Duras críticas al ministro de Justicia español por sugerir sancionar a los medios que publiquen sumarios secretos

La polémica en torno a la libertad de información en España saltó el miércoles cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se mostró partidario de abrir el debate sobre la necesidad de sancionar a los medios de comunicación que revelen sumarios judiciales.

Catalá planteó dicha propuesta durante un acto en Barcelona en el que un abogado le preguntó sobre la vulneración de la presunción de inocencia en los juicios paralelos.

El ministro de Justicia sugirió la posibilidad de "sancionar con firmeza" a los medios que filtren información que sea objeto de investigaciones judiciales y defendió que sería "un buen debate trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información".

Al concluir el acto y en declaraciones a la prensa, Catalá aclaró que no defiende la idea de penalizar a los medios de comunicación por publicar el contenido de sumarios secretos, aunque considera que es necesaria una reflexión para encontrar un equilibrio razonable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad y la presunción de inocencia de las personas investigadas en causas penales.

Tras el revuelo armado, el ministro de Justicia aseguró el jueves que el Gobierno no tiene "ninguna propuesta en torno a la sanción de medios de comunicación" y que se refería al debate que está teniendo lugar en el Parlamento Europeo, donde se está debatiendo una directiva "sobre presunción de inocencia".

Reacciones y críticas

Las palabras del ministro desataron las críticas de las asociaciones de periodistas en España, partidos de la oposición e incluso en el seno del propio Partido Popular.

"La propuesta del ministro Catalá atenta contra la libertad de expresión y supone cruzar una línea roja que los periodistas no podemos tolerar", declaró a VICE News Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Desde la FAPE defienden que los límites de la libertad de información los marca la Constitución y que ya existe el Código Penal para buscar responsabilidades cuando sea preciso.

"Los periodistas debemos actuar con un grado muy alto de responsabilidad, por eso confirmamos, buscamos fuentes, investigamos, somos vehículo del derecho del ciudadano a recibir información veraz y libre", destacó Elsa González.

Para la presidenta de la FAPE, "la responsabilidad de desvelar los secretos judiciales reside en los funcionarios públicos. Nosotros investigamos y contrastamos la información que contiene cada dossier y simplemente lo que hacemos es difundirla".

González señaló que "sin el papel de los medios de comunicación, muchas tramas de corrupción como el caso Pujol, el asunto de los ERE o la Gürtel hubieran tardado muchísimo más en conocerse".

La candidata del Partido Popular (PP) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, salió al paso de las declaraciones de su compañero de partido y aseguró en Telecinco que no está "de acuerdo en absoluto y defiende la libertad de los medios a informar porque es su obligación y un derecho constitucional"

El portavoz de Justicia de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno español de pretender "matar al mensajero" para tratar de tapar los casos de corrupción.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, acusó al ejecutivo del PP de pretender "amordazar" a los medios de comunicación que informan sobre los casos de corrupción que hay en sus filas".

En declaraciones a VICE News, Marc Vidal, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cataluña, afirmó que "bajo ningún concepto alguien puede sancionar un medio de comunicación por poder hacer una filtración porque va contra el espíritu de la libertad de información de la ciudadanía y su derecho a saber y conocer".

Para Marc Vidal, "estas palabras son un nuevo ataque a la profesión periodística, en un país donde el gobierno realiza ruedas de prensa donde no se admiten preguntas y existen anomalías como los bloque electorales".

En relación a las filtraciones, el vicedecano de los periodistas catalanes, aseguró que "intentar regular este aspecto es tratar de ponerle puertas al campo porque la filtración es una técnica que garantiza el anonimato y poco a poco irá ganando más peso. Después de la filtración llega el trabajo del periodista de contrastar y aportar una garantía de autenticidad, objetividad e imparcialidad".

La polémica suscitada por el ministro de Justicia español, llega dos meses antes que la 'Ley de Seguridad Ciudadana', conocida en como "Ley Mordaza", entre en vigor el próximo julio.

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