La asamblea de El Salvador rechaza la extradición a España de los asesinos del 'Caso Ellacuría'

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Casi 27 años después de los atroces asesinatos de seis jesuitas a manos de un grupo de soldados del ejército de El Salvador, miembros del batallón Atlacacal, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, las autoridades del país centroamericano continúan oponiéndose a la posibilidad de que los autores del sangriento episodio cumplan una condena firme.

Para ello y dado que los dos únicos penados por este caso, el coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente Yussi Mendoza, fueron amnistiados en 1993 — justo 15 meses después de que empezará su pena de reclusión por los hechos en El Salvador —, la justicia española emitió a principios de año una orden de extradición contra Benavides y los otros 15 militares involucrados por delitos de asesinato terrorista y lesa humanidad. En respuesta a esta petición, la policía y agentes de Interpol consiguieron apresar a Benavides, Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.

Con esta orden, una medida que ya se tomó por primera vez en 2011, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pretende conseguir que los responsables del conocido como "caso Ellacuría" sean juzgados en España. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador rechazó, entonces, la extradición.

Si atendemos a estos precedentes es probable que los asesinatos del español nacionalizado salvadoreño Ignacio Ellacuría, además de los también sacerdotes Ignacio Martín, Segundo Montes, Arnando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López, y de la empleada Elba Julia y su hija, Celia, de 16 años de edad sigan impunes.

Así y aunque los cuatro militares fueron detenidos un mes después de la petición de Velasco, la Asamblea de El Salvador se ha manifestado recientemente contra la extradición esgrimiendo la vigencia de la Ley de Amnistía, aprobada en marzo de 1993, en pro del proceso de reconciliación nacional. La cámara salvadoreña se pronunció el pasado 15 de junio sobre la cuestión rechazando la petición de traslado de los arrestados a España y abogando por la liberación de los cuatro implicados en la masacre que siguen detenidos.

Además, en su comunicado oficial, la asamblea recuerda que la extradición ya fue rechazada en mayo de 2012 porque "existe una imposibilidad jurídica para llevarla a cabo dado que, en la época en la que se produjeron los asesinatos, el artículo 28 de la Constitución "prohibía la extradición de nacionales a cualquier país". La cámara legislativa defiende, en sintonía con lo establecido por la Corte Suprema, que "se han agotado los plazos procesales sin que se haya llegado a una resolución en firme sobre la captura de los militares".

Existe otro militar involucrado, el excoronel y exviceministro de defensa, Inocente Montano, que se encuentra detenido en EEUU y a la espera de que se resuelva la petición de extradición a España que pesa sobre él. Una juez estadounidense dio luz verde a su traslado a España pero la decisión fue recurrida y si situación aún no se ha resuelto de manera definitiva.

"En esta causa, defiendo que los hechos ya no son juzgables, sin entrar en las cuestiones de fondo sobre la culpabilidad o inocencia de mis clientes", afirma en una entrevista con VICE News Antonio Alberca, el abogado español de los 16 militares acusados en la causa que instruye la Audiencia Nacional. El letrado añade que en "El Salvador hubo una transición, una ley de amnistía. Además, esos hechos ya prescribieron y, por aquel entonces, en España [donde Velasco reclama la comparecencia de los acusados] no existían los delitos de lesa humanidad".

El pronunciamiento exhorta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador a resolver "a la brevedad" la solicitud de extradición, no sin antes hacer un alegato a favor del "respeto al Estado de Derecho y al sistema de leyes e instituciones ordenado entorno a nuestra Constitución [en referencia a la carta magna]" y de la "soberanía" del país centroamericano.

"Ahora, la Corte Suprema debe pronunciarse pero la última palabra la tiene el gobierno", asegura Alberca. De acuerdo con el letrado de la defensa, si se deniega su extradición, los cuatro arrestados serían puestos en libertad de inmediato.

Este proceso empezó en noviembre de 2008 con la interposición de una querella por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, y a otros representantes del gabinete ejecutivo como el citado excoronel y exviceministro de defensa, Inocente Orlando.

VICE News ha intentado, de momento, sin éxito, contactar con el abogado de APDHE para conocer los argumentos jurídicos con los que cuenta la acusación para hacer frente al parapeto legal del que gozan los 17 miembros del ejército salvadoreño.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el padre Ellacuría, que era rector de la UCA, junto con otras cinco personas — cuatro de ellas también oriundas de España —, fue asesinado debido a su apuesta por el diálogo para acabar con el conflicto armado que en 1989 azotaba el país. Los militares que lo dispararon apoyaban la guerra contra el Frente Farabundo Martí de Liberación (FMLN).

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