El ex presidente del gobierno español Felipe González impulsa la presión internacional contra Venezuela

La decisión del ex presidente del gobierno español Felipe González de defender a los principales líderes opositores venezolanos por considerarlos "presos políticos", funcionó como disparador de un frente de presión internacional que utilizó la VII Cumbre de las Américas como altavoz para reclamar abiertamente un cambio político en Venezuela.

La cita de Panamá era el escenario elegido por Barack Obama para materializar el histórico acercamiento con La Habana, un movimiento diplomático que vino acompañado de un endurecimiento de la posición hacia Caracas.

Sin embargo, las sanciones impuestas por Washington de manera unilateral a funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos y la orden ejecutiva del 9 de marzo que describe a Venezuela como una "amenaza de seguridad nacional" recibieron un rechazo generalizado a nivel regional.

Ante un choque garantizado, en la víspera del encuentro Obama bajó el tono afirmando que no piensa que "Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza para el gobierno de Venezuela".

En respuesta, durante la Cumbre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le tendió la mano a Obama asegurando que estaba "dispuesto a hablar" con él, pero "desde el respeto y la sinceridad", por lo que condicionó el diálogo a que retirara el decreto.

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Ecuador, Rafael Correa, lo apoyaron con una crítica al "intervencionismo" estadounidense.

La emblemática cumbre del deshielo respecto a Cuba culminó sin declaración consensuada en gran medida por el respaldo regional a Caracas.

A pesar de ello, la imagen de una Venezuela bajo presión internacional se vio intensificada por la publicación de un documento firmado por 25 ex mandatarios, en su mayoría de la derecha latinoamericana, en el que se denuncia "la alteración constitucional y democrática" que sufre el país sudamericano.

La llamada Declaración de Panamá asegura que "la única posibilidad de restablecimiento de la democracia" en Venezuela pasa por que puedan desarrollarse "elecciones libres y justas".

Los signatarios no se limitan a pedir la liberación de los "presos políticos" y denunciar "violaciones a los derechos humanos", sino que abogan por la implementación de "un amplio y complejo plan de ajuste macroeconómico".

Uno de los principales impulsores del texto fue el ex Jefe del gobierno español José María Aznar [1996-2004], quien destacó la existencia de un amplio acuerdo para "defender la libertad" ante "el silencio y la inacción cómplices" de la "situación insostenible que vive Venezuela".

El reclamo internacional también lleva la firma de Felipe González. El ex jefe del gobierno español socialista [1982-1996] fue precisamente un revulsivo para los antichavistas al anunciar semanas atrás que defendería a los opositores venezolanos presos Antonio Ledezma y Leopoldo López, ambos acusados de ser responsables de la deriva violenta que tuvieron las protestas del año pasado contra el gobierno de Maduro y que dejaron más de 40 muertos.

"En Venezuela hay presos por ser políticos, por ser representantes democráticos" y "quiero contribuir a su liberación", repitió Felipe González en las entrevistas que hizo tras su anuncio.

Ledezma era el alcalde de Caracas hasta que fue detenido por el servicio de inteligencia venezolano (SEBIN) el pasado 15 de febrero, mientras Leopoldo López, ex alcalde de Chacao, lleva más de un año en prisión tras ser arrestado en febrero de 2014 acusado de alentar desórdenes, entre otros cargos.

Los antichavistas celebraron la decisión de González como un paso definitivo para la "internacionalización" la "crisis venezolana", mientras Maduro acusó al ex mandatario español de apoyar un golpe en su contra y de ser un lobbista.

Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, le advirtió a González que no puede ejercer como abogado en Venezuela.

"Pero la intervención de Felipe González no pasa por si asume o no de forma directa la defensa de los opositores. Lo importante es que llama la atención sobre la situación de los presos políticos de Venezuela y pone este tema en la agenda de la socialdemocracia europea", dice a VICE News Carlos Malamud, investigador para América Latina del Real Instituto Elcano.

Según este experto, el dirigente socialista abre una brecha para "movilizar a los políticos latinoamericanos que se mantienen en silencio". A su lado ya se encuentra el ex mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso.

El hecho de que Felipe González sea una figura clave de la izquierda europea tiene especial importancia, porque le "disputa al chavismo su carácter progresista", destaca Malamud.

Asimismo, recuerda que Felipe González "pudo visitar a los presos políticos de la dictadura pinochetista en los años 70, y ahora Maduro se verá obligado a confrontar esta situación ante los ojos del mundo".

En cambio, el intelectual mexicano Fernando Buen Abad, especialista en Comunicación y en la "Revolución Bolivariana", cree que Felipe González se equivocó, porque "al defender a la derecha venezolana —personas que están siendo procesadas por delitos muy serios para la democracia—, se pone en contra de un pueblo que defiende tener justicia contra las oligarquías saqueadoras".

En declaraciones a VICE News, Buen Abad subraya que en Venezuela "no existe una crisis política" sino lo que llama "plan Cóndor mediático", una "ofensiva internacional orquestada por Estados Unidos y los intereses extranjeros y mediáticos como el grupo Prisa, CNN, Televisa de México, que están intentado desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región".

Por su parte, Amnistía Internacional publicó un informe el pasado 24 de marzo en el que denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" ocurridas en Venezuela durante las protestas opositoras de 2014 que dejaron 42 muertos y 878 personas heridas, además de denunciar detenciones arbitrarias de opositores.

Un informe revela graves abusos de derechos humanos  en las protestas contra el gobierno venezolano. Leer más aquí.

La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, explica a VICE News que las fuerzas de seguridad venezolanas "hicieron uso excesivo de las fuerza, torturaron e infringieron malos tratos a manifestantes y transeúntes", y reconoció que también "hubo gente que murió y fue herida en las barricadas —conocidas como 'guarimbas' en Venezuela y convocadas por los grupos de la derecha opositora.

No obstante, remarcó que "a más de un año de las manifestaciones no se ha condenado a todos los responsables ni se ha resarcido a los familiares de las víctimas, ni se han liberado a los detenidos de forma arbitraria", como López y Ledezma.

"Esto demuestra una clara falta de voluntad política del Estado venezolano para garantizar la verdad, justicia y reparación y asegurar que esta violaciones no vuelvan a repetirse", concluye la experta de Amnistía Internacional.

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