España matiza su postura respecto a las cuotas de refugiados — sus excusas cuestionadas

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se mostró el martes más flexible y abrió la puerta a la posibilidad de acoger más refugiados de los que estaba dispuesto a asumir después de las amenazantes declaraciones de Angela Merkel, la presidenta de Alemania, quien aseguró que si todos los países de la UE no absorben la cuota de inmigrantes fijada por la Comisión Europea, "muchos volverán a cuestionarse Schengen [el acuerdo de libre circulación en la UE]. Y eso es algo que no deseamos".

La voluntad de aproximar posiciones con Merkel, que el presidente español expresó tras la reunión con su homóloga alemana, puso en cuarentena la postura defendida inicialmente por el ejecutivo de Rajoy según la cual España no está en disposición de asumir más refugiados. Así lo había defendido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, en una entrevista en la emisora de radio española Cadena SER realizada el viernes pasado, en la que ratificó el rechazo del gobierno español a las cuotas de refugiados propuestas por la Unión Europea (UE).

El gobierno del conservador Partido Popular (PP) sólo se había mostrado dispuesto a acoger a menos de la mitad de las 6.849 personas que Bruselas exigía que España absorbiera, una decisión que había anunciado su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz el pasado 20 de julio. En total, España estaba dispuesta acoger a 2.749 entre refugiados y reasentados.

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Según la Comisión Europea, la reubicación es un mecanismo de respuesta de emergencia para liberar de presión migratoria a Grecia y a Italia acogiendo parte de la intensa afluencia de personas venidas de Siria y Eritrea estos últimos años. La UE ha previsto que los estados miembros reciban 6.000 euros por cada persona que acojan en este régimen.

Por otro lado, el reasentamiento es una recomendación de Bruselas que pide que se dé acogida a 20.000 personas de terceros países que solicitan asilo desde fuera de la UE, con el estatus de refugiado aceptado y con arreglo a los criterios de identificación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En este contexto y pese a la voluntad expresada por Rajoy de llegar a un consenso, las palabras del presidente del gobierno fueron inconcretas. Rajoy manifestó su disposición "a volver a hablar del tema" y aseguró que su postura puede "modificarse", aunque con condiciones para la Comisión Europea: pedirle a Grecia e Italia que hagan centros de acogida e implementar una política europea comuna de asilo y de inmigración.

Condiciones que parecen desmontar el discurso en el que se amparó inicialmente el gobierno español para negarse a ofrecer una mayor flexibilidad en este asunto.

Uno de los subterfugios que, entonces, utilizó el ejecutivo español fue equiparar a los refugiados con los inmigrantes irregulares. "Es una absoluta irresponsabilidad. En primer lugar, porque con los refugiados se tiene un compromiso internacional mediante la convención de Ginebra y el convenio de Nueva York que obligan a acoger aquellos inmigrantes que huyen de países en conflicto", declara a VICE News Estrella Galán, secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

"Tratar de mezclar estos conceptos evidencia que España quiere eludir su responsabilidad con los refugiados. Hay que dejar claro que un inmigrante es una persona que sale por su propia voluntad y que los refugiados se ven obligados a elegir entre un ataúd y una maleta", sigue contundente Galán, quien recuerda que la ruta migratoria del Oeste, que es la que pasa por España, representa un 3 por ciento del grueso de los inmigrantes irregulares frente al 60 por ciento de la ruta central de Italia y Grecia.

Una realidad que contradice el argumento del ejecutivo de Rajoy según el cual España, por su especial condición de país europeo fronterizo con África y, como consecuencia, "saturado" por la llegada de inmigrantes irregulares, no podía cumplir con los cupos establecidos por la Comisión Europea. Sin embargo, países como Italia y Grecia, que aceptaron desde el principio estos cupos, han recibido 190.000 y 181.488 inmigrantes irregulares desde enero y hasta finales de agosto de este año, respectivamente, entre ocho y nueve veces más que España, según cifras facilitadas por Acnur. Además, de acuerdo con las cifras del INE, la población residente en España disminuyó en 72.335 personas durante 2014 y mientras el número de españoles aumentó en 156.872 personas, el de extranjeros disminuyó en 229.207.

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"España es el único estado con frontera exterior con África vía Ceuta y Melilla [enclaves españoles en el Norte de África] y el gobierno soporta la presión política de tratar de evitar que [los migrantes] se introduzcan en la zona interna del sistema; pero la inmensa mayoría de las personas que intentan llegar a un país frontera exterior no quieren quedarse", constata a VICE News Félix Vacas, profesor titular de derecho internacional público y relaciones internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid.

Más allá de las cifras, Vacas considera que "por encima de todo esto están los derechos humanos, las obligaciones jurídicas de Estrasburgo [emplazamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)]".

En ese sentido, el académico recuerda que el TEDH pidió explicaciones a España por la devolución en caliente en la valla de Melilla de dos personas que habrían visto vulnerado su derecho a recurrir la expulsión que sufrieron el agosto del año pasado. El Convenio Europeo de Derechos Humanos lo prohíbe.

Los denunciantes eran naturales de Malí y Costa de Marfil, dos países cuyos ciudadanos cumplen con los requisitos para ser considerados refugiados. En este caso, la práctica de la llamada "devolución en caliente" no permitió constatar si estas personas tenían ese estatuto. Una quincena de juristas redactaron un demoledor informe en el que las tildaba de "radicalmente ilegales".

Mira este documental de VICE News, Europa o muere: cruzando la valla de Melilla (Episodio 1)

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