Desapariciones exprés desde comisaría: más rápidas, ¿más rentables? y sin testigos

Había bajado en chanclas a comprar tabaco. En los bolsillos, sólo las monedas justas. Pero al salir del portal, le estaban esperando. Le esposaron y le metieron en un furgón policial. De Granada, a la comisaría de Barajas. Tres días después, Seringe, de 28 años, estaba en Dakar (Senegal). De España sólo se había llevado unas chanclas y apenas unos euros para llegar a casa de sus padres. Hacía un mes que había solicitado el arraigo y estaba esperando la respuesta. Esa fue la pista que les llevó hasta él. Lo primero que hizo al llegar a su país fue llamar a SOS Racismo Madrid.

Estaba aterrado. La policía estaba buscando a algunos de sus amigos y no sabía cómo avisarles. "En la comisaría me sacaron un álbum con fotos de otros senegaleses sin papeles. Querían que les delatara y les dijera dónde estaban para completar el vuelo macro a Senegal. Avisadles. No les han pillado esta vez, pero será la próxima", les pidió desesperado. La ONG también avisó a su familia. Era la primera noticia que tenían de él en Granada desde el día que desapareció.

En las pocas horas que transcurrieron desde la detención Seringe no logró localizar a su abogado, ni reunir los contratos y papeles que tenía en Granada y que había presentado para solicitar el arraigo. Según denuncia la ONG SOS Racismo, fue deportado a Senegal sin asistencia legal y con absoluta indefensión. Sus circunstancias en España acreditaban el arraigo pero no tuvo tiempo de demostrarlo.

Historias como la de Seringe, que se oculta tras un nombre falso, se repiten cada vez con más frecuencia. Son lo que la ONG Pueblos Unidos denomina "desapariciones exprés", y lo que oficialmente se denomina "expulsiones desde comisaría". En 2013 hubo más expulsiones desde comisaría que desde los Centros de Internamiento de Extranjeros, en concreto fueron 6.462 frente a las 4.726 que se realizaron desde los siete CIE.

Es la primera vez que estos datos trascienden, y fue a raíz de una pregunta parlamentaria (Página 30) del diputado de Amaiur Jon Iñárritu García respecto a un vuelo del 19 de noviembre de 2013 en el que se deportó a 32 senegaleses, nueve de ellos detenidos en las 72 horas anteriores a su expulsión. En su respuesta, el Gobierno aseguraba que "todos los detenidos fueron asistidos por letrado" y añadió que "los procedimientos se llevaron a cabo con todas las garantías legales, asistencia jurídica, intérprete y con la resolución de los recursos interpuestos".

Según Ángel Campos, de Pueblos Unidos, el cambio de tendencia tiene que ver con que "es más rápido y se puede eludir el control judicial más fácilmente". También puede suponer un ahorro ya que mantener a un interno en un CIE costaba más de 700 euros en 2011, y debido a la presión social y las denuncias de los atropellos que se cometían en los CIE, con este sistema también se evitan testigos.

"La policía perfecciona sus mecanismos para ganar en eficacia. Así hacen desaparecer de nuestra sociedad y nuestras ciudades a personas extranjeras que en el plazo de las 72 horas que fija la ley pasan de estar haciendo su vida aquí con total normalidad, aunque con una falta administrativa, a estar en su país. Y en la mayoría de los casos en una situación de indefensión jurídica flagrante", asegura este voluntario de Pueblos Unidos, un experto financiero jubilado del BBVA.

Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Complutense, explica que el auge de este tipo de expulsiones demuestran que "la máquina de la expulsión se está engrasando de manera tenebrosa y es cada vez más eficaz". Con las organizaciones sociales fiscalizándolos, los CIES se han convertido en una realidad incómoda para el Gobierno: privan de libertad a gente con simples sanciones administrativas vulnerando los derechos humanos y con condiciones de internamiento muy duras. De hecho de los internos que cada año pasan por los CIE sólo la mitad son expulsados finalmente gracias a la intervención en muchos casos de las organizaciones sociales. "Con las expulsiones de comisaría, sin testigos, y sin posibilidad de que el prisionero se defienda con apenas unas horas de margen, probablemente se expulse a la mayoría de detenidos independientemente de si se está haciendo de forma justa o no" añade esta catedrática.

"Al margen de su legalidad o no, se trata de prácticas inhumanas. Porque hablamos gente que desaparece de la noche a la mañana por estar en una situación irregular, equivalente legalmente a una multa de tráfico para un español. Lo que no alcanzo a comprender es el afán por hacer el mal, y por destrozar la vida de una persona que estaba establecida en España", apunta Martínez Escamilla.

