El drama de los 'pluridesahuciados' en España

Son los sin número porque las estadísticas preservan su identidad, pero tienen nombre y cada vez son más. Irene Sánchez y Mary Elisabeth Puebla ponen cara al drama de los pluridesahuciados, aquellos que, debido a los estragos de una crisis mal gestionada y un mercado laboral malherido y precario, se han convertido en refugiados dentro de su propio país, condenados al nomadismo y a la perpetua incertidumbre de no saber cuanto tiempo van a poder vivir bajo el mismo techo.

Las dos han perdido su vivienda en más de una ocasión, un drama habitual en España, donde cada día se registra una media de 186 casos de desahucios de inmuebles, de acuerdo con los datos de 2014. Ambas luchan por encontrar trabajo y sacar adelante los tres niños, en el caso de Irene, y las dos niñas y el niño que está en camino, en el caso de Mary Elisabeth. No cuentan con la ayuda económica de sus ex parejas y sus allegados, las entidades vecinales y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son los únicos destellos de luz al final de un túnel demasiado largo y tortuoso por recorrer sin la verdadera salvaguarda de la administración.

Desde que Mary Elisabeth, de 34 años, perdió su vivienda en Viladecans debido al incremento del importe de su hipoteca, que pasó de los 850 euros mensuales a los 1.250, la peregrinación se ha convertido en su forma de vida. Ella y sus dos hijas han cambiado cuatro veces de vivienda, optando por alquileres cada vez más económicos, hasta verse obligadas a okupar un apartamento en Ciutat Meridiana, el barrio barcelonés tristemente conocido como 'ciudad desahucio'. Las ayudas que recibe de la administración son testimoniales y pese a su obstinación por salir adelante, no consigue levantar cabeza.

Un viaje hacia la miseria que empezó cuando esta joven de origen ecuatoriano decidió comprar un apartamento en Viladecans "para dejar algo a mis hijas" y la inmobiliaria le aconsejó acercarse a las oficinas de la antigua CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo). Allí y para cumplimentar los formalismos y poder aprobar un crédito hipotecario, que no contaba con las garantías financieras necesarias, le pidieron que incluyera a su entonces pareja y padre de las niñas como garante. "Ya ves, él ni tan siquiera trabajaba, sólo lo hicieron para tener la ficha bien rellenita", explica.

Pero la caída se aceleró cuando ante la desesperación por saldar las deudas, Mary Elisabeth decidió hacerse cargo de un negocio de alimentación que no requería de ninguna inversión previa pero que apenas daba para pagar el alquiler del propio local. Hoy debe 5.000 euros del alquiler de la tienda, más de 2.000 en concepto de gastos de luz y 6.000 por alquileres impagados. Su hijo nacerá antes de otoño, no encuentra trabajo y su única esperanza es que cuando el niño llegue al mundo no la expulsen de su último refugio.

A Irene, las cosas no le salieron mejor. En 11 años ha perdido tres viviendas: una, en el barrio barcelonés de la Marina del Port, otra en la localidad Esparreguera (Barcelona) que se compró mediante la arriesgada y otrora recomendada formula de las hipotecas puente en la Unión de Créditos Inmobiliarios, financiera del Banco Santander, y la tercera vivienda fue la de su madre, donde ella y sus tres hijos se instalaron tras perderlo todo y que sirvió cómo aval a las deudas que contrajo Irene con la esperanza de recuperar la solvencia. Después de cuatro tentativas de desalojo, también los echaron de allí. Todo se había esfumado.

Sin embargo, gracias a la intervención de la PAH, que se encerró junto a ella y algunos conocidos en la sede del distrito de Sants-Montjuïc para reclamar el realojo de toda la familia, vive con sus hijos y su madre en una vivienda alquilada a un particular y financiada, principalmente, por el Ayuntamiento de Barcelona. Antes de este episodio, la alternativa que le ofrecía la administración municipal, conocedora del caso, era alojarse en una habitación de una pensión del centro de Barcelona durante tres días. Después, el abismo.

Hoy su situación no es mucho mejor y el futuro sigue siendo tremendamente incierto. Lo ha perdido todo, sigue adeudando más de 200.000 euros y desde que, en 2009, cerraron el almacén de distribución de H&M en Barcelona donde trabajaba, no ha podido encontrar empleo.

El desgaste por tantos años de lucha se llevó por delante su matrimonio y la angustia no le da tregua. "El contrato de la vivienda donde vivimos ahora tiene una duración de tres años pero está sujeto a una revisión anual y no sé si me van a renovar en octubre". En el caso de Irene, la solución pasa, según Marta Salgot, miembro de la comisión de la vivienda de la PAH Barcelona, por el alquiler social.

