Comentarios en Facebook y prostitución, primeras sanciones por la ‘ley mordaza’

Primeras sanciones de la controvertida "ley mordaza" española. El caso de un joven de Güímar, una localidad de las Islas Canarias, el archipiélago español en África, ha trascendido como el de una de las primeras víctimas de esta reforma legislativa en España. Además, el colectivo de trabajadoras sexuales de Madrid también ha sido afectado por la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor desde el 1 de julio.

Por la puesta en marcha de esta normativa, España ha recibido múltiples críticas por parte de organismos internacionales como la ONU y el Consejo de Europa.

Con la reforma, por poner un ejemplo, las manifestaciones no comunicadas pasan a estar tipificadas como delitos muy graves y sancionadas con cantidades que van de los 30.001 a los 600.000 euros. Los cambios legislativos, que finalmente se aprobaron en 2015, se plantearon en un contexto de gran efervescencia social, con el llamado 15M como punto de partida, y tras la huelga general del 29 de marzo de 2012. Fueron años de fuerte protesta contra la corrupción y la situación de emergencia que sufría el país.

Esta jornada de huelga de 2012 acabó con desórdenes públicos y enfrentamientos entre huelguistas y la policía. Fue entonces cuando el conservador Partido Popular (PP) y del partido nacionalista catalán Convergència i Unió (CiU), que finalmente se echó atrás, propusieron hacer una Ley de Seguridad Ciudadana.

Catedráticos de 35 universidades de derecho penal y juristas señalan la "pobreza técnica" que ven en la legislación sancionadora penal y administrativa recién aprobada. Denuncian que, a su parecer, se prescindió de la jurisprudencia; y que éstas reformas beben "de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias y más autoritarias", entre otras críticas.

"Con el escenario que se nos presenta a partir de hoy no podemos decir que esto es una democracia", declaró a VICE News el abogado especializado en delitos informáticos y derecho de Internet Carlos Sánchez Almeida. "Se está limitando seriamente la libertad de reunión y el derecho a la libertad de expresión", siguió. "Estamos retrocediendo democráticamente y nos estamos aproximando a países que no son de la órbita comunitaria", y afirmó en referencia a los baremos de preservación de los derechos humanos de la Unión Europea (UE).

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La sanción contra Eduardo Díaz se ampara en el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la Seguridad Ciudadana, vigente desde el 1 de julio, que impone una infracción leve para castigar "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones".

Eduardo Díaz es un agente comercial licenciado en Historia y con un máster en formación del profesorado. Trabaja en una compañía de seguros. "No soy un perroflauta" [denominación peyorativa para referirse a activistas o militantes anarquistas y de izquierdas], afirma Díaz a el periódico El Mundo. "No estoy a favor de que se insulte a la Policía, jamás les faltaría el respeto. Pero creo que, como ciudadano que paga impuestos, puedo opinar sobre una acción de Gobierno", asegura el joven.

La denuncia, pendiente de ser tramitada (o no) por la Subdelegación del Gobierno de Tenerife, estuvo motivada por el siguiente comentario en la página Facebook de la alcaldesa de la localidad, Carmen Luisa Castro Dorta:

"La Policía Local de Güímar, que rescata pichones y a gente atrapada en los baños (jeje) pasará a tener una instalaciones más grandes de que las de la Guardia Civil [Instituto armado español que lleva a cabo tareas policiales]. Cracks! Lo mejor para controlar a una "casta" de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos, es alejarlos del centro de poder. Sí señor. Qué grandes. Y para bordar la jugada les ponen un kioskito con caipiriñas, hamacas y una piscina. Por cierto… para cambiar la función de un edificio público no hace falta un expediente? (Las tonterías de la Admon.) Ya lo tienen? O gambada como la de la piscina?"

El texto es una respuesta al anuncio de Castro Dorta de traslado de las dependencias del cuerpo de la Policía Local al recinto que hoy ocupan los servicios sociales de la localidad.

Seis horas después de postear el mensaje, dos agentes se presentaron en casa del joven para entregarle la denuncia, que podría implicar una sanción de entre 100 y 600 euros.

"La Policía tiene también el derecho de defenderse a través de una denuncia, y ya se verá si se le da trámite o no", dijo ayer la alcaldesa de Güímar en declaraciones difundidas por el periódico La Opinión de Tenerife.

"El colectivo de la Policía Local ha tramitado la citada denuncia porque se ha sentido muy ofendido por un comentario hecho por un vecino de Güímar sobre la labor que está realizando", seguía Castro Dorta. "También entiendo a la Policía Local, que es un estamento de este municipio que vela por la seguridad de los vecinos. Uno puede meterse conmigo y puedo asumir las críticas sobre el trabajo que estamos realizando, pero hay que tener cuidado cuando se ofende", se muestra comprensiva la alcaldesa del PP.

Castro Dorta recuerda que "no le corresponde [al Ayuntamiento] resolver la denuncia, será el juzgado u otro estamento quien la admita o no, quien resuelva y quien sancione si procede porque a esta alcaldesa no le corresponde decidir quien tiene la razón".

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El de Díaz no es el único caso aparecido hasta el momento. El colectivo para la defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, Hetaira, denuncia "la persecución y acoso" que, en sus palabras, sufren las prostitutas que trabajan en el polígono de Villaverde, en Madrid.

"Sabíamos que estábamos en el punto de mira desde el inicio", explica a VICE News Carmen Briz, del colectivo Hetaira, "se han dado muchísima prisa en aplicar la 'ley mordaza' justo contra aquel sector de población más vulnerable: pareciera que querrían probarlo con aquellas personas que piensan que van a tener más dificultades para defenderse".

"La situación en el polígono es de extrema preocupación. Estamos recibiendo continuamente llamadas de chicas de la calle que están siendo multadas o que no saben que hacer ante la aparición de la policía en las zonas dónde ejercen", sigue Briz. "Por supuesto que las defenderemos absolutamente a todas", matiza.

En este caso, los cuerpos policiales aplican el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana por "no obedecer de forma reiterada los mandatos de los funcionarios policiales para que no ofrezca servicios sexuales". En la nueva legislación, esto implica una sanción grave cuya multa oscila entre los 601 y los 30.000 euros.

Hace unos días, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR en inglés) mostró de nuevo su preocupación por la vulneración de una amplia lista de derechos humanos en el Estado español. El OHCHR es una institución que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados que lo ratificaron.

El organismo considera en su informe que las últimas reformas legislativas y cambios en el Código Penal español pueden tener un "efecto disuasorio" para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. En el texto se lee una contundente crítica a "el uso de términos vagos y ambiguos en algunas disposiciones, lo que", a su parecer, "podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de dicha Ley; y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", un acto que puede conllevar una sanción de hasta 30.000 euros.

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