El equipo independiente que investigó el caso Ayotzinapa, también fue espiado: NYT

El caso de espionaje por parte del gobierno mexicano a activistas y periodistas ha escalado un peldaño más. Este lunes una investigación del diario estadounidense The New York Times, reveló que un grupo de expertos internacionales que indagó en los detalles del 'caso Ayotzinapa' también fue vigilado a través de sus teléfonos celulares.

El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), trabajó durante uno año y tres meses en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre la noche del 26, y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

A petición de los familiares —quienes querían a especialistas no vinculados con el gobierno en la investigación, debido a la falta de credibilidad en las instituciones mexicanas— el GIEI estuvo en el país desde marzo de 2015, y trabajó en un peritaje multidisciplinario e integral, cuyos resultados dieron una estocada mortal a la llamada "verdad histórica" (versión oficial) sobre un caso que recorrió el mundo.

Ahora, se sabe según informó The New York Times, que "de acuerdo a un análisis independiente, el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares".

Ese aparato celular del secretario ejecutivo del grupo, agrega la investigación periodística, fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México.

El GIEI estaba conformado por 26 expertos de varias nacionalidades y el espionaje de que fueron víctimas "forma parte de lo que los investigadores califican como una campaña de acoso e interferencia que, acusan, obstaculizó sus indagatorias sobre el caso Ayotzinapa".

Según la versión oficial, los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, al sur de México, tras enfrentamientos con la policía, fueron presuntamente incinerados por grupos del narcotráfico en una pira gigante en el llamado basurero de Cocula.

El dictamen del GIEI de 351 páginas sobre su análisis del basurero, fue contundente: las evidencias científicas recolectadas y los peritajes hechos en ese lugar no respaldan la hipótesis de que ahí se hayan incinerado los restos de los 43 estudiantes, como lo aseguró en su momento, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Cabe recordar que los investigadores del GIEI, fueron nombrados por la CIDH. Ellos aseguran que durante su trabajo en México recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, "de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono".

La tecnología Pegasus que el gobierno mexicano compró a una empresa de ciberseguridad israelí, es un software especializado en la lucha contra el terrorismo; pero en lugar de usarlo contra criminales, se habría dirigido ilegalmente contra [periodistas y activistas](El gobierno de México usa software antiterrorista para espiar a periodistas) de derechos humanos que han incomodado al poder político, según trascendió el pasado 19 de junio.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha negado ser responsable del espionaje, aunque ha prometido una investigación a fondo por parte de la Procuraduría General de la República, con apoyo del FBI y a las Naciones Unidas. No obstante hasta la fecha no se sabe nada de esa investigación.

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