Pero el contexto no es muy alentador. El parque de vivienda social en España no llega ni a un 2 por ciento, una cifra que alcanza una media del 18 por ciento en países del entorno europeo. Y ello pese a que existen casi 3,5 millones de viviendas vacías, buena parte de ellas de ellas propiedad de los bancos, de acuerdo con las cifras procedentes de fuentes oficiales y recogidas por el observatorio DESC, plataforma dedicada a la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Los mismos bancos, recuerda Salgot, "a los que rescatamos con dinero público".

Este contexto se agrava con las estadísticas publicadas ayer por el Instituto Nacional de Estadística español (INE) sobre índices de pobreza. Según los datos, el número de familias en riesgo de pobreza ha crecido casi un 2 por ciento entre 2012 y 2013 hasta llegar superar el 22 por ciento de la población española. Una de cada cinco familias españolas viven en la pobreza. La peor parte se la llevan los menores de 16 años: el 30 por ciento de estos menores está en riesgo de pobreza.

En Catalunya, la comunidad autónoma con más ejecuciones hipotecarias y desahucios de España, la PAH logró reunir las firmas necesarias para que el Parlamento regional admitiera a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que recoge el derecho de las personas que han perdido su vivienda y están en situación de vulnerabilidad a acceder a un alquiler social como una de sus principales demandas. Un drama que, puntualiza Salgot, cada vez se concentra más en los casos de desahucio por alquiler, pues es la opción mayoritaria de aquellos que ya perdieron su casa. De hecho, más del 50% de los desahucios de inmuebles se deben al impago del arrendamiento, según se extrae de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2014.

Historias como los de Irene y Mary Elisabeth, asegura Luis Barriga, presidente de la asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales y profesional del sector, son la radiografía de la mutación y la cronificación de un drama. La desventura de aquellos que pierden su vivienda de propiedad en los lanzamientos hipotecarios y tras un realojo temporal, las deudas y la falta de ingresos los vuelven a dejar en la calle. Los pluridesahuciados, sentencia, cada vez son más.

"Los que pueden, suelen ir a casa de algún familiar" explica Barriga. Así lo hizo Irene, pero su empeño por devolver el dinero y recuperar la solvencia, la convirtió en víctima de una estafa y el asunto acabó con la pérdida de la vivienda de su madre. Otros, como Mary Elisabeth, precisa este trabajador social, optan por un apartamento de alquiler pero "su situación económica sigue siendo la misma y, si antes no podían pagar una hipoteca de 650 euros, por poner un ejemplo, ahora no pueden hacer frente a un alquiler de 550".

Barriga asevera que si la administración no da una respuesta adecuada y garantiza los derechos básicos de los ciudadanos como el acceso a una vivienda digna y a una buena alimentación, "si permite que este colectivo vaya dando tumbos de un lugar para otro, tendremos una masa de población desarraigada y sin perspectivas, el problema será mucho mayor y la reinserción aún más complicada y costosa".

El problema, añade, es que no hay políticas para abordar de manera integral esta problemática social. La mayor parte de las ayudas a las que puede acceder este colectivo, asegura, dependen de las comunidades autónomas pero son parches, que suelen llegar tarde y que condicionan el acceso al cumplimiento de unos requisitos que sólo permiten que unos pocos se beneficien. "Parecen diseñadas para desincentivar a aquellos que más las necesitan", refuerza Salgot.

Mary Elisabeth lo confirma: "yo nunca he podido acceder a la ayuda que te permite pagar parte de la factura del alquiler, primero porque mi vivienda costaba más de 600 euros y, luego, cuando me arruiné porque no tenía ingresos".

Catalunya cuenta, principalmente, con cuatro tipos de ayudas dependientes del gobierno autonómico y que se utilizan para paliar esta problemática. La renta de reinserción que asciende a poco más de 400 euros y tiene una duración limitada, las ayudas al pago del alquiler o a la cuota hipotecaria con requisitos que incluyen, por ejemplo, demostrar que se tiene capacidad financiera para hacer frente al resto del pago y justificar que los recibos impagados de la vivienda se adeudan por circunstancias imprevisibles y, finalmente, aquellas cuyo cometido es evitar el corte de los suministros de energía asociados a la vivienda.

Pero ante este difícil escenario, la renovación política que marcaron las elecciones del pasado domingo, con victorias como la de la ex portavoz de la PAH, Ada Colau, en el Ayuntamiento de Barcelona, imprimen aires de esperanza al futuro de los afectados. Colau se ha comprometido ha impulsar un plan de choque para paralizar los desahucios. Quizás sea el momento en que los sin número empiecen a contar. Pero antes habrá que demostrarlo. "Sed más vigilantes que nunca", aseguró la futura alcaldesa de Barcelona a sus ex compañeros de la PAH. Tomamos nota.

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