FYI.

This story is over 5 years old.

peru

La crisis del Lote 192 en Perú: gobierno e indígenas enfrentados por el petróleo

El conflicto por la explotación de este yacimiento petrolífero parece haber llegado a su fin. Atrás quedan meses de protestas por parte de varias federaciones y comunidades indígenas preocupadas por el cumplimiento de las leyes ambientales.
Indígenas protestan contra el gobierno peruano por el lote 192 en agosto de 2015. (Imagen por Mariana Bazol/REUTERS)
Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

A finales de agosto, el futuro de la explotación petrolera del lote 192, uno de los más grandes del país, en la región norteña amazónica de Loreto era incierto. Ninguna empresa había sido entonces contratada por el gobierno para seguir con la explotación del yacimiento.

Finalmente, pocos días antes de que el contrato de la entonces petrolera argentina Pluspetrol venciera en el lote 192, la empresa estatal peruana Perúpetro, que es la que otorga las concesiones, anunciaba que la empresa canadiense Pacific Stratus Energy explotaría el lote petrolero.

Publicidad

Esto provocó una polémica entre diferentes sectores de la región amazónica de Loreto, tanto desde el gobierno regional como desde varias federaciones y comunidades indígenas que afirmaban estar preocupadas por el cumplimiento de las leyes ambientales por parte de otra empresa privada.

Luego de este anuncio, centenares de personas se manifestaron en la calles de Iquitos, la capital de Loreto, durante varios días.

Este hecho se enmarca dentro de la dificultad que ha tenido el gobierno de Ollanta Humala en gestionar, durante su mandato, el manejo de explotación de los recursos y los conflictos de carácter socio-ambiental provocados.

Solo en septiembre, la Defensoría del Pueblo registró 214 conflictos sociales de los que 143 eran de carácter socio ambiental, que provocaron 31 heridos y tres muertos.

Entre el diálogo y las manifestaciones

Unos días después de que el gobierno de Ollanta Humala anunciará que la empresa canadiense Pacific Stratus Energy sería la que explotaría uno de los lotes petroleros más importantes del país, el gobierno regional, el Frente Patriótico, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otras organizaciones llamaron a manifestar en las calles.

Desde varias federaciones indígenas el temor por la contaminación ambiental era también otra preocupación. "No queremos que se repitan cuarenta años de contaminación ambiental y vulneración de nuestros derechos", afirmó el Apu Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), una de las federaciones que no aceptaba la decisión del Estado.

Publicidad

Con otro dirigente, el Apu Aureliano Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), y otros representantes indígenas, fueron a Lima, para dialogar con la ministra de Energías y Minas, Rosa María Ortíz, sobre la adjudicación del lote a la empresa canadiense.

A pesar de las discusiones entre las federaciones indígenas, el gobierno regional y el Ministerio de Energía y Minas, durante varios días en Lima, ninguna desembocó en un acuerdo. A raíz de esto, el paro regional fue llamado por el Frente Patriótico de Loreto y la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (FECONAT).

Cuatro activistas mueren en Perú tras una manifestación contra la minería. Leer más aquí. 

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que llamaba al diálogo entre Loreto y el Estado exhortando "a todas las partes a persistir en el diálogo" y "un llamado a la Policía Nacional a actuar con el máximo de prudencia, a través de sus unidades de efectivos más experimentadas en la reposición del orden público, a fin de que respondan dentro del marco de la ley".

Desde el congreso peruano, varios políticos también mencionaron el posible conflicto de interés entre la empresa canadiense, Pacific Stratus Energy y Perúpetro. Esta última está actualmente, y desde julio 2015, dirigida por Rafael Zoeger, quién fue presidente de la empresa petrolera BPZ, socia de la Pacific Stratus Energy, hasta marzo 2015.

Publicidad

El silencio de Humala

El miércoles 2 de septiembre, en Lima, el congreso aprobaba el proyecto de ley que permitiría a la empresa estatal Petroperú explotar el Lote 192 (link).

El pasado 30 de septiembre el presidente peruano, Ollanta Humala, dio a conocer su posición con respecto a la decisión del Congreso a través de un comunicado en el que pedía que Petroperú entrará al lote al acabar los dos años de contrato con la Pacific Stratus Energy.

Finalmente, la Comisión de Energía y Minas aprobaba el pasado 22 de octubre por mayoría las modificaciones a la ley 30130 para que Petroperú pueda explotar el lote 192 después de los dos años.

"Nos enteramos a través de los medios de comunicación que la empresa canadiense había sido elegida", cuenta a VICE News Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes. Para las federaciones indígenas, que pedían entonces seguir con el proceso de diálogo con el Estado, la consulta previa fue un fracaso.

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, la manera en la que se ejecutó la consulta previa con las comunidades indígenas con respecto al lote 192 es un pendiente del Estado peruano.

"Históricamente son regiones que han sido desatendidas por los gobiernos anteriores y en donde no se han dado los espacios para cumplir o abordar los reclamos de las poblaciones", explica Nelly Aedo a Vice News, comisionada para el Programa de Pueblos indígenas en la Defensoría del Pueblo.

Publicidad

El polémico proyecto minero Tía María revela complejos equilibrios sociales en Perú. Leer más aquí. 

La Ley de Consulta previa en Perú en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es definida de la siguiente manera:

"Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos".

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas siempre se defendió de haber procedido a los diálogos necesarios con las diferentes comunidades.

Desde el 12 hasta el 24 de septiembre, el aeródromo de Andoas situado en el lote 192 y una parte de este mismo fueron tomados por unas 20 comunidades indígenas del Pastaza y del Corrientes que reclamaban dialogar con el ejecutivo, impidiendo las actividades.

Esto desembocó en la reunión del ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con las federaciones FECONACO y FEDIQUEP en la base militar Teniente Lopez.

Federaciones y gobierno volverán a reunirse a principios de noviembre para definir el tema pendiente de la consulta previa en cuento acabe el contrato de la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, dentro de dos años.

Publicidad

Cuarenta años de explotación petrolera sin solución

"Desde hace muchos años, las comunidades vienen haciendo un conjunto de reclamos ambientales y sociales por los derrames petroleros y la contaminación en el lote 192", cuenta Nelly Aedo.

Actualmente, la empresa Pluspetrol, a cargo de la extracción del crudo en este lote durante cuarenta años, debe más de 39 millones de soles (unos 10 millones de euros) al Estado peruano en multas por las infracciones ambientales notificadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

"En ese sentido las comunidades reclaman que se haga cumplir el Acta de Lima, firmada en marzo 2015, en el que se estipulan unos acuerdos sociales y ambientales", añade Nelly Aedo de Defensoría del Pueblo.

"Ha contaminado nuestro mercado. Al bosque lo llamamos así porque allí encontramos todo. La contaminación ha afectado las cuencas y las quebradas en las que buscábamos el agua. El impacto social ha sido fuerte, ha traído mucha enfermedad, anemia y desnutrición", relata Carlos Sandi.

Además de las multas, la empresa no está cumpliendo con la remediación ambiental, es decir con una fase en la que debe "reparar" la zona para dejarla en las mismas condiciones ambientales en las que encontró el lugar.

"Lo que queremos es que se respeten los derechos indígenas y eso debe cumplirse ya sea una empresa extranjera o nacional a cargo del lote", sentencia Carlos Sandi.

Sigue a Audrey Cordova en Twitter @audrey_cordova