El nuevo presidente de Filipinas prometió derramar sangre, y lo está haciendo

El viernes, Rodrigo Duterte cumplió un mes en el cargo como nuevo presidente de Filipinas, y sus promesas de acabar con los traficantes de droga y de expandir por todo el territorio nacional los brutales escuadrones de la muerte contra esta lacra, una brutal política que le funcionó como alcalde, ya son una realidad.

"Si asumo la presidencia, puedo garantizar que no va a haber una limpieza sin derramamiento de sangre", prometió durante la campaña.

Y esa promesa, que podría confundirse con la retórica propia de las campañas electorales, ha resultado ser literal.

En los 30 días que lleva en el cargo, unos 35 presuntos delincuentes han sido abatidos diariamente en las calles de las ciudades Filipinas, ya sea a manos de la policía o por los autoproclamados vigilantes. La misma cifra de muertos en un sólo día bajo su gobierno iguala a la registrada en los cinco primeros meses del año, previos a su mandato.

"Quien mate a un traficante será condecorado", había expresado Duterte al asumir el poder.

De acuerdo con un recuento de las muertes publicado por The Philippine Daily Inquirer, uno de los principales periódicos locales, desde que Duterte tomó posesión del cargo, al menos 420 personas han sido asesinadas por ser sospechosas de traficar con droga. De ellas, al menos 122 fueron disparadas por sicarios no identificados; los demás, por la policía. Una cifra altísima en comparación con las 39 personas abatidas entre el 1 de enero de 2016 y 8 de mayo, un día antes de que Duterte ganara las elecciones presidenciales.

La lista se redactó a partir de los informes de distintos corresponsales e investigadores de Filipinas. Por eso, no registra con rigor la cifra total. "La lista real de asesinatos es mucho, mucho mayor", advierte Sara Pacia, una periodista que ayudó a realizar el recuento.

Uno de los asesinados fue Redentor Manalang, quien murió de un disparo en la cabeza el pasado domingo en una tranquila calle residencial en Pasay, un barrio en el sur de Manila. Su cuerpo se desplomó sobre el respaldo de su triciclo de pasajeros. Un cartel de cartón manchado de sangre colgaba del vehículo con una advertencia en tagalo: "Drug pusher ako. Huwag ako tularan": Soy un vendedor de drogas. No me emulen.

Más tarde esa misma noche en Pasay, en la acera de una calle principal, Jennelyn Olaires lloraba mientras acunaba el cuerpo de su pareja, Michael Siaron. Su sangre empapaba la ropa y le dejaba marcas secas en su piel. Siaron, también un conductor de bicitaxi, murió igualmente mediante un disparo en la cabeza, y de nuevo por asaltantes no identificados que dejaron otra señal al lado de su cadáver con el mismo mensaje.

Siaron había empezado a consumir drogas hacía un año, contó Olaires. Pero ella insiste en que él no vendía. "Compramos la cena con los 80 pesos [1,70 dólares aproximadamente] que ganó ese día. Él acababa de salir esa noche para tratar de hacer algo de dinero para el desayuno", describe. "Si era un traficante de drogas, ¿por qué habríamos estado viviendo en una chabola junto al río?".

"La persona que hizo esto es tan cruel", se lamentó su hermana. "Mataron a quien nos mantenía".

Tanto Siaron como Manalang estaban desarmados, y eran consumidores de bajo nivel, simplemente dos personas atrapadas en el aumento de consumo del shabu, la metanfetamina que ya es plaga en el país de casi 100 millones de habitantes.

El aumento de las ejecuciones extrajudiciales no se detendrá, opina José Manuel Diokno, un abogado que lidera el Grupo de Asistencia Legal Gratuita. "Los pobres están sintiendo todo el peso de estas ejecuciones. Y no son ellos quienes controlan el tráfico de drogas".

La Policía Nacional de Filipinas ha informado que se opone a las ejecuciones extrajudiciales, y de acuerdo con el superintendente superior Dionardo Carlos, un portavoz de la fuerza, clasificarán a cada una de estas muertes como asesinato.

Sin embargo, el sistema de justicia es notoriamente ineficaz en Filipinas. Un estudio reciente señala que el país registra el mayor nivel de impunidad penal del mundo, por delante de lugares como México, Rusia o Colombia. Hombres armados en motocicletas siguen disparando a la gente en público sin temor alguno a ser descubiertos. Y la policía actúa con displicencia en relación a los homicidios.

"Es cierto que existe un aumento [de homicidios]", expresó Carlos, "pero al final del día ¿vemos a esto como algo que está fuera de control, o simplemente son las consecuencias de liberar a la sociedad de las drogas?".

De acuerdo con algunas estadísticas de la policía, Carlos tendría razón. Durante el período comprendido entre julio de 2015 y julio de 2016, Manila ha experimentado una reducción del 38 por ciento de la criminalidad vinculada a las drogas. Pero los números delatan también que, aunque los delitos relacionados con las drogas están disminuyendo, ha habido un aumento del 57 por ciento en los homicidios premeditados, y un asombroso aumento del 125 por ciento en el total de asesinatos registrados.

Miles de traficantes de drogas y consumidores se están rindiendo ante la policía con la esperanza de evitar la muerte a manos de vigilantes armados hasta los dientes y liberados por el gobierno.

Después de todo, fue el propio presidente quien dio licencia a la gente para hacer justicia por su propia cuenta. "No dude, llame a la policía, o hazlo tú mismo si tienes una pistola, tienes mi apoyo", dijo Duterte en la televisión nacional el mes pasado.

Este mismo domingo, en otra avenida tranquila en Pasay, el cuerpo de Ryan Alfred Esquivel yacía en la acera, un chorro de sangre corría por la pendiente hacia el centro de la carretera. Otro cartel, de cartulina en este caso, lo etiquetaba como traficante de drogas. Al menos siete personas murieron a manos de los vigilantes esa noche.

"Estamos cansando de embalsamar muertos, hay tantos", se quejaba Alejandro Ormanita, el embalsamador que estaba recogiendo el cadáver de Esquivel. "Pero es que nos estamos poniendo al día con este problema, estamos haciendo esto para el presidente".

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