España vendió armas a países en conflicto y que violan los derechos humanos en 2014 según varias ONG

España exportó armamento durante el primer semestre de 2014 a países en conflicto o donde podrían estar violándose los derechos humanos y cometiéndose "atrocidades", según el informe ¿Secretos que matan?, de las ONG Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace y FundiPau.

Arabia Saudí es el principal foco de sospecha. Convertido en el segundo importador de España, según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comercio española adquirió armamento de empresas españolas por valor de 240 millones de euros.

Bahréin, con 38,3 millones de euros, Egipto, Colombia, Venezuela, Ucrania, Pakistán o Israel son los otros 'nombres calientes' del informe, que señala que "el Gobierno español autorizó exportaciones de armas por un valor de más de 1.445 millones de euros" entre enero y junio de 2014.

"Hemos documentado casos de bajas civiles y recopilado evidencias de violaciones del derecho internacional humanitario desde el comienzo del bombardeo de Yemen por parte de la coalición militar liderada por Arabia Saudí", explica a VICE NEWS Rasha Abdul-Rahim, coordinadora de campañas de Control de Armas, Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional en Londres.

"Es un tema de clara voluntad política dónde se mezclan los intereses económicos estratégicos. Hay poca transparencia y aunque las cosas han mejorado en esos términos, queda mucho por hacer", denuncia Alberto Estévez, portavoz en materia de comercio de armas de Amnistía Internacional y coordinador del informe.

"Si se le han vendido bombas, misiles, torpedos y aviones a Arabia Saudí, kuwait, Jordania, Marruecos y otros miembros de la coalición, ¿qué garantías hay de que esas armas españolas no estén utilizándose allí?", se pregunta Estévez, para el que "el caso de Arabia Saudí es si cabe más grave"

"Hay informes a los que hemos tenido acceso que apuntan que Arabia Saudí habría enviado armas a la oposición en Siria", matiza Estévez. El problema es que "es un mercado muy potente". En concreto, Arabia Saudí se convirtió en 2014 en el mayor importador de material de defensa del mundo.

El investigador, que estuvo presente en las negociaciones "de siete años" que desembocaron en diciembre de 2014 en el nuevo Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, recuerda que la postura de control de organizaciones de control de armas como Amnistía Internacional ha variado con los años.

"Es evidente que dentro de Arabia Saudí no se respetan los derechos humanos y se decapita, tortura y reprime a la oposición, pero la orientación tradicional de cortar el suministro de armas es una decisión legítima que el gobierno puede tomar o no: ahí no entramos. A nosotros nos interesa saber para qué se utiliza ese material que se exporta", matiza Estévez.

Más allá de los datos concretos del último semestre, España, el séptimo productor mundial de armas, ha experimentado un salto exponencial en la materia en la última década, en paralelo a la crisis. "Va viento en popa, llama un poco la atención", explican desde Amnistía Internacional.

"El aumento es espectacular", según Estévez: "Desde los 400 millones de euros que se facturaban en 2003 y 2004 hemos pasado a 4.000 millones en 2013. Esto es un indicativo de que hay una política definida de aumentar la exportaciones".

"Los conflictos demandan, y cuantos más hay, las zonas más calientes demandan más y más armas. Luego está la necesidad de automantenerse de algunos gobiernos", cuenta a VICE NEWS Tica Font, directora de Instituto Catalán Internacional por la Paz y colaboradora del Centro Delàs d'Estudis per la Pau.

Pero según Font, "hay otra dimensión interna": el complejo industrial militar, "que ante la crisis económica que han sufrido tanto Estados Unidos como Europa, ha visto cómo se disminuían los presupuestos de defensa. La opción ha sido: si no puedo vender en casa, hay que vender fuera". Esto ha sucedido "en España", según Font.

"Los gobiernos occidentales como el español y su ministro de Defensa, Pedro Morenés [ex consejero y directivo de varias empresas del sector armamentístico], que saben que han tenido que recortar o renegociar contratos existentes, han puesto al servicio de las empresa y esta nueva estrategia", denuncia Font.

"Desde su llegada en 2012, Morenés ha recuperado para España las exportaciones de estado a estado", explica Estévez, que recuerda que "eso le ha valido a España para vender 250 carros de combate a Arabia Saudí, entre otras cosas".

"Cerca de medio millón de personas mueren cada año por armas de fuego: en la guerra, bajo represión del estado o asesinados por bandas criminales", recuerda la palestina Abdul-Rahim, de Amnistía Internacional.

"Y por cada una de esas muertes, consideramos que hay muchas más personas que sufren torturas, abusos, desapariciones forzadas o violaciones de los derechos humanos forzados por una pistola o un arma de fuego, recuerda Abdul-Rahim: "Es un problema masivo, como vemos en Siria, Irak, Libia o Sudán del Sur. Se necesita acción política".

En el capítulo de las exportaciones denegadas por España durante el primer semestre de 2014, se canceló la venta de cuatro aviones a Sudán del Sur, uno de los países que encabezan todas las listas internacionales de violaciones de derechos humanos.

España también denegó la venta de botes lacrimógenos y otros materiales antidisturbios para la policía de Egipto, así como cartuchos de caza a Guinea Bissau, aunque habría "seguido vendiendo este tipo de material a Ucrania", según Estévez, junto con armas de tiro deportivo, tras la suspensión temporal de primavera de 2014.

Venezuela, que mantiene un conflicto diplomático con el gobierno español a raíz de la presunta represión de opositores políticos por parte del presidente Maduro, también vio cómo se suspendían sus contratos con fabricantes españoles de material antidisturbios y cartuchos de caza.

Las cancelaciones solo supusieron un 0,1 por ciento de todas las ventas de material de defensa en el primer semestre, y un 1,2 por ciento en lo relativo a material de caza, tiro y deportivo. "El de Venezuela es un caso claro de cómo la política interfiere en estos asuntos", que son "voluntad de los gobiernos", insiste Estévez.

España fue pionera al firmar la Regla de Oro del nuevo Tratado Internacional de Comercio de Armas, que prohíbe a los estados firmantes vender armas a países que cometan atrocidades. "La primer reunión de celebra este verano, y los estados miembros tendrán la obligación de intercambiar sus memorias de exportaciones", relata Estévez.

"El que no cumpla en ese examen", prosigue, "tendrá una reprimenda pública con el consiguiente bochorno internacional".

Estévez reclama "más transparencia al gobierno español", que "funciona como árbitro" pero "no detalla lo suficiente" las exportaciones de armas, y "además presenta tarde los datos, con la consecuente imposibilidad real de control".

En lo relativo a la ley de 2007 vigente en España, si existen "indicios racionales de violación" de derechos humanos la exportación en cuestión debe ser "denegada", pero según Estévez "debería haber más control".

En la actualidad es una comisión interministerial, adscrita al Ministerio de Economía español, la que se encarga de verificar si el destino de este tipo de exportaciones es admisible y conforme a la ley, pero según expertos como Estévez "debería trabajarse en la dirección del modelo sueco".

"En Suecia", explica Estévez, "existe una oficina de control de exportaciones estratégicas que consulta determinadas operaciones de riesgo con una comisión parlamentaria donde están todos los partidos". Eso sí, "el gobierno consulta sin obligación", concluye.