'Complicidad y negligencia', a un año del asesinato de este periodista mexicano

Hacia la tarde del 1 de agosto de 2015, una alerta en las redes sociales, comenzó a compartirse de manera viral en los muros de los periodistas mexicanos. "Rubén Espinosa, fotoperiodista de Veracruz y corresponsal de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, está desaparecido!!!… desde el día de ayer a las 2 pm, última hora del día en que se tuvo contacto con él vía WhatsApp", decía el mensaje.

Horas después, rayando las 8 de la noche, una de las agencias fotográficas más reconocida del país lamentaba "profundamente el cobarde asesinato" del joven de 31 años. "Espinosa se trasladó por seguridad a la Ciudad de México desde hace algunas semanas tras haber recibido amenazas en Veracruz. Rechazamos todas las manifestaciones de violencia y represión a la libertad de prensa y exigimos justicia para todas las víctimas. Que descanse en paz nuestro compañero", decía Cuartoscuro.

Unos 20 días antes, Rubén Espinosa había dado una entrevista en el canal de TV por internet Rompeviento, en la que hablaba de su salida del estado de Veracruz por las agresiones que había sufrido y por la situación de violencia contra los reporteros que prevalece en la entidad: "… y estando aquí [en la capital] me entero que asesinan al periodista número 13", dijo Rubén, vestido con camisa a cuadros y pantalón beige. Él sería el número14 y esa sería la última entrevista que daba a los medios para denunciar el clima de represión que se vivía en la entidad.

Ha pasado un año del 'caso Narvarte', uno de los peores multihomicidios de la historia reciente en la Ciudad de México, y éste sigue sin esclarecerse debido a la "negligencia" y la "negativa sistemática" de la instancia encargada de procurar justicia en la ciudad, lo que indica "complicidad", sostiene en entrevista para VICE News el abogado Leopoldo Maldonado, representante legal de la familia Espinosa y oficial legal de Artículo 19, organización internacional dedicada a proteger la libertad de expresión, que funge como coadyuvante en la investigación.

Rubén Espinosa, su amiga Nadia Vera — una joven activista social que también salió de Veracruz temiendo por su vida —, Alejandra Negrete, Mile Martín y Yesenia Quiroz fueron asesinados el 31 de julio de 2015, aproximadamente entre las 2 y las 3 de la tarde, en un departamento de la colonia Narvarte, un céntrico barrio de clase media de la capital mexicana.

A un año del crimen, la instancia investigadora, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCM), no ha cerrado formalmente el caso ni ha logrado establecer un móvil, pero mantiene la hipótesis de que tres personas entraron al hogar de Nadia, Yesenia y Mile (a donde Rubén había llegado por invitación de Nadia y Alejandra realizaba la limpieza), y salieron una hora después, tras haber atado, torturado y asesinado a las cinco personas.

Los abogados de los familiares denuncian que la PGJCM ha filtrado información selecta a la opinión pública, con lo que revictimizó a los fallecidos introduciendo la idea de que se trató de un problema de drogas o de prostitución, y señalan que aunque hay tres detenidos en prisión, la Procuraduría no ha avanzado en sus trabajos para descubrir si hubo más personas involucradas, si el crimen fue planificado, o al menos en qué secuencia ocurrieron las cosas.

Maldonado sostiene que los funcionarios de la Procuraduría pretenden cerrar el caso sin haber esclarecido la razón por la que asesinaron a las cinco víctimas pues "argumentan que no tienen la obligación legal de averiguarlo".

Rubén Espinosa fue el periodista asesinado número 14 desde que inició el periodo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en noviembre de 2010. Al día de hoy, faltando cuatro meses para que entregue el poder, ya se cuentan 17 homicidios. Además, hay cinco reporteros desaparecidos, según Artículo 19.

El mandatario, envuelto en graves escándalos de fraudes millonarios revelados por la prensa, y tras fracasar en su intento de "blindarse" imponiendo al fiscal anticorrupción inamovible que debería investigarlo, insiste en que la violencia contra los trabajadores de los medios no tiene nada qué ver con él, sus subalternos o su gestión.

En palabras del abogado Maldonado, este atentado es "un parteaguas en cuanto a la percepción de la Ciudad de México como refugio o como santuario para periodistas y defensores" de derechos humanos. Hasta ese día, se consideraba que sacar de sus estados a las personas en riesgo y llevarlas a la capital era la mejor forma de ponerlas a salvo.