Desde SOS Racismo Madrid se muestran alertados por la impunidad que puede haber si se dieran irregularidades en estos procesos. "No podemos acceder a las comisarías, así que no sabemos si se están realizando las expulsiones con las garantías legales necesarias. Las pocas noticias que tenemos son las que nos cuentan los deportados una vez que llegan a sus países, y muchas veces no dan señales de vida porque cuando llegan su máxima prioridad es volver. O, a veces, mendigar para poder llegar a su casa que a veces está a miles de kilómetros de donde les deja el vuelo", explican desde SOS Racismo Madrid.

Y eso siempre y cuando el vuelo les lleve a su país de origen. A Baba, por ejemplo, estuvieron a punto de deportarle a Senegal cuando su país era Guinea Conakry, a más de 1.500 km de su casa. Una deportación que lograron parar desde SOS Racismo tras lograr la intervención del Defensor del Pueblo in extremis.

Se buscan senegaleses para vuelo macro

Además, varias organizaciones han denunciado que los días previos a los vuelos macro (los fletados exclusivamente para deportar inmigrantes en situación irregular se realizan redadas racistas en busca de determinadas nacionalidades.

"Para rentabilizar el vuelo les buscan en sus lugares de reunión, sus asociaciones, locutorios o restaurantes de sus países, pero a algunos incluso les van a buscar a sus casas, o les tienden trampas llamando desde comisaría informando de que el papel que estaban esperando ya se ha tramitado. Y cuando llegan, los detienen", explica Campos. Una vez detenidos los trasladan a comisaría donde disponen de 72 horas para demostrar su arraigo o hacer sus alegaciones. Si no lo logran, son expulsados en vuelos fletados por el Ministerio de Interior o por Frontex, Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. Unos vuelos cuestionados legalmente ya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos especifica en su protocolo 4, artículo 4: "Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros".

Primera semana de diciembre de 2014. Lavapiés -barrio madrileño que reúne a gran parte de los inmigrantes africanos de la capital-. Varios policías de paisano han tomado el barrio. Las canchas de baloncesto del Casino de la Reina, la plaza del restaurante el Baobah, locutorios, bares… No hay un sitio de reunión de senegaleses que no hayan peinado haciendo identificaciones. Las Brigadas Ciudadanas de Observación de los Derechos Humanos contra las redadas racistas habían alertado a las asociaciones de que hay previsto un vuelo macro a Senegal. La operación policial se salda con decenas de detenidos que son deportados en el vuelo del día 10 de diciembre a Dakar.

Es casi imposible documentar la relación directa entre lo que denominan las Brigadas de Observación de los Derechos Humanos "redadas racistas" y las deportaciones exprés para completar vuelos macro. Pero las alertas de redadas emitidas a través del Twitter @BrigadasDDHH pueden dar una pista. La semana previa al vuelo de Senegal del 10 de diciembre hubo al menos cuatro grandes redadas documentadas por los usuarios en Twitter: Getafe (2 de diciembre), metro Oporto (3 de diciembre), Embajadores (5 de diciembre) y Cuatro Caminos (5 de diciembre).

En algunos casos las expulsiones se tramitan en virtud de una orden de hace años. "En esos años puede haber nuevas circunstancias que harían que esa orden de expulsión se revocase: te puedes haber casado, haber tenido hijos que se podrían quedar en desamparo, o tener una enfermedad grave que requiera de tratamiento… Hay inmigrantes en estas circunstancias que si tuvieran acceso a un abogado él podría ejercer su derecho de defensa y solicitar que se revocase la expulsión. Pero a muchos los detienen en fin de semana o sin margen para localizar a sus abogados, son deportados sin posibilidad de defensa alguna", denuncia Campos.

Margarita Martínez Escamilla señala también que estas desapariciones exprés no siempre están vinculadas a vuelos macro. "Recuerdo la expulsión de Raúl Olmedo, un chaval hondureño, de 19 años, cuya familia vivía en Madrid, al que fueron a buscar a la salida del instituto. Tenía cita 11 días después para regularizar su situación. En menos de 40 horas le habían expulsado a un país con el que no tenía apenas ningún vínculo. Para eso echan mano de bases de datos, de información que la gente ofrece para tramitar sus papeles, y van a buscar a la gente a sus casas, a sus centros de estudio… Con una premeditación brutal y un coste brutal porque tienen que comprar billetes de avión en vuelos comerciales (para el expulsado y dos policías), tener en regla la autorización de la expulsión… y eso no se hace en dos días", concluye la catedrática.

Cuando aún no se ha resuelto el agujero negro que suponen los CIE, se abre un nuevo frente para los defensores de los derechos humanos. "Es un atropello legal. Un escándalo porque se saltan a la torera todo el articulado que la ley contempla respecto a los derechos de los inmigrantes", asegura el activista de Pueblos Unidos. Mientras tanto, Seringe ya prepara su retorno.

Sigue a Beatriz Lucas en Twitter: @beitalucas