Dos meses después de las elecciones en Burundi los asesinatos y la violencia continúan

No es un buen momento para ser una persona poderosa en Burundi. El viernes, pistoleros no identificados ataviados con indumentaria militar asesinaron a cuatro personas. Acto seguido intentaron asesinar al Jefe del Estado Mayor del Ejército en las calles de Bujumbura, la capital del país. Los asesinos mataron también al portavoz del partido de la oposición el lunes. Y, en agosto, un alto cargo oficial militar fue igualmente abatido.

La cadena de asesinatos de figuras prominentes en el país del interior del este de África se produce después de los meses de agitación previos a las elecciones celebradas en julio. Entonces, el presidente Pierre Nkurunziza fue reelegido para ejercer su tercer mandato consecutivo. La elección se produjo a pesar del criticismo de la oposición y de la comunidad internacional quienes denunciaron que la Constitución del país prohíbe gobernar a ningún líder durante más de dos legislaturas. Antes de que estallara la violencia, muchas habían alzado sus voces para preguntarse qué sucedería con Burundi.

"La preocupación ante el riesgo de que las atrocidades escalen masivamente es todavía alta. Especialmente después de la comisión de asesinatos políticos, que no hacen sino agravar la situación", expresó a VICE News el pasado mes de agosto el investigador Evan Cinq-Mars, que trabaja como analista en el Centro Global para la Protección de Responsabilidades. "Situaciones como esta son las que pueden desencadenar una espiral de acontecimientos que tarde muy poco en escapar a nuestro control".

El objetivo del tiroteo registrado el viernes era el general Prime Niyongabo. Sin embargo, la víctima sobrevivió al ataque y se ha podido reincorporar a su trabajo. Aún así, los disparos se cobraron las vidas de tres soldados y de un civil. Fuentes militares anunciaron durante una rueda de prensa celebrada horas después que dos de los asaltantes fueron también abatidos mortalmente.

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El portavoz del partido de la oposición, Patrice Gahungu fue asesinado cerca de su casa en Bujumbura, el pasado lunes. Idéntica suerte corrió el pasado 2 de agosto el general Adolphe Nshimirimana, el consejero más cercano al presidente y asesor en seguridad. El activista pro derechos humanos Pierre-Clave Mbonimpa resultó herido un día después por pistoleros que no han sido identificados.

Amnistía Internacional ya se mostró "profundamente perturbada" en su día por el intento de asesinato de Mbonimpa. El asalto resultó ser solo un capítulo más de la escalada de violencia política que sacudió al país en las vísperas de sus elecciones veraniegas. Anteriormente, en abril, los manifestantes salieron en masa a las calles para protestar por el plan ilegal de su presidente, Nkurunziza, de concurrir a las elecciones por tercera vez consecutiva.

La Constitución de Burundi está ampliamente basada en los acuerdos de Arusha, un tratado de paz suscrito a principios de 2000, mientras la guerra civil que había asolado al país durante diez años, tocaba a su fin. Tanto la Constitución como el tratado de Arusha dispusieron que, en adelante, los candidatos presidenciales solo podrían ocupar sus cargos durante dos mandatos. Sin embargo, los defensores de Nkurunziza adujeron que el líder sí podía volver a presentarse porque su primer mandato, que arrancó en 2005, fue obtenido por designación parlamentaria y no tras unas elecciones generales. El Tribunal Constitucional del país falló a favor de esta última tesis y posibilitó que el líder se presentara de nuevo.

Sin embargo, la campaña de reelección desató los enfrentamientos en las calles del país entre los partidarios y los detractores de Nkurunziza. La policía, en su gran mayoría leal al presidente, cargó con violencia contra los manifestantes. Al menos 70 personas murieron en los enfrentamientos y más de 100.000 vecinos huyeron rumbo Ruanda, Tanzania, la república democrática del Congo y otros estados vecinos.

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Los líderes extranjeros intervinieron para urgir a Nkurunziza a que no se presentara y las elecciones fueron retrasadas. Sin embargo, el presidente hizo caso omiso. Finalmente los votantes acudieron a las urnas el pasado 21 de julio y el presidente aseguró haber conquistado de nuevo la victoria con un 69 por ciento de los votos. Algunos expertos como Cinq-Mars ya subrayaron en su día que las semanas y los meses posteriores a las elecciones serían un momento decisivo para calibrar la estabilidad del país y monitorizar las probables represalias a las que se enfrentaba la oposición. Las informaciones que denuncian la represión contra los detractores ya han empezado a circular.

Desde que arrancaron las protestas en abril, se han disparado las torturas y los abusos de las fuerzas policiales y de los servicios de inteligencia de Burundi. Muchos individuos, detenidos durante las manifestaciones, se han enfrentado a tales abusos, según relata un informe publicado por Amnistía Internacional. El informe está basado en los testimonios de muchas de las víctimas. En uno de los casos que ha trascendido los agentes habrían golpeado a un detenido con barras de hierro, le habrían atado un contenedor de arena en los testículos y obligado a sentarse en ácido de batería.

Los servicios de inteligencia de Burundi ya habían sido denunciados con anterioridad por el empleo de torturas y de otras tácticas de represión. Según afirma Sarah Jackson, vicepresidenta regional de Amnistía en el este de África, en el Cuerno y en la zona de los Grandes Lagos, existen antecedentes de idénticas prácticas, durante las elecciones de 2010. A pesar del contexto histórico y de su conocimiento, Jackson indicó que la situación está empeorando.

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"Esta vez [las tácticas] para obtener confesiones han sido devastadoras y siniestras", explicó Jackson, quien informó que los detenidos estuvieron desprovistos de su derecho a asistencia legal. En algunos casos, de hecho, se les retuvo sin cargos. "Es muy preocupante observar cómo se ha asentado la misma tendencia cuatro años después y que alcance su momento culminante justo durante el momento de las elecciones".

Jackson hizo un llamamiento al gobierno del país para que sean investigadas las denuncias por tortura y para que se suspenda a los funcionarios responsables. Solo así podrá hablarse de un antes y un después en el modo en que las fuerzas de seguridad de Burundi están tratando a la gente. La administración Nkurunziza sigue sin tomar ninguna medida al respecto.

"[El gobierno] tiene ahora la oportunidad de llevar a cabo esas investigaciones y cambiar la manera en que las fuerzas de seguridad tratan a sus ciudadanos", expresó Jackson. Estamos en un momento decisivo, en el que el gobierno podría comprometerse a asumir una investigación a gran escala".

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