Nadia y Rubén no se sentían seguros, sin embargo, denunciaron ante organizaciones y medios civiles el acoso que sufrían, y advirtieron que si les sucedía algo, la responsabilidad recaería en el gobernador Duarte.

Tras el crimen, explica el abogado de Espinosa, los investigadores se dieron por satisfechos tomando las declaraciones del gobernador Duarte, su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y otros funcionarios, "con bombo y platillo", pero "realizaron esos interrogatorios sin investigación en el terreno, ¿qué podías preguntarles si no habías recabado los datos de lo que estaba pasando?"

La Procuraduría solicitó que les enviaran las quejas formales, pero "de muchos de los eventos de amenaza y agresión no había registros oficiales, porque Rubén y Nadia no confiaban en las autoridades locales, con toda razón, porque muchas de estas agresiones provenían de las propias autoridades. Entonces, si tú fincas tu trabajo de investigación en las fuentes formales y no tratas de ir más allá, evidentemente no vas a encontrar nada" y las diligencias realizadas no serán más que "un golpe mediático para tratar de calmar la presión social".

Rubén Espinosa habla de la situación de acoso que viven los periodistas en Veracruz.

Según la PGJCM, los detenidos Abraham Torres Tranquilino, Daniel Gutiérrez Pacheco y César Omar Martínez Zendejas son los únicos autores de los homicidios, sin que haya establecido con claridad la forma en que lo hicieron, ni los motivos que tuvieron para atar a cinco personas, torturarlas y asesinarlas, en sólo una hora, sin que los vecinos se dieran cuenta.

En un documento que contiene respuestas a 55 preguntas presentadas por los representantes de las familias de Nadia, Rubén y Yesenia (la de Alejandra ha preferido actuar por su cuenta y la de Mile vive en Colombia), con fecha 2 de junio de 2016, la Procuraduría establece que su obligación no es más que "acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sin que para determinar el ejercicio de la acción penal en contra de los probables responsables se tenga que establecer el móvil del hecho".

"Sí tiene la obligación constitucional, legal", refuta Leopoldo Maldonado, quien admite que los tres inculpados podrían ser asesinos espontáneos pero, sin evidencias, eso es sólo una especulación, y existen otras posibilidades: "saber por qué lo hicieron, sus motivos, te puede arrojar otros probables responsables. El móvil está íntimamente ligado con la posible participación de más personas en la planeación, facilitación y auxilio".

El abogado de Artículo 19 hace un recuento resumido de elementos incongruentes en la investigación oficial: Hay rastros de ADN masculino en dos de las cuerdas que usaron para estrangular a las víctimas, que no corresponden con los de los tres inculpados, ni con el de Espinosa, y huellas de un zapato con sangre que tampoco coinciden; antes, durante y después de la comisión del crimen, Torres Tranquilino recibió 16 llamadas de un número telefónico con clave de Chihuahua, que no han sido investigadas.

Igualmente, argumenta que a los abogados sólo les han enseñado piezas editadas con las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la ciudad, pero se han negado a mostrarles los registros completos; en esas ediciones, aseguran, no se ve quién entra o sale del edificio entre las 2 y las 3 de la tarde, mientras los mataban; ni se sabe qué ocurre con los dos vehículos utilizados por los detenidos en varios periodos de horas; incluso en algún momento, de una camioneta Suburban bajan dos personas que la policía asegura que son los procesados, "aunque van vestidos de forma diferente".

Además, dos días después de los hechos, se recuperaron memorias USB, laptops y teléfonos celulares que estaban a la vista, pero que "inexplicablemente nadie vio el día de los hechos".

Desde la PGJCM, denuncia Maldonado, se hicieron filtraciones de información seleccionada y parcial a medios de comunicación, incluso con datos falsos, para "orillar a la opinión pública a que se desacreditara como posible motivo la labor periodística de Rubén y de paso, desprestigiar a las víctimas y estigmatizarlas".

Por todo esto, Artículo 19 considera que "la negligencia y la negativa sistemática de la Procuraduría a profundizar las líneas de investigación y la posible participación de más personas constituye ya un grado de complicidad".

_Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs_

Sigue a Témoris Grecko en Twitter: @temoris