópteros." Se ha descubierto que los aviones de la coalición atacaron hospitales en 22 ocasiones.

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La coalición liderada por Arabia Saudí inició sus operaciones en Yemen el 26 de marzo de 2015 después de que los rebeldes huzíes y las fuerzas aliadas leales al ex presidente Ali Abdullah Saleh del país, avanzaran en el sur de este estado fallido. El gobierno de Riad dice que su objetivo es restablecer el actual presidente Abd Rabbuh Mansour Hadi, quien huyó del país antes del inicio de la campaña de bombardeos.

La coalición cuenta con el apoyo logístico y de inteligencia del ejército de Estados Unidos, y ha desplegado mercenarios latinoamericanos bajo la guía de los Emiratos Árabes Unidos. La utilización de mercenarios, dicen los investigadores, "aumenta la probabilidad de violaciones del derecho internacional humanitario".

La combinación de los bombardeos de la coalición y los ataques terrestres llevados a cabo por milicias locales, ha hecho retroceder a los huzíes en algunas áreas, incluyendo la ciudad portuaria de Adén. Sin embargo, a día de hoy los rebeldes y las fuerzas de Saleh aún controlan la mayor parte de las regiones pobladas de Yemen.

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Al revisar el conflicto, los investigadores también han documentado una cadena de violaciones contra la población civil cometidos por los huzíes y unidades leales a Saleh.

El ejército de la coalición ha utilizado de forma rutinaria e indiscriminadamente cohetes y proyectiles en zonas residenciales. En Adén y Taiz — la segunda ciudad de Yemen, donde más de 200.000 personas permanecen en estado de sitio — se documentó que las fuerzas huzíes y de Saleh atacaron "instalaciones médicas, escuelas y otras infraestructuras civiles, así como el uso de francotiradores apostados en lo alto de edificios atacando a las personas que buscaban seguridad, atención médica o comida".

Según el informe, en Adén, la coalición de fuerzas huzíes y hombres leales a Saleh dispararon a los barcos que transportaban civiles, así como documenta el uso de "misiles tierra-aire mal encaminadas", y la colocación de minas terrestres cuando se retiraron de la ciudad en una "grave violación del derecho internacional humanitario".

En un ejemplo particularmente atroz para ilustrar la gravedad de los crímenes, el panel cita a tres trabajadores humanitarios de Naciones Unidas que declaran que las "fuerzas huzíes y las de Saleh han usado más de una vez a migrantes africanos como escudos humanos en edificios abandonados de Adén, bombardeados previamente por los ataques aéreos, o donde hacían parecer que había armas escondidas".

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El panel ha sostenido que tanto las fuerzas huzíes como las de Saleh y combatientes de la resistencia tenían como objetivo a desplazados yemeníes y reclutaron a la fuerza a migrantes del Cuerno de África.

"Los grupos armados han reclutado y traficado a la fuerza con nacionales de terceros países, muchos de ellos gente joven o menores vendidos a redes de traficantes", escriben los investigadores. "Migrantes y refugiados han sido vistos como combatientes o combatientes potenciales, al margen de su estatus de civil o de vulnerabilidad en tanto que víctimas del tráfico, y han sufrido ataques.

La alianza entre huzíes y Saleh, que el panel describe como a un "nuevo grupo armado híbrido", ha sido financiada en gran parte por la expropiación de bienes, impuestos sobre la producción, extorsión o la fortuna acumulada por Saleh y su familia.

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A la luz de los crímenes perpetrados por ambos bandos, el panel de expertos ha recomendado que el Consejo de Seguridad establezca una comisión internacional para dirimir si ha habido violaciones de la ley internacional y que se identifique a sus responsables.

Este mecanismo internacional ya fue propuesto en septiembre del año pasado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein. Aquel mes, Holanda presentó una resolución ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra para crear una misión de derechos humanos en el país. Enfrentada por una extensa oposición por parte de Arabia Saudí y otros países del Golfo — y con el silencio de Estados Unidos — la propuesta holandesa se marchitó y un texto que no establecía una investigación internacional acabó siendo aprobado.

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