FYI.

This story is over 5 years old.

ESPAÑA

España vulnera los derechos humanos en materia de vivienda

Amnistía Internacional tilda en un informe de “insuficientes” las medidas del gobierno español para garantizar el acceso a la vivienda mientras otros informes constatan la relación entre desahucios y trastornos emocionales.
Imagen por Andrea Comas/Reuters

Suspenso de España en garantizar el acceso a la vivienda de sus ciudadanos. Amnistía Internacional cree que las medidas del gobierno "son insuficientes" para que este país "cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

La ONG ha presentado en Madrid, este mediodía, el informe "Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España". Según este documento, las políticas del gobierno en esta materia no son suficientes, pues no garantizan "una evaluación independiente de la proporcionalidad del desalojo de la vivienda habitual, no respetan la igualdad entre las partes en el proceso judicial y no han sido aprobadas en consulta con las personas afectadas y las organizaciones de la sociedad civil".

Publicidad

En declaraciones a VICE News, Koldo Casla, autor del informe, explica que "el gobierno de España no ha consultado, para la mayor parte de las medidas, a las organizaciones sociales del tercer sector". Una situación que el mismo ministerio de Fomento y el de Economía y Competitividad españoles corroborarían, según el mismo Casla.

El colectivo pro derechos humanos considera que la aprobación de políticas de austeridad por el gobierno español en un momento de crisis económica han implicado "un retroceso deliberado e injustificado en el cumplimiento de su obligación respecto al derecho a la vivienda". Más de medio millón de ejecuciones hipotecarias se pusieron en marcha entre 2008 y 2014, recuerda el texto remitiéndose a estadísticas judiciales.

El informe sigue enumerando las dimensiones de esta vulneración: la no adopción de medidas legislativa adecuadas que permitan impugnar ante los tribunales la conculcación de este derecho o el impulso de medidas deliberadamente regresivas e injustificadas que contravienen el derecho internacional.

El documento acaba recomendado al gobierno la implementación de mecanismos jurídicos que acaben con la indefensión que constatan y que se garantice el acceso a la vivienda. Las viviendas sociales en España representan entre el 1 i el 2 por ciento. En los Países Bajos esta cifra se eleva al 32 y en Francia al 17 por ciento. Organizaciones pro-derechos habitacionales de Europa estiman en 11 millones el número de viviendas vacías en la UE. Una confirmación oficial de esta cifra permitiría afirmar que el 30% de estas están en el Estado español.

Publicidad

El drama de los 'pluridesahuciados' en España. Leer más aquí.

Soluciones

Algunas administraciones están en ello. La irrupción de candidaturas ciudadanas de izquierdas en las dos principales ciudades españolas ha hecho que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona se pongan manos a la obra con esta cuestión.

En la capital de España, una semana después de que Ahora Madrid entrara con fuerza en el consistorio, la ya alcaldesa Manuela Carmena empezó una ronda de contactos con altos cargos de entidades bancarias para explicar su propuesta de oficina de intermediación hipotecaria. Reconociendo el poco margen del poder municipal, la proposición pasa por crear mecanismos de colaboración con la justicia que garanticen alternativas habitacionales. En paralelo, Ahora Madrid se comprometió a ampliar el parque público de viviendas.

Barcelona en Comú, el homólogo barcelonés del partido madrileño, planteó un plan de choque con medidas parecidas. Además de la intermediación con las financieras y la ampliación de la oferta de vivienda pública, el partido que gobierna la ciudad catalana llevaba en su programa la imposición de sanciones a los bancos que no cumplan con sus obligaciones, el apoyo a los trabajadores sociales, la revocación del actual protocolo de diligencias de lanzamiento y la elaboración de un "reglamento inclusivo de viviendas de emergencia".

De hecho, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona desde el pasado 13 de junio, es una reconocida activista por el derecho a la vivienda. Junto a muchos otros, Colau fundó, en 2009 y en esa ciudad, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de los movimientos sociales más influyentes de los últimos años en España.

Publicidad

Hace tan solo cuatro días, esta organización forzó un compromiso público de todos los grupos del parlamento autonómico catalán para garantizar la votación de una iniciativa legislativa popular antes de la disolución de la cámara, ante la convocatoria de elecciones a finales de septiembre. Esta iniciativa plantea la imposición de un alquiler forzoso a las entidades financieras, una ley de segunda oportunidad para las familias sobre-endeudadas, suministros básicos garantizados, que se paren los cortes de luz y agua por impago y la creación de un parque público de viviendas con los pisos vacíos en manos de los bancos.

La votación está prevista para los días 20 y 24 de julio. En declaraciones a VICE News, Carlos Macías, portavoz de la PAH, asegura que, si nada cambia, cuentan con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. También de la agrupación catalana del gobernante Partido Popular (PP), que "no cierra la puerta", según él. "En todo caso, si hubiera sorpresas iríamos a por todas para señalarles y que la ciudadanía sepa a quien vota", añade.

La ciudadanía organizada toma las alcaldías de las principales ciudades de España. Leer más aquí. 

Desahucios y salud mental

Hace una semana, el núcleo de la PAH en Cataluña, junto al Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ODESC), presentó el informe "Emergencia habitacional y derecho a la vivienda en Cataluña. Impactos en el derecho a la salud y en los derechos de los niños en la crisis hipotecaria". Dicho documento aborda la problemática de los desahucios desde una perspectiva integral constatando la relación entre esta lacra y los problemas de salud.

El texto en cuestión recuerda que, en el año 2008, la Comisión de Determinantes Sociales de Salud, parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que los daños a la salud colectiva y a la generación de desigualdades "son el producto de la combinación de estos determinantes sociales". Partiendo de esta premisa, el informe concluye que la afectación sobre los individuos también es "el resultado de la combinación de las políticas sociales y económicas que se realizan en un determinado territorio".

De todas las áreas del sistema sanitario catalán, la más afectada por las políticas de contención de gasto público ha sido la de la atención de pacientes con problemas de salud mental. Varios estudios confirman la relación entre la crisis económica y dolencias tipo depresión, ansiedad o estrés. Entre estos estudios destaca el del Observatorio de la Vulnerabilidad Social de Cataluña de la Cruz Roja: un 68 por ciento de las personas atendidas admite que su situación económica le provoca trastornos emocionales. De estas, un 20 por ciento afirma que "así no vale la pena vivir".

En este sentido, un estudio estadounidense constata la relación directa entre el aumento de suicidios y el crecimiento del nombre de desahucios y procesos de ejecución hipotecaria.

Sigue a Quique Badia en Twitter: @qbadiamasoni