Crímenes sexuales en el conflicto de Colombia — impunidad total

Era noche cerrada y ellos llegaron pateando puertas y empujando a los hombres afuera. A los que no mataron, los desaparecieron. Habían apagado la planta de energía del pueblo, así que nadie vio apenas nada.

"Entraron a mi habitación. Llevaban pasamontañas. Me preguntaron por mi esposo y por un tal John Jairo. Pero él estaba fuera y yo de verdad que no sabía quién era ese tal John Jairo" cuenta a VICE News Luz Daryl, una joven de Cali, una ciudad al suroeste de Colombia.

La sacaron de la cama a golpes. Uno de ellos enredó el puño en su cabellera negra y la aprisionó contra la pared. Luego le rasgaron la ropa a machetazos. "Yo les decía que por favor no me hicieran daño". "Colabore y las cosas serán más sencillas", decían los otros.

Luz Daryl logró zafarse y echar a correr, pero fuera todo seguía a oscuras. "En el patio caí al suelo". Entonces todo fue rápido. Uno de los hombres de pie sobre sus brazos, sujetándola. Y otro encima de ella, aún aturdida, violándola. "Mira lo que te estás perdiendo, marrano", decía el tipo a otro que miraba. Y éste también la violó. "Que sepas que tengo el sida", dijo al terminar.

"Mientras todo ocurría yo les rogaba que por favor me mataran; pero lo único que hacían era reírse. Me dolía todo el cuerpo. Esa noche nos fuimos del pueblo. Y los muertos se quedaron allí, velándose solos" recuerda la mujer.

Luz Daryl no sabe si los hombres pertenecían a la guerrilla de las FARC, a la del Ejército de Liberación Nacional, a las bandas criminales (BACRIM) que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o si eran militares.

Pudo haber sido cualquiera de ellos. La violencia sexual es, en palabras de la Corte Constitucional, "una práctica sistemática, habitual y generalizada" por todos los actores del conflicto colombiano.

Los datos que arroja el informe de la ONG británica ABColombia, Colombia: mujeres, violencia sexual en el conflicto y proceso de paz apoyan esta tesis. Un promedio de 54.410 mujeres al año sufren violencia sexual en Colombia. O lo que es lo mismo: 149 al día y 6 cada hora.

"La agresión a la mujer es una forma de control, de superioridad por parte de un grupo armado ilegal y una estrategia de apropiación del territorio, ya que generalmente la víctima se ve obligada a desplazarse" asegura Ángela Carrillo autora del informe Buenaventura, Colombia: realidades brutales del Norwegian Refugee Council.

Las guerrillas reclutan a jóvenes y las convierten en esclavas sexuales. Lo que deviene en un sinfín de abortos forzados, práctica recurrente en las FARC, según ABColombia.

En las zonas paramilitares — ahora bajo las BACRIM — además de violaciones y asesinatos de estudiantes y defensoras de los derechos humanos, se da con frecuencia la prostitución forzada.

"He tenido noticias de niños entre 12 y 15 años obligados por grupos armados no estatales y bandas criminales a prostituirse en zonas mineras", señalaba en un comunicado la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, Zainab Hawa Bangura, el pasado marzo tras visitar Colombia.

"Se referían a esos niños como 'paquetes' para servir en las operaciones mineras y que eran reemplazados por 'nuevos paquetes' cuando estaban 'demasiado usados o demasiados enfermos'", añadía.

El terror se multiplica cuando se comete el crimen a la vista del resto. Según recoge la Organización Nacional Indígena de Colombia, un grupo de soldados violó a cuatro niñas indígenas Betoyes de 11, 12, 15 y 16 años. Posteriormente asesinaron a la mayor, que estaba embarazada, delante de toda la comunidad. Rajaron su vientre y sacaron el feto. Lo cortaron en pedazos y lo tiraron un río.

Para entender este tipo de crueldad "es importante no ver la violencia sexual en el conflicto como algo independiente a la que hay en la sociedad" explica desde Bogotá Louise Winstanley, portavoz de ABColombia, a VICE News.

"El conflicto agrava la violencia con las mujeres, no la crea. Ésta surge de unas actitudes patriarcales como considerar a la mujer propiedad de otro hombre. Violándolas demuestran su superioridad sobre los otros".

"Pero no hay duda que en el conflicto colombiano esto se mezclada con racismo en el caso de indígenas y poblaciones afrocolombianas", concluye.

"Tenemos una sociedad machista", dice Jenny Lopera, abogada de la gobernación del departamento de Antioquia, a VICE News.

"Las mujeres son instrumentalizadas. La mejor mujer es la más bonita y el hombre más poderoso, el que la exhibe. Paradójicamente, ese poder se le arrebata ultrajando a su mujer", explica gráficamente.

El ejército de Colombia es el actor que más abusos comete. De acuerdo con las cifras de Medicina Legal, entre 2004 y 2012 las fuerzas armadas fueron presuntas responsables del 50 por ciento de los casos denunciados. Seguidas por la AUC y BACRIM. Y por último, las guerrillas.

"Cuando la agresión viene de un cuerpo estatal, los civiles no tienen a quién reclamar justicia. Quedan expuestos y atemorizados ante el hecho de que los que deben proteger la ley estén violando sus derechos", apunta Winstanley.

La tasa de impunidad para los delitos sexuales es del 98 por ciento en Colombia, sostiene la organización local Sisma Mujer.

"El Estado ha creado normas como el Auto 092 en 2008 para impulsar investigaciones penales. Pero cinco años después, se indicó que no hubo avances en los procesos", revela Viviana Rodríguez, abogada de Sisma Mujer, a VICE News.

"Incluso de los 183 casos priorizados, sólo se obtuvieron tres sentencias", añade.

La ley 1719 de 2014 fue en principio otro paso adelante. Definió la violencia sexual como crimen de guerra y de lesa humanidad. Además sentó bases para la investigación y protección de víctimas. Pero fue un paso fallido.

"Este año, la Corte Constitucional reiteró que no se observan avances sustantivos en la investigación penal. Y que mientras no se comprenda la violencia sexual como un asunto de discriminación, las acciones no superarán los obstáculos de acceso a la justicia" apunta Rodríguez.

Una discriminación que es constante cuando las víctimas denuncian. Falta de credibilidad y culpabilización son dos de las trabas más frecuentes.

"Fuimos a la policía esa misma noche. Tomaron declaración. Y lo defendían a él. 'Que no, que eso era lo que usted quería. ¿Y usted está segura de que eso fue así?'. Yo les decía que sí. Y decían que no, que dejen esto así, lleguen a un acuerdo. Y a lo último yo ya decidí dejar eso así", cuenta a Amnistía Internacional (AI), Dora, una chica que fue violada con 14 años por un miembro de un cuerpo del Estado.

"Ausencia de garantías para la participación de las víctimas en el proceso penal, prácticas revictimizantes como rendir más de tres veces testimonio, la exigencia de contar con testigos," son otras trabas que señala Vivian Rodríguez y que conllevan finalmente a no denunciar.

"Muchas mujeres desplazadas lo son a causa de esta violencia pero no lo reconocen. No cuentan su agresión por vergüenza o por temor a represalias", aporta Lopera desde la Gobernación de Antioquia.

Las secuelas van desde la estigmatización y el rechazo de la pareja a la baja autoestima, depresión y tentativas de suicidio. Sin olvidar las consecuencias físicas como lesiones, afectación a la salud sexual y reproductiva y contagio de enfermedades venéreas.

El Gobierno tampoco dispone de un programa adecuado de atención a las víctimas. "Las mujeres deberían estar siendo atendidas en salud física, psicológica y psicosocial. El programa ordenado en la Ley 1448 de 2011 aún no se ha implementado y no tiene un enfoque en violencia sexual", revela la abogada de Sisma Mujer.

"Estos crímenes sólo se reportan si hay ONG locales donde ellas pueden contar lo que les ha ocurrido, recibir apoyo psicosocial, tener su caso documentado para trámite legales y recibir el apoyo de otras mujeres que han pasado por lo mismo", señala Winstanley de ABColombia.

El actual proceso de paz con las FARC ha llevado al gobierno a contar con delegaciones de víctimas. También se ha nombrado una delegada del gobierno para Mujeres y creado una subcomisión de Género que revisa los acuerdos alcanzados y trata con las víctimas la expectativa de justicia.

Pero las condenas no bastan. "Se debe preguntar cómo resocializar y reeducar a los agresores. Aquellos que piensan que los condenaron injustamente porque matar a la esposa o violar a supuestas guerrilleras no es lo más grave que han cometido", señala Rodríguez de Sisma Mujer.

Mientras eso no ocurra, seguirán dándose casos como el de Shirley, abusada por paramilitares a los 17 años en la región de Antioquia, y que recoge AI.

"Yo no sabía cuando me llegaba la menstruación. Constantemente sangraba porque eran muchísimos hombres. Me echaban coca en la vagina para poder seguir. El paramilitar que me llevó propuso a los otros comandantes que me mandaran a un bar a prostituirme y la plata que cogiera, se las diera. Dije que sí para ver a mi otro hijo. Les tenía que dar una cota acordada para verlo".

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77