Colombia: el país que caminará esquivando minas antipersonales durante otros 10 años

Este artículo fue publicado originalmente en ¡Pacifista!, la plataforma de contenidos para la generación de paz de VICE Colombia.

La siembra de minas es un problema grave en Colombia, ya que cada año mueren personas a causa de la explosión que producen, y a pesar de haber llegado a un acuerdo de paz, el pías está lejos de tener un territorio libre de estos artefactos. La siembra de minas se realizó durante varios años principalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mientras libraban una guerra frontal contra el gobierno.

Hace seis años, el gobierno colombiano le dijo a los Estados parte de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, también conocida como el Tratado de Ottawa, que no podría cumplir la meta que le habían puesto: desminar el territorio nacional en 2011. Entonces, pidió una prorroga de 10 años. Pero el país tampoco podrá responder a ese segundo plazo.

Esa conclusión es de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, que acaba de presentar su informe global sobre el uso de esos artefactos explosivos. En 2015, de acuerdo con el informe, Colombia desminó ese año menos de 0,36km2 del área contaminada, que el gobierno estima en 51,24 km2 de 28 departamentos. El área desminada en 2015 corresponde a zonas rurales de Antioquia, Bolívar y Santander, donde, en total, se encontraron y destruyeron 90 minas. La porción de terreno descontaminado disminuyó con respecto a 2014, cuando se liberaron 0,59km2.

Varias son las razones que explican que el país no vaya a cumplir el compromiso que asumió. La primera de ellas es que el gobierno no sabe con certeza dónde están las minas y no ha podido elaborar una base de datos sobre contaminación. La base debería ser el instrumento con el que la Dirección de Acción Integral Contra Minas (Daicma) priorice el desminado, pero la persistencia del conflicto armado ha impedido su elaboración.

Para Camilo Serna, subdirector de la Campaña Colombiana Contra Minas, una de las organizaciones civiles que hace desminado en Colombia, "desconocer la contaminación dificulta el trabajo. En otros países, con conflictos más regulares, se sabía que en una zona de combate había cierta cantidad de minas. Aquí una organización civil, o la Brigada de Desminado, tienen que entrar a buscarlas en un área donde, por ejemplo, ocurrieron cinco accidentes. Es posible que en esa zona sólo se hubieran plantando esas cinco minas, pero hay que explorar toda el área para darse cuenta, porque no hay información disponible". Esa situación, dice Serna, hace que el desminado se haga casi a ciegas, lo que eleva tiempos y costos.

Una segunda razón es que sigue sin ponerse en marcha la implementación del Acuerdo Final alcanzado entre el gobierno y las FARC. El informe dice que "queda por ver cómo el proceso de paz conducirá a un entorno propicio para el desminado". Ayuda Popular Noruega (APN), la organización que lideró el piloto de desminado humanitario que se pactó en La Habana en marzo de 2015, dice que la colaboración de las FARC permitiría desminar más rápido y más barato. Más aún porque, de acuerdo con el Centro de Memoria Histórica y los cálculos del gobierno, esa guerrilla es la mayor responsable de la siembra de minas en el país.

Vanessa Finson, directora de APN en Colombia, dice que "todos los operadores estamos empujando para que se incluya a la guerrilla, porque vimos en el piloto que ellos tienen información detallada sobre la ubicación y composición de las minas. Esa información, desde el punto de vista operativo-técnico, es muy valiosa, y en general no tenemos acceso a ella". El piloto, que se desarrolló en las veredas Orejón, de Briceño, y Santa Helena, permitió que el entonces Batallón de Desminado ingresara, por primera vez, a lugares controlados por las FARC. En ambas veredas se identificaron 14 áreas peligrosas, y de ocho de ellas se extrajeron 51 minas.

Hasta antes del piloto, los desminadores sólo podían entrar a las zonas que el gobierno llama "de consolidación", que son aquellas que tuvieron fuerte presencia de guerrillas y paramilitares, y que hoy están, aparentemente, bajo el dominio del ejército. Ahí caben, por ejemplo, el oriente antioqueño y los Montes de María.

Pero Serna asegura que, luego de la participación de las FARC en el proyecto piloto, se dio una especie de "luz verde tácita" para ingresar a las zonas donde hoy están las unidades guerrilleras. Según el subdirector de la Campaña, la decisión de la guerrilla de no obstaculizar el proceso hizo que el gobierno enviara desminadores a zonas de histórica presencia de esa grupo armado: "Allá ya estamos entrando y en algunos casos se han montando los campamentos para hacer los estudios no técnicos, por lo que muy pronto empezaremos el trabajo de desminado. Las FARC saben que esto está sucediendo, no son ajenas al mapa que hizo el gobierno, y tampoco han dicho que no". El cese al fuego y la inminencia de la firma de un acuerdo también habrían aumentando la colaboración de la población civil en la ubicación de los artefactos.

Sin embargo, aunque el Acuerdo Final se implemente rápidamente y permita agilizar la tarea, la persistencia de la guerra con el Ejército de Liberación Nacional y las bandas criminales seguirá dilatando el proceso de descontaminación. Ambos siguen sembrando minas, de acuerdo con el informe. Serna reconoce que "en las zonas del país que no son de de dominio de las FARC, sino de otros grupos armados, todavía no vamos a poder entrar. Y hasta que eso no sea así, no podemos decir que Colombia va a ser declarada libre de minas". Entre esas zonas están partes del Chocó, Norte de Santander y el Urabá antioqueño.

Otro problema es que buena parte de los artefactos que se siembran en el país son de fabricación manual. En 2006, el ejército declaró que "las minas antipersonal y los artefactos explosivos improvisados fabricados por grupos armados se fabrican con todo tipo de materiales, desde botellas de vidrio hasta bidones de plástico". Vanessa Finson asegura que las minas extraídas en El Orejón estaban compuestas mayormente por elementos distintos a metal, por lo que, además de usar detectores, los desminadores tuvieron que trabajar con perros antiexplosivos, lo que elevó los costos. La situación empujó a las autoridades a elaborar un protocolo para uso de caninos en operaciones de desminado.

Esa misma característica de las minas hace que los operadores desconozcan su fecha de expiración, lo que dificulta la priorización de las zonas. El pasado 8 de noviembre, las autoridades anunciaron que contratarán al Centro de Desminado Humanitario de Ginebra para que haga un estudio que permita conocer "el envejecimiento de las minas improvisadas en el país" y "el nivel de riesgo al que están expuestos los colombianos cuando una mina deja de funcionar".

En Colombia, el gobierno invirtió poco más de 743 mil dólares para la acción integral contra minas, mientras que la cooperación internacional aportó más de 14,6 millones de dólares, que se destinaron al desminado. El gobierno ha reconocido esa dificultad, y en septiembre pasado consiguió que 15 países, incluidos Estados Unidos y Noruega, se comprometieran con la donación de 83,5 millones de dólares y apoyo técnico para el desminado.

Así las cosas, todo indica que el país tendrá que pedir un nuevo plazo para cumplir la meta. El tema es de la mayor urgencia: 32 colombianos murieron en 2015 y 190 resultaron heridos por culpa de minas antipersonal.

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