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crimen y drogas

Sin antecedentes y sin recursos: así son las mulas españolas encarceladas en el extranjero

Hay 1.425 españoles que cumplen condena en el extranjero y 3 de cada 4 están entre rejas por delitos relacionados con el consumo o el tráfico de drogas. Muchos se encuentran en cárceles latinoamericanas siendo Perú el país con más reos españoles.
Prisión de La Modelo en Bogotá. (Imagen por Mauricio Dueñas Castañeda?/EPA)

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José, malagueño de 37 años, murió a finales de 2015. Su historia, recogida por Diario Sur, se extinguió en una cárcel de Perú, a un año de recuperar la libertad, debido a la tuberculosis que contrajo en la prisión de El Callao.

Este andaluz, padre de dos niños, fue detenido por transportar droga bajo las órdenes de una banda de narcos. José, no tenia recursos económicos y se embarcó en esta arriesgada empresa tras haber agotado el subsidio por desempleo.

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Su caso no es excepcional; de hecho, su perfil encaja con el de la mayor parte de los españoles que cumplen condena en el extranjero. Son 1.425 y 3 de cada 4 están entre rejas por delitos relacionados con el consumo o el tráfico de drogas.

"Barones de entre 25 y 45 años, sin antecedentes penales en España y con problemas económicos". Así describe Javier Casado, presidente de la Fundación + 34, que asesora y ayuda a los presos y a sus familiares, el perfil de estos reos, el 48 por ciento de los cuales se encuentran en presidios latinoamericanos.

Perú, con 281 encarcelados de acuerdo con las cifras facilitadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español a VICE News, es el país con el mayor número de presos españoles del mundo. Una cifra que no sorprende si tenemos en cuenta que se trata del primer productor de cocaína del planeta.

"La inmensa mayoría de estos condenados son mulas, personas que se dedican a pasar droga de Latinoamérica a España porque no tienen ni un chavo. Con la crisis, la cosa empeoró. Los captaban en la cola del paro, en servicios sociales, en albergues,…", relata Casado.

El volumen de presos españoles en países extranjeros depende, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, de parámetros como la actividad delictiva y la mayor o menor dureza del código penal de los países donde están cautivos, así como de los acuerdos firmados por España con estos gobiernos.

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En el caso de Perú, todo resulta complicado, sobre todo cuando se trata de conseguir el traslado de estos presos a cárceles españolas, algo que solo puede realizarse cuando los penados ya han cumplido parte de su condena en el país andino. Así sucede también en Colombia y Marruecos, que después de Perú son los países con mayor número de españoles, cerca de 200 en suma, entre rejas.

Siete cuerpos mutilados encontrados en la basura de una prisión guatemalteca. Leer más aquí.

Challapalca, prisión de máxima seguridad en Perú. (Imagen vía EPA)

"La legislación peruana es enrevesada y los penados contraen una deuda económica con el estado, algo que alarga el proceso para facilitar el traslado de los presos a España, una de las máximas prioridades de los penados y de sus familiares", asegura el presidente de la Fundación + 34.

Lo cierto es que en el tratado firmado entre España y Perú en 1986 a este respecto, se especifica que "el traslado del reo puede ser rechazado si este no ha cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del estado trasladante, de las multas, gastos de la justicia, reparación civil o condenas pecuniarias".

Sin dinero, los afectados no pueden abandonar el país y algunos se ven obligados a mendigar para saldar la deuda. La exoneración de las multas es un proceso largo en el que el condenado debe demostrar que no tiene recursos para asumir la deuda.

"Hay que pensar que, en muchos casos, estos reos optan por no informar a sus familiares, ni dirigirse al consulado y no suelen figurar en ningún padrón de españoles en el extranjero", aseguran fuentes de El Movimiento por la Paz (MDPL), que también lucha por defender los derechos de estos españoles.

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Además de con Perú, España tiene también convenios bilaterales con una treintena de países y, a principios de los 80, ratificó el Convenio de Estrasburgo, que establece el traslado de presos entre una cuarentena estados europeos y con algunos países de otros continentes.

Pero, a los problemas burocráticos y a los obstáculos para reducir los tiempos del proceso de repatriación de los presos, se suman las malas condiciones de las cárceles latinoamericanas, en las que muchos de estos españoles cumplen condena.

Una condiciones que están detrás de la muerte de Jesús, pero que también podrían explicar el caso del madrileño Luis Navarro Martínez. Luis, que sufría una enfermedad de riñón y no tenía acceso a una medicación y a una atención adecuada, murió el pasado mes de febrero en la misma prisión que su compatriota.

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Tanto en El Callao como en otras cárceles de Lima, las condiciones de los presos son, tal y como ha reconocido Julio Magán, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú, "una bomba de tiempo". Estas prisiones albergan 38.688 internos pese a que solo tienen capacidad para 16.216.

En un artículo publicado en El Mundo, un español que compartió cautiverio con Luis describía así el penal de El Callao: "Es la segunda cárcel más peligrosa del mundo, un lugar donde simplemente no existen los derechos humanos, sólo están las reglas del penal. Y si no las cumples, estás jodido".

La falta de acceso a las necesidades básicas como una alimentación y atención médica adecuadas constituyen una de las máximas preocupaciones de la Fundación + 34. En este sentido, Casado carga contra las diferencias que existen en función de la región de procedencia de los reos españoles dado que el gobierno español no asume los gastos derivados de estas necesidades. Así, comunidades autónomas como Castilla y León sí destinan fondos para hacer frente a estos gastos, mientras que otras como Cataluña no reservan partida alguna.

"No hay ninguna ley que obligue a los consulados a hacerse cargo de estos gastos, sólo una disposición general que, a modo de recomendación, estipula que esta ayuda puede llegar a los 120 euros mensuales por preso", lamenta Casado, quien defiende la necesidad de establecer una ley consular que reglamente el funcionamiento y las dotaciones necesarias para hacer frente al proceso de traslado de los afectados.

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