Bandas criminales, el otro conflicto que Colombia debe solucionar

Todo indica que la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia sellarán los acuerdos de paz este mes, tal y como anunciaron las partes en septiembre tras el acuerdo en materia de justicia. Además, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comunicó recientemente el fin de una primera fase exploratoria y dijo estar preparado para iniciar "diálogos formales" de paz.

¿Será este el inicio de la anhelada paz en Colombia? Lo sería sin duda si en la fotografía general no aparecieran también 17 organizaciones criminales surgidas tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006.

Organizaciones que, según el informe Presencia de grupos narcoparamilitares del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), están presentes en 31 de los 32 departamentos del país.

"Se financian a través del narcotráfico. Bien con laboratorios donde procesan la cocaína, bien facilitando la puesta en frontera de pasta básica de coca", explica a VICE News Camilo Gómez, director de Indepaz.

"Pero no es la actividad más rentable. Deja más réditos el tráfico de oro, por ejemplo. O el de gasolina en la frontera con Venezuela. Y sobre todo, copar de cargos públicos las alcaldías y municipios para asignar a una empresa determinada las obras públicas, engrosar los presupuestos y repartirse la plata", añade.

La aparición de estas bandas se remonta a 2006, tras la desmovilización de las AUC durante el gobierno de Álvaro Uribe. Algunos mandos medios de los paramilitares estuvieron en desacuerdo con la negociación y terminaron formando nuevos grupos armados. Y junto al armamento y uniformes conservaron también el dominio de las rutas del narcotráfico.

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Además, el desmantelamiento del cartel del Norte del Valle a partir de 2007, propició la aparición de nuevas organizaciones dedicadas no sólo al narcotráfico sino también a la extorsión, lavado de activos, tráfico de armas y acaparamiento de tierras destinadas a proyectos extractivos.

Así, de los 38 bloques de las AUC y del fin del cartel del Norte del Valle aparecieron 33 grupos criminales que se enzarzaron en guerras territoriales que prevalecen a día de hoy. Las disputas han llevado a la desaparición de unas organizaciones y a la absorción otras por parte de las más poderosas.

Hoy, la más importante es la llamada Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Se conocen también como Urabeños y Clan Úsuga, y dominan la costa pacífica y atlántica. Las tres siguientes son Los Rastrojos, con presencia en 111 municipios, Bloque Meta y Libertadores del Vichada. Éstas, fuertes en el oeste del país.

Según Indepaz, el 31,5 por ciento del país está afectado por las actividades de estas bandas, cuyo número de integrantes se sitúa entre 7.000 y 10.000 hombres. Las FARC cuentan con 8.000 guerrilleros.

Las cifras que mueven anualmente rondan, según exdirector de Indepaz, en los dos puntos del PIB de Colombia. "Y cada punto son unos 4.000 millones de dólares".

"Los Gaitanistas cobran un impuesto a las salidas del narcotráfico. Se quedan un millón de pesos de los 4,5 (unos 1.200 euros) que cuesta un kilo de coca en puerto", asegura a VICE News El Mono, quién sólo desvela su apodo, y se presenta como alguien cercano a la cúpula de las AGC y facilitador de la tregua que éstas mantienen en Medellín con la banda de La Oficina.

"Hay otro impuesto a los cultivadores de coca y para la minería ilegal. A cambio se les protege y asegura la venta de la mercancía", añade mientras revisa una y otra vez los tres celulares que lleva consigo.

El Mono, cuyo apodo en Colombia significa "rubio", reconoce también que los Gaitanistas sacan réditos de las rutas por las que transitan inmigrantes ilegales de Asia y África desde Brasil o Argentina hasta Colombia. Y de allí, por el Golfo del Urabá — zona fronteriza con Panamá — a Centroamérica y Estados Unidos.

"No sabría decirle si les cobran un impuesto o qué actividad desarrollan. Como le digo, yo no soy parte de la organización", apunta tras señalar a su hombre de confianza que aguarde en el pequeño balcón de la sala donde se lleva a cabo la entrevista.

Las AGC es una de las organizaciones que ha declarado que los guerrilleros desmovilizados serán considerados objetivo militar. "Todo el que se desmovilice está expuesto", señala El Mono. "Mientras exista una fuerza armada, ilegal, con capacidad logística y de ataque, cualquier desmovilizado quedará expuesto", reafirma.

Muchos han visto en este tipo de declaraciones un viraje en el discurso de los Gaitanistas para ser vistos como un actor político del conflicto por el gobierno y no como una mera organización criminal, y poder, de ese modo, entrar en negociaciones de paz.

"Es hora de hablar de reconciliación. Pero si el gobierno no habla con todos los actores armados le aseguro que el 70 por ciento de los guerrilleros formarán parte de las AGC o de cualquier otra organización", dice.

Varios periodistas consultados por VICE News, que prefieren ocultar su nombre, coinciden en que la negociación que buscan los Gaitanistas es un modo de hacer borrón y cuenta nueva.

"Los cabecillas que están en el punto de mira, se entregan. La organización se reestructura, cambia de nombre y sigue operando. Es un modo de quitarse presión. Y siempre hay alguien en el gobierno que permite que sigan funcionando", señalan.

Los tentáculos de estas organizaciones no abarcan sólo las zonas rurales ni los corredores de coca hacia Centroamérica y los que salen de Venezuela. Han hecho suyos también los barrios populares de ciudades como Medellín o Cali.

"Están utilizando como franquicias a los combos de delincuentes que han existido siempre aquí", señala a VICE News el periodista de El Colombiano Nelson Matta. "Unas veces absorbiendo a la banda directamente y otras matando a su líder para poner un hombre de confianza al mando y ganar territorios".

Según la Fiscalía, en 2015 se detectaron 1.940 bandas locales en Colombia.

La Comuna 8 de Medellín es una de las zonas donde a través de estos combos operan las AGC y La Oficina. El barrio es un manto de casas de ladrillo rojo, recovecos y calles empinadas y mal asfaltadas que permanece encorsetado entre la sierra y la ciudad de Medellín.

"Ellos controlan todo aquí. Los negocios pagan vacuna [cuota] por la seguridad. Un quiosco puede pagar unos 20.000 pesos [unos 6 euros] semanales", señala Jairo Maya, uno de los líderes comunales del barrio.

Las pandillas también manejan el negocio de los autobuses locales, están detrás de talleres y lavaderos de automóviles ilegales, realizan préstamos a altísimo interés, se lucran del tráfico de drogas y mantienen untada a la policía.

"¿Ve aquellos muchachos allá abajo?", pregunta Maya mientras señala a un grupo de jóvenes de no más de 17 o 18 años. "Eso es una plaza. Un lugar donde se vende perico (cocaína) y marihuana. Acá el gramo de perico cuesta unos 3.000 pesos (sobre un euro). Una buena plaza puede dejar al mes unos 6 millones de pesos limpios".

La misma edad tienen los dos adolescentes que pasan casi rozando al líder comunal conduciendo un automóvil blanco con sendas cervezas en mano. "Son la gente de los Urabeños aquí", apunta.

Maya explica que la tasa de desempleo en la Comuna es del 35 por ciento. Y la de abandono escolar del 17 porque "los sacan del colegio para trabajar y que aporten en casa". Un caldo de cultivo perfecto para pandilleros.

"No hay alternativas laborales ni de educación. Las peladas quieren ser esteticistas y ellos mecánicos. Pero esa oferta educativa no llega hasta aquí. Así que la alternativa es el combo", explica.

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La Alcaldía de Medellín está construyendo un Jardín Circunvalar que engloba viviendas nuevas, zonas verdes y parques infantiles. "¿Pero de qué nos sirve si aquí seguimos con el desempleo y tasas altísimas de desnutrición?", cuestiona Maya.

"Lo que necesitamos es inversión estatal en alianza con la comunidad para crear empleo. Hay mucha iniciativa. La comunidad afro, por ejemplo, es excelente trabajando la madera, se pueden formar cooperativas de construcción. O cooperativas artesanas con las mujeres. Y educar a los jóvenes en gestión medioambiental y que cuiden el entorno, que estamos rodeados de naturaleza.", argumenta.

Según Maya, mientras no se solucionen los problemas de base como la educación, los jóvenes seguirán siendo carne de cañón para las mafias. Igual que Byron, un joven de 17 años de Itagüí, un municipio de Medellín.

"A los 8 años fumaba marihuana. A los 9 iba armado y a los 10 mi primo me entregó medio barrio para que lo controlara. También obligaba a mi prima a prostituirse. Luego a los 11, boleaba bala de parrillero (los sicarios que van en el puesto de atrás de la moto, la parrilla, y ejecutan a las víctimas) hasta que me encanaron en una cárcel de menores", cuenta a VICE News.

"Ya salí de todo eso. A los 15 me metí en un grupo de la parroquia y dejé la calle. Ahora quiero estudiar. Las matemáticas se me dan bien; pero ningún colegio me deja matricularme. Todos saben de dónde vengo".

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