El espionaje ya es un 'deporte nacional' en México: hablamos con tres políticos afectados

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En México, la intervención telefónica es más que una herramienta para "perseguir delitos": es parte del sistema político mexicano para dañar a personas incómodas al poder.

Después de la realización de reportaje "Así es como el gobierno mexicano escucha tus conversaciones privadas", VICE News conversó con tres personajes de la vida pública en México que han sido víctimas de espionaje telefónico — una exsubsecretaria de Estado, un político con 20 años en la oposición y un defensor de derechos humanos — quienes hablan de una práctica que es propia de un "Estado totalitario", coinciden.

Los tres personajes son muy distintos entre sí, pero tienen algo en común: sus conversaciones privadas fueron filtradas a medios de comunicación o redes sociales justo en el momento en que sus actividades podrían afectar los intereses del gobierno en turno… y esa movida política les impidió o complicó cumplir su objetivo.

En 2014, ella era la única legisladora con el conocimiento y la experiencia suficiente para echar para atrás un ambicioso plan presidencial: la reforma constitucional en telecomunicaciones, que según la oposición era un "pago" a televisoras y empresas de telefonía por los favores que Enrique Peña Nieto recibió en su campaña.

Su trayectoria en el ramo era excepcional: maestría en Harvard, altos cargos en empresas del ramo como Bell Atlantic, Embratel y Grupo Iusacell, extitular de la Subsecretaría en Comunicaciones… Ese currículum le había valido a Purificación Carpinteyro ser diputada externa al Congreso por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) para dar una dura batalla: encontrar los puntos débiles del proyecto del presidente, explotarlos y corregirlos para mejorar la imagen de su partido.

Sin embargo, en los días decisivos para ese objetivo, alguien intervino su teléfono, halló una conversación comprometedora y la filtró a medios de comunicación. En horas, la posición estratégica que jugaría "Puri" — como le llaman sus amigos — contra la ley secundaria en materia de telecomunicaciones quedó reducida a la de una diputada más.

"En mi caso, estuvieron siguiéndome hasta ubicar qué conversación pudiera ser editada y utilizada para tratar de demostrar que algo que hice — que no tenía nada de ilegal — estaba supestamente fuera de la ley", cuenta Purificación, ahora retirada de la política.

En junio de aquel año, se difundió una charla privada entre ella y el empresario José Gutiérrez Becerril, exdirector de Negocios de la empresa Telefónica Movistar-México, sobre las nuevas disposiciones de ley que ella había votado a favor en lo general en el Congreso.

"Ahora sí ya nos sacamos la lotería" fue una de las frases en la charla privada que más reprodujeron los medios y el oficialismo la acusó de usar su posición como legisladora para hacer negocios que le beneficiarían a ella. "Puri" interpuso una denuncia por espionaje, negó tener un conflicto de interés, argumentó que hablaba de una idea de negocio para cuando abandonara el servicio público y pidió mantenerse dentro de la Comisión de Comunicaciones para dar la pelea que la había llevado a la Cámara Baja.

Sin embargo, su partido le dio la espalda, la justicia no halló responsable y Purificación fue forzada a renunciar a la comisión. Con su salida, la voz experta contra la legislación se apagó.

"¿Quién puede ser tan inocente como para pensar que el teléfono de alguien en la vida pública del país no está intervenido o seguido? No sólo el celular o el fijo, también el correo electrónico o las redes sociales", afirmó la exdiputada federal. "En lugar de que mi partido se pusiera en una posición combativa y me defendiera, agacharon la cabeza y probablemente me entregaron. Y esa conversación hizo que la dirigencia del partido me impidiera hablar del tema".

"Hoy, en la ley hay suficientes espacios para escuchar a quien sea. Por ejemplo, se establece que se puede intervenir las comunicaciones cualquier ciudadano con una orden de una 'autoridad competente', pero ¿quién esa 'autoridad competente'? Cualquier estúpido puede decirse así — porque la ley no es clara — y da luz verde.

"¿Qué nos debe preocupar a todos los ciudadanos? Que con leyes y sin leyes, el gobierno va a seguir interviniendo a los ciudadanos. No seamos ingenuos. Y el problema es ¿quién tiene la capacidad de divulgar esas conversaciones en el momento exacto para aniquilar a alguien? (…) Hoy, por ejemplo, saben identificar tus hábitos, costumbres, lugares que visitas, cuánto tiempo te quedas ahí, con quién estás. Eres una marca que alguien puede seguir permanentemente. Es más, hay forma de saber dónde estás sin que tu celular esté conectado a internet".

Semanas después, "Puri" perdió la batlla: la ley secundaria en materia de telecomunicaciones se promulgó con el visto bueno del presidente.

A mediados de 2015, parecía que — por fin — la suerte le sonreía a Ricardo Monreal.

Había tenido un paso turbulento por el Senado y tres años antes había fracasado como coordinador general de la campaña presidencial del candidato de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la mala racha estaba por terminar: postulado por el nuevo partido político de López Obrador, Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena), era el favorito para ganar la demarcación más importante de la Ciudad de México y, desde esa posición, construir un camino hacia la alcaldía de la capital mexicana.

La campaña para jefe de la delegación Cuauhtémoc no era sencilla para el doctor en derecho que en 1998 renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para militar en las filas de oposición: no sólo su candidatura era mal vista desde los partidos oficiales y los de derecha, sino que su principal contrincante era el también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), que había gobernado esa delegación desde hace 19 años.

Su cercanía con López Obrador lo había llevado al primer lugar en las encuestas y galopaba con paso sostenido hasta la victoria, hasta que una piedra se le cruzó en el camino: a dos semanas de la elección, alguien intervino su teléfono y exhibió un presunto amaño en sus contratos de propaganda para disimular que había rebasado el tope de gastos de campaña.

"Hay que hacer un contrato simulado", se escuchaba en la conversación privada filtrada a medios de comunicación. La supuesta orden la recibía un candidato de Morena a diputado por la Ciudad de México encargado de contratar empresas que pintaran propaganda en bardas.

Al igual que Purificación Carpinteyro, Monreal rechazó hacer algo ilegal — aseguró que un "contrato simulado" no significa "falso", sino un documento legal que deben firmar todos los nominados de su partido, pero que él rubricó a nombre del partido — y denunció a quien resultara responsable por espionaje a su línea telefónica. Hasta ahora, no hay culpables por ese delito.

"Es un asunto muy común, una actividad prácticamente permanente y quien la hace es el gobierno, específicamente el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Por supuesto, es una actividad con una gran tasa de impunidad, así que se ha vuelto como 'deporte nacional'", afirmó Monreal. "En mi vida pública — pues desde hace muchos años que soy opositor al régimen — estoy seguro que se han acumulado cajas y cajas con mis conversaciones telefónicas. Y como no tengo actividades ilegales, pues hasta me sirven para demostrar que soy un hombre limpio y que no tengo nada que esconder, así que yo hablo por teléfono sin problemas"

"Esto es ilegal, es propio de un Estado interventor que se convierte en espía y afecta a los particulares. Esto es lo peor que le puede pasar a un país democrático, porque significa que la privacidad de la gente se afecta tanto como si vivieran en un país fascista (…) Es más común de lo que se cree", agrega el político.

Semanas después, Monreal tomó protesta como jefe delegacional, pero Morena no logró ganarle al PRD la mayoría de las delegaciones.

El 13 de abril de este año, el abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en México pasó de héroe a villano en las redes sociales.

Esa mañana, una "mano invisible" publicó en Facebook y Twitter una presunta conversación privada entre Vidulfo Rosas, miembro del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan [una ONG en defensa de grupos vulnerables en Guerrero] y su esposa. En la llamada telefónica, el activista se quejaba con su pareja del comportamiento de los padres de los alumnos de Ayotzinapa en las giras por el país y les llamó "pinches indios piojosos".

El momento no podía ser peor para Vidulfo: él era uno de los líderes en una campaña de presión al gobierno mexicano para que se permitiera al Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) quedarse más tiempo en México para concluir con su investigación independiente sobre lo que sucedió en el negro episodio conocido como "la noche de Iguala".

El GIEI, parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había dado varios dolores de cabeza al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde su arribo al país el 2 de marzo de 2015 a petición de las víctimas: no sólo cuestionaba la "verdad histórica" del oficialismo, sino que vinculaba al Ejéricto mexicano y a la Policía Federal con el caso de desaparición forzada más importante del país.

Así que, en cuanto la presunta conversación fue difundida anóninamente, Vidulfo perdió el aprecio de un importante segmento de internautas y el gobierno mexicano dejó de ser el foco de atención por varios días. De poco sirvió que el activista negara la conversación, que asegurara que se trataba de un audio editado y que acusara al Estado mexicano de ser responsable: las redes sociales lo tildaron de racista, clasista y cuestionaron sus intenciones para pedir la permanencia del GIEI.

"En el caso de activistas y líderes sociales, que es mi labor, no nos dejan vivir tranquilos, tenemos que hablar en secreto, nuestra libertad de expresión está vulnerada por un delito que comete el gobierno", señaló Vidulfo. "El Estado mexicano paga millones de pesos, con dinero de impuestos, para tener tecnología y perseguir a la gente que busca un cambio. En un sistema político como el mexicano, el espionaje es una práctica que se ha intensificado desde el año 2000.

"En mi caso, lo que pasó con los padres de Ayotzinapa, me ha afectado. Tengo problemas, no graves, pero se ha tensado la relación con las comunidades indígenas de mi estado. Me interpelan, me cuestionan lo que los medios me adjudicaron erróneamente y, claro, ese es el objetivo del espionaje telefónico.

"Los líderes sociales requerimos de cierta mística, cierta reputación para hacer nuestro trabajo. Y en cuanto nos exhiben ilegalmente como seres imperfectos, el gobierno sabe que hace cumplió con una tarea sucia: socavar los liderazgos que incomodan al poder".

Semanas después, el GIEI abandonó México debido a que el gobierno no renovó la prórroga y Vidulfo se quedó sin el apoyo del grupo de expertos.

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