Una empresa minera canadiense es acusada del asesinato de un activista mexicano

Familiares del defensor de derechos humanos mexicano, Mariano Abarca, junto con organizaciones civiles, denuncian a la compañía minera canadiense Blackfire, de haber estado involucrada en la muerte del activista.

En un comunicado aseguran que Abarca fue asesinado frente a su casa en Chicomuselo, al sur del estado de Chiapas, el 27 de noviembre de 2009, y afirman que muchos de los sospechosos están relacionados con la compañía canadiense.

A Mariano Abarca le dispararon a quemarropa por la espalda, frente a su casa, unos días después de haber interpuesto una denuncia en contra de dos personas vinculadas con Blackfire.

Entre las organizaciones que han apoyado a la familia Abarca se encuentra la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la asociación chiapaneca Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la organización MiningWatch Canadá.

Abarca era miembro de REMA, y criticaba fuertemente a la compañía minera por los daños que habían ocasionado en su pueblo al extraer barita, un mineral utilizado principalmente como recubrimiento de máquinas en la excavación de pozos profundos en la industria petrolera.

El activista de 50 años de edad había denunciado ante las autoridades el hostigamiento y las amenazas de muerte que había recibido por parte de Blackfire, sin embargo sus familiares aseguran que las autoridades nunca hicieron nada al respecto.

Unos meses antes de su asesinato, Artemio Ávila Cervera, director general de Blackfire, había acusado al activista de asociación ilícita, crimen organizado y ataques a las vías de comunicación.

Los familiares y organizaciones civiles aseguran que lo único que hizo Abarca fue participar en una protesta pacífica frente a la mina que se encontraba en su pueblo entre junio y agosto de 2009. Días después Abarca fue arrestado para ser liberado ocho días después, libre de cargos.

Ahora, siete años y siete meses después de la muerte del activista, REMA, junto con las organizaciones civiles y familiares, aseguran que el gobierno mexicano no ha llevado a cabo una investigación plena de lo sucedido.

En la publicación, aseguran que de los diferentes sospechosos, varios están relacionados con la minera Blackfire Exploration. Dicen que aunque algunos sí fueron detenidos, todos fueron liberados. Al día de hoy nadie se encuentra condenado.

Actualmente la investigación sigue abierta, aunque no ha dado resultados. Es por esto que la familia Abarca decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esperando que así puedan encontrar justicia por la muerte de Mariano.

La esposa de Abarca, junto con sus cuatro hijos, presentaron la petición en contra del Estado mexicano ante la CIDH por las violaciones a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales.

Los familiares y organizaciones civiles también aseguran que la embajada de Canadá en México interfirió en el caso, influenciando al gobierno mexicano para que se mantuviera al margen, por lo que no proporcionó protección para el activista.

Abarca había ido a la embajada de para denunciar los riesgos que representaba mantener a la compañía minera en su pueblo, tanto para las personas que vivían ahí como para el medio ambiente.

Dentro de la petición presentada ante CIDH, también se incluye esta queja, denunciando a la embajada canadiense de haber ignorado las pruebas que les presentaron, al igual que la influencia que tuvieron ante el gobierno mexicano.

Dentro de la publicación presentada por los familiares del activista, ellos aseguran que Canadá es el inversionista extranjero más importante en el sector minero mexicano, ya que alrededor del 70 por ciento de las empresas que operan en México provienen de este país.

También denuncian que de acuerdo a un estudio elaborado por un grupo de abogados canadienses, entre el año 2000 y el 2015 se registraron al menos 44 muertos y 400 heridos relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países latinoamericanos.

Las organizaciones civiles que apoyan el caso de Abarca, aseguran que este caso ilustra los problemas generados en México por la impunidad y la preferencia que el gobierno le ha dado a los intereses de los inversionistas privados, sin importarles que afecten a cientos de comunidades.